El Perú llega a la segunda vuelta presidencial inmerso en una de las etapas de mayor fragmentación política y social de las últimas décadas. Más allá de la competencia entre candidatos, la campaña ha puesto en evidencia una crisis más profunda: el debilitamiento de los consensos mínimos que sostienen la convivencia democrática. La polarización ha dejado de ser una consecuencia natural de la disputa política para convertirse en un factor que amenaza la estabilidad institucional y dificulta la construcción de soluciones a los problemas nacionales.
La discusión pública se encuentra cada vez más dominada por emociones intensas antes que por argumentos racionales. El miedo, la indignación y la desconfianza han desplazado el análisis de propuestas, capacidades de gestión y políticas de Estado. En consecuencia, amplios sectores de la ciudadanía terminan observando la realidad a través de visiones enfrentadas que presentan al adversario político como una amenaza absoluta y no como un competidor dentro de las reglas democráticas.
Esta situación no surgió de manera espontánea. Es el resultado de años de corrupción, crisis institucionales recurrentes, debilitamiento de los partidos políticos y una persistente brecha económica y social entre Lima y las regiones. Casos como Odebrecht, que involucró a expresidentes y altos funcionarios, así como la sucesión de seis presidentes entre 2016 y 2022, reflejan la profundidad de la crisis de representación y gobernabilidad. A ello se suma una desigualdad territorial persistente: según el INEI, los niveles de pobreza monetaria en varias regiones andinas y amazónicas continúan siendo significativamente más altos que en Lima Metropolitana. La incapacidad de las élites políticas para responder eficazmente a estas demandas ha erosionado la confianza en las instituciones y ha creado un terreno fértil para discursos populistas que ofrecen respuestas simples a desafíos complejos.
El fenómeno se ha intensificado con la transformación del ecosistema digital. Las redes sociales han alterado profundamente la forma en que los ciudadanos consumen información política. Los algoritmos privilegian contenidos emocionales y polarizantes porque generan mayor interacción y retención de audiencia. Como resultado, la desinformación, las campañas de manipulación y las narrativas extremas encuentran una capacidad de difusión sin precedentes. Durante procesos electorales recientes en América Latina y el mundo, organismos como la UNESCO y la Unión Europea han advertido sobre el impacto de noticias falsas y contenidos manipulados en la formación de la opinión pública. En el caso peruano, el Jurado Nacional de Elecciones y organizaciones de verificación de datos han reportado numerosas alertas relacionadas con información engañosa difundida en redes sociales durante campañas electorales, reflejando la magnitud del desafío que enfrenta la democracia.
Las consecuencias son visibles. Una sociedad atrapada en la confrontación permanente pierde capacidad para alcanzar acuerdos básicos sobre temas fundamentales. La inseguridad ciudadana, la pobreza, la informalidad económica y la precariedad de los servicios públicos requieren políticas sostenidas durante varios gobiernos. Por ejemplo, la informalidad laboral supera el 70 % de la población ocupada según cifras del INEI, mientras que amplias zonas del país continúan enfrentando limitaciones en acceso a salud, educación y servicios básicos. Sin embargo, cuando el debate se reduce a una lucha de identidades y resentimientos, cualquier posibilidad de consenso se vuelve más difícil.
Por ello, el ejercicio del voto exige hoy un esfuerzo de reflexión que trascienda la coyuntura. La memoria política constituye una herramienta esencial para evaluar a quienes aspiran a gobernar. Los ciudadanos tienen el deber de examinar trayectorias, resultados de gestión y compromisos reales con la democracia. Una elección responsable demanda distinguir entre promesas electorales y capacidades efectivas para conducir el Estado.
A pocos días de conmemorarse el Día de la Bandera, el país tiene la oportunidad de recordar que los intereses permanentes de la nación son superiores a cualquier disputa partidaria. El desafío no consiste en derrotar a un adversario político, sino en preservar las condiciones que permitan seguir conviviendo dentro de un mismo proyecto republicano.
La reconstrucción de la confianza democrática requiere fortalecer los partidos, combatir la desinformación, mejorar la educación cívica y avanzar en una descentralización efectiva que reduzca las brechas históricas del país. Pero ninguna reforma institucional será suficiente sin una ciudadanía comprometida con el ejercicio responsable de sus derechos políticos. El voto no es únicamente una expresión de preferencias individuales; es un acto de corresponsabilidad con el destino colectivo.
En ese sentido, la democracia se fortalece cuando los ciudadanos eligen informados, exigen rendición de cuentas y rechazan tanto el fanatismo como la indiferencia. El futuro del Perú dependerá menos de la promesa de un líder providencial que de la capacidad de millones de peruanos para asumir su papel como guardianes de las instituciones republicanas. Frente al abismo de la polarización y la desconfianza, la respuesta más firme sigue siendo un voto consciente, crítico y responsable: el primer paso para construir una democracia más sólida, inclusiva y capaz de enfrentar los desafíos del país.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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