El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confirmó una realidad que el país arrastra desde hace varios años: el Perú ya no enfrenta únicamente una disputa electoral, sino una crisis profunda de representación. A pocos días de la segunda vuelta, el país llega a las urnas dividido, desconfiado y sin un horizonte político compartido. La discusión pública dejó de girar alrededor de proyectos nacionales y se redujo a una confrontación permanente entre rechazos. Se vota contra alguien más que a favor de una propuesta.
La polarización se ha convertido en el principal organizador de la política peruana. Fujimori centró su mensaje en el orden, la seguridad y la estabilidad económica, apelando al miedo ciudadano frente al avance de la criminalidad. Sánchez, por el contrario, construyó su narrativa sobre el abandono histórico de las regiones y el rechazo a las élites políticas tradicionales. Ambos discursos encontraron terreno fértil porque responden a frustraciones reales. El problema es que ninguno logra construir un consenso nacional capaz de sostener la gobernabilidad después de la elección.
Las encuestas difundidas en los días previos muestran una contienda ajustada y reflejan, más que una preferencia sólida, el nivel de fragmentación que atraviesa la sociedad peruana. La proyección de estos sondeos, sumada al impacto que pueda generar el debate de este domingo en los electores indecisos, mantiene abierta la posibilidad de movimientos de última hora. Sin embargo, más allá de quién aparezca con ventaja en las mediciones, el verdadero desafío será gobernar un país donde la confianza en la política continúa deteriorándose.
La raíz de esta crisis es más profunda que una contienda presidencial. Durante décadas se destruyeron los mecanismos que permitían representar intereses sociales de manera organizada. Los partidos dejaron de ser instituciones permanentes y se transformaron en vehículos electorales temporales. La militancia fue reemplazada por operadores políticos, las ideas por campañas de marketing y la organización territorial por alianzas coyunturales. El resultado es un sistema donde casi nadie representa a la ciudadanía y donde la confianza pública se ha desplomado a niveles históricos.
Ese vacío institucional fue rápidamente ocupado por intereses informales. La minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el lavado de activos comprendieron que influir en la política resulta más rentable que enfrentar al Estado. En varias regiones del país, la disputa ya no gira únicamente alrededor del poder político, sino del control de recursos, contratos y estructuras públicas. La consecuencia es una progresiva captura institucional que erosiona la autoridad legítima del Estado y debilita su capacidad para hacer cumplir la ley.
Las implicancias son cada vez más visibles. La inseguridad se expande, la inversión enfrenta mayores niveles de incertidumbre y la administración pública pierde capacidad técnica. Cada gobierno reemplaza funcionarios, paraliza políticas y reinicia procesos que nunca llegan a consolidarse. El ciudadano percibe entonces un Estado distante e ineficiente. Esa frustración alimenta la búsqueda de soluciones radicales, fortaleciendo liderazgos que prometen orden inmediato o cambios drásticos, aunque muchas veces carezcan de viabilidad real.
La elección del próximo domingo difícilmente resolverá este problema por sí sola. Quien llegue al poder heredará un país fragmentado, con instituciones debilitadas y una legitimidad social extremadamente limitada. Gobernar sin acuerdos mínimos será prácticamente imposible. La experiencia reciente demuestra que ningún presidente puede sostener estabilidad cuando el sistema político entero se encuentra desacreditado.
En ese contexto, el compromiso de los peruanos cobra una relevancia especial. Acudir a votar en esta jornada decisiva no solo constituye el cumplimiento de un deber cívico, sino también una oportunidad para expresar una voluntad colectiva orientada al futuro del país. Más allá de las diferencias políticas, millones de ciudadanos tendrán en sus manos la responsabilidad de elegir el rumbo nacional para los próximos años. La participación informada y consciente fortalece la democracia y envía una señal de que el Perú aún conserva la capacidad de construir soluciones dentro del marco institucional.
La salida exige abandonar la lógica de la confrontación permanente y asumir una agenda de reconstrucción institucional. El próximo gobierno debe impulsar reglas estrictas para fortalecer partidos reales, profesionalizar la administración pública mediante criterios meritocráticos y recuperar el control territorial frente a las economías ilegales. Paralelamente, resulta indispensable descentralizar la inversión con mecanismos de supervisión efectivos que reduzcan brechas históricas sin reproducir redes de corrupción. La defensa de la democracia peruana ya no depende únicamente de ganar elecciones. Depende de reconstruir instituciones capaces de representar, gobernar y hacer cumplir la ley. Sin esa base, la República conservará sus formas, pero seguirá vaciándose de contenido.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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