El modelo del Perú actual y sus gestores

«25 años de estabilidad incompleta y Estado fallido en ejecución»

El Perú de los últimos veinticinco años no puede ser explicado únicamente como el resultado de un modelo económico. Sería una lectura incompleta, cómoda y hasta peligrosa. El Perú actual es consecuencia de un modelo económico que funcionó parcialmente, de una institucionalidad que no maduró, de una descentralización que transfirió recursos sin garantizar capacidades, de una política que perdió sentido republicano y de gestores públicos, privados y sociales que, en demasiados casos, administraron coyunturas, cuotas de poder y presupuestos, pero no construyeron país.

Durante este cuarto de siglo, el Perú logró avances innegables. Hubo estabilidad macroeconómica, crecimiento, inversión privada, reducción significativa de la pobreza, expansión de la clase media, fortalecimiento del sistema financiero, desarrollo de la agroexportación, dinamismo minero, mayor conectividad comercial y un ecosistema emprendedor admirable. Sin embargo, el gran error fue creer que la economía podía avanzar sola, mientras el Estado seguía funcionando con baja capacidad de gestión, débil integridad, fragmentación política, informalidad estructural y ausencia de una verdadera visión nacional.

El país cuidó la caja, pero descuidó la casa. Defendió la estabilidad fiscal, pero no construyó servicios públicos de calidad. Protegió la inflación, pero no protegió suficientemente al ciudadano frente a la inseguridad, la enfermedad, la informalidad, la mala educación, la extorsión, la corrupción y la incertidumbre. Se celebró el crecimiento del PBI, pero no se transformó con la misma fuerza la productividad, el empleo formal, la justicia, la infraestructura social ni la confianza pública.

Por eso, el debate de fondo no debe ser solamente si el modelo económico peruano debe continuar o cambiar. La pregunta superior es más profunda: ¿quiénes gestionaron el modelo, con qué calidad, con qué ética, con qué resultados y con qué responsabilidad frente al ciudadano? Porque un modelo, por sí solo, no gobierna. Lo ejecutan personas, instituciones, autoridades, funcionarios, tecnócratas, congresistas, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, ministros, directores, gerentes públicos, empresarios, gremios, universidades y sociedad civil.

En ese balance, la responsabilidad es transversal. El Poder Ejecutivo, durante distintos gobiernos, no logró consolidar reformas de segunda generación. Administró la macroeconomía, pero no reformó integralmente el Estado. Anunció planes, pero muchas veces no ejecutó. Cambió ministros, viceministros y equipos técnicos con una velocidad incompatible con la continuidad de las políticas públicas. En salud, educación, seguridad, infraestructura, formalización, justicia y descentralización, el Perú mostró una peligrosa brecha entre el discurso estratégico y la capacidad real de implementación.

El Congreso, por su parte, habría contribuido de manera decisiva a la degradación del sistema político. La fragmentación partidaria, el uso recurrente de la confrontación, la producción normativa de baja calidad, la defensa de intereses particulares y la ausencia de una agenda nacional de largo plazo han debilitado la gobernabilidad. En lugar de convertirse en un espacio de deliberación superior, muchas veces se convirtió en un escenario de cálculo, bloqueo y supervivencia política. Cuando el Parlamento pierde visión de Estado, el país entero pierde horizonte.

El Poder Judicial, el Ministerio Público y el sistema de justicia tampoco pueden quedar fuera del análisis. Un país donde los procesos se prolongan excesivamente, donde la predictibilidad es baja, donde la percepción de impunidad es alta y donde la justicia no llega igual para todos, no puede construir desarrollo sostenible. La inversión necesita reglas, pero el ciudadano necesita justicia. Sin justicia oportuna, independiente y confiable, no hay contrato social; hay resignación, informalidad defensiva y búsqueda de soluciones por fuera de la institucionalidad.

Los gobiernos regionales representan uno de los capítulos más críticos del modelo peruano reciente. La descentralización fue necesaria, pero su diseño e implementación habrían sido insuficientes. Se transfirieron competencias y recursos, pero no siempre se transfirieron capacidades, sistemas de control, meritocracia, asistencia técnica ni responsabilidad efectiva por resultados. Muchas regiones recibieron canon, regalías, presupuesto e inversión, pero no lograron cerrar brechas esenciales en agua, saneamiento, salud, educación, carreteras, seguridad territorial y desarrollo productivo. El drama no fue solo falta de dinero; fue falta de gestión.

Las municipalidades provinciales y distritales son el rostro más cercano del Estado frente al ciudadano. Allí se tramitan licencias, arbitrios, seguridad ciudadana, limpieza pública, comercio local, ordenamiento urbano, pistas, veredas, mercados, transporte, espacios públicos y servicios básicos. Sin embargo, muchas municipalidades funcionan con baja planificación, alta rotación de personal, sistemas obsoletos, débil transparencia, pobre recaudación, escasa fiscalización y una visión limitada del desarrollo urbano. El vecino no evalúa al Estado por sus discursos nacionales; lo evalúa por la basura que no se recoge, la pista que no se arregla, el serenazgo que no llega, el trámite que demora y la obra que se paraliza.

En ese sentido, el fracaso del Perú no es únicamente presidencial. Es un fracaso multinivel. Falló el centro cuando diseñó políticas sin territorio. Fallaron las regiones cuando recibieron recursos sin convertirlos en bienestar. Fallaron muchas municipalidades cuando confundieron gestión pública con administración de obras pequeñas o clientelas locales. Fallaron organismos de control cuando llegaron tarde o no lograron prevenir. Fallaron partidos cuando no formaron cuadros. Falló parte de la academia cuando diagnosticó sin incidir. Falló parte del empresariado cuando defendió estabilidad sin exigir suficiente calidad institucional. Y falló la ciudadanía cuando, por cansancio o desconfianza, normalizó autoridades improvisadas, promesas imposibles o liderazgos sin preparación.

La informalidad es la prueba más clara de esa falla estructural. No es solo un problema laboral o tributario; es una forma paralela de organización social. El ciudadano informal no necesariamente rechaza la legalidad; muchas veces huye de un Estado caro, lento, desconfiable, sancionador, burocrático y poco útil. El pequeño empresario que no se formaliza, el trabajador que no accede a seguridad social, el comerciante que opera sin licencia o el transportista que sobrevive en el caos no son solo síntomas económicos; son síntomas de un Estado que no supo construir una ruta simple, justa y atractiva hacia la formalidad.

La corrupción y la inconducta funcional agravan esta fractura. Cuando el ciudadano observa obras abandonadas, hospitales inconclusos, colegios deficientes, compras cuestionadas, licitaciones opacas y funcionarios investigados, la confianza se erosiona. Y cuando la confianza se rompe, el pago de impuestos se percibe como castigo, la ley como obstáculo y la autoridad como amenaza. El daño de la corrupción no es solo presupuestal; es moral, institucional y cultural. Destruye la idea de que el esfuerzo honesto vale la pena.

En los últimos 25 años, el Perú también mostró una debilidad severa en planificación estratégica. Cada gestión quiso empezar de nuevo. Cada autoridad quiso poner su sello. Cada gobierno rediseñó prioridades. Se confundió política pública con anuncio, reforma con decreto, modernización con compra tecnológica y descentralización con reparto presupuestal. Pero un país no se transforma con inauguraciones, sino con instituciones que aprenden, sistemas que continúan, funcionarios que permanecen por mérito, datos confiables, evaluación de impacto y rendición de cuentas.

El problema central del Perú es que tiene islas de excelencia en un océano de precariedad institucional. Hay buenos técnicos, buenos funcionarios, buenos alcaldes, buenos jueces, buenos fiscales, buenos maestros, buenos médicos, buenos policías, buenos empresarios y buenos ciudadanos. Pero el sistema no está diseñado para que los mejores escalen y permanezcan. Muchas veces asciende quien tiene padrino, no quien tiene mérito; quien controla redes, no quien genera valor; quien ofrece favores, no quien entrega resultados.

Por eso, la reforma pendiente no es solo económica. Es una reforma de gestión del poder. El Perú necesita reconstruir la calidad de sus gestores en todos los niveles. Necesita ministros con visión y equipos estables; congresistas con preparación y responsabilidad; jueces independientes y eficientes; fiscales protegidos frente a presiones; gobernadores regionales con capacidades técnicas; alcaldes con gerencia urbana; funcionarios seleccionados por mérito; organismos de control preventivos y modernos; empresas públicas con gobierno corporativo; y ciudadanía activa que fiscalice, proponga y exija.

La nueva agenda nacional debería organizarse alrededor de siete grandes ejes: seguridad y control territorial; reforma política y electoral; justicia independiente y rápida; descentralización con capacidades y resultados; formalización productiva; educación para productividad e innovación; y transformación digital integral del Estado. Todo ello con indicadores públicos, metas por región, rankings de desempeño, sanciones efectivas, incentivos correctos y transparencia radical.

El Perú no necesita más discursos refundacionales vacíos. Necesita una refundación de la gestión pública. No se trata de destruir lo avanzado, sino de completar lo que el modelo dejó inconcluso. La estabilidad macroeconómica debe mantenerse, pero debe convertirse en bienestar tangible. La inversión privada debe protegerse, pero debe vincularse a productividad, empleo formal, sostenibilidad y desarrollo territorial. La descentralización debe continuar, pero con responsabilidad, meritocracia y control. El Estado debe crecer donde falta presencia, pero reducirse donde solo produce trabas, corrupción o burocracia inútil.

Después de 25 años, el balance es claro: el Perú no fracasó por falta de potencial; fracasó por mala ejecución institucional. No fracasó por falta de recursos; fracasó por baja capacidad para convertir recursos en servicios. No fracasó por falta de talento; fracasó porque no construyó un sistema que premie el talento público. No fracasó por exceso de mercado ni por exceso de Estado; fracasó por tener mercado dinámico con Estado débil, política fragmentada y gestores insuficientemente preparados para la magnitud del desafío histórico.

El Perú aún puede corregir el rumbo. Tiene minería, agroindustria, turismo, biodiversidad, cultura, emprendimiento, juventud, ubicación estratégica, sistema financiero, capacidad técnica y resiliencia social. Pero necesita una nueva generación de gestores públicos y privados que entiendan que gobernar no es ocupar cargos, sino producir resultados; que administrar presupuesto no es ejecutar gasto, sino cerrar brechas; que legislar no es multiplicar normas, sino crear orden; que descentralizar no es repartir poder, sino acercar soluciones; y que liderar no es prometer esperanza, sino construirla con evidencia, integridad y disciplina.

La gran tarea nacional no es elegir entre continuidad o ruptura. Es elegir entre improvisación o gestión. Entre captura o institucionalidad. Entre informalidad perpetua o ciudadanía económica. Entre obras sin impacto o desarrollo territorial. Entre poder como privilegio o poder como servicio.

El Perú ya demostró que puede crecer. Ahora debe demostrar que puede gobernarse. Ese será el verdadero examen de los próximos años: transformar un modelo económico incompleto en un modelo nacional de desarrollo; convertir estabilidad en bienestar; descentralización en resultados; política en servicio; presupuesto en calidad de vida; y Estado en confianza. Solo entonces el Perú dejará de ser una promesa repetida y empezará a ser una nación ejecutada con visión, ética y excelencia.

César Augusto Novoa Chávez
CEO de Noza Investment Company SAC Perú, con 25 años de experiencia en servicios financieros, retail y consultoría. Con trayectoria como Gerente de Negocios en Derrama Magisterial, Gerente de Créditos en Banco Azteca y Jefe de Créditos en Banco del Trabajo y Caja Piura. Docente de posgrado, columnista y experto en transformación digital y gestión de riesgos. Economista con MBA (ESAN), especializado en Finanzas, Riesgos (ESAN, Tec de Monterrey) e Innovación (ESADE).