El Perú vuelve a enfrentar una coyuntura política marcada por la polarización, pero el verdadero problema del país no comenzó con la última elección ni terminará cuando se proclame a un ganador. Detrás de la confrontación política existe una realidad mucho más profunda: décadas de centralismo, una descentralización incompleta, debilidad institucional y una persistente incapacidad para transformar los recursos públicos en bienestar para la población. Esa combinación ha alimentado el desencanto ciudadano y ha abierto espacios para discursos antisistema que encuentran eco en regiones donde las necesidades básicas siguen sin ser atendidas.
La derrota militar del terrorismo fue uno de los mayores logros de la República en las últimas décadas. Sin embargo, la victoria en el campo militar no estuvo acompañada por una estrategia política y social capaz de integrar plenamente al Perú profundo al desarrollo nacional. Se recuperó el control territorial, pero no se cerraron las brechas económicas, educativas y sociales que durante años alimentaron el resentimiento, la exclusión y la desconfianza hacia el Estado. Como suele ocurrir en contextos de frustración colectiva, a río revuelto, ganancia de pescadores.
La descentralización impulsada a comienzos del siglo XXI buscó corregir ese problema histórico. La intención fue correcta: acercar el Estado a los ciudadanos y permitir que las regiones gestionaran directamente sus prioridades. Sin embargo, la ejecución estuvo lejos de los objetivos planteados. Se transfirieron competencias y recursos sin desarrollar simultáneamente capacidades de gestión, mecanismos eficaces de control y sistemas sólidos de rendición de cuentas. El resultado fue una estructura administrativa que en muchos casos reprodujo a escala regional los mismos vicios que se pretendían combatir.
La gran paradoja peruana es que algunas de las regiones más ricas en recursos naturales continúan exhibiendo indicadores de desarrollo incompatibles con los ingresos que han recibido durante décadas. Miles de millones de soles provenientes del canon minero fueron transferidos a gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, amplias zonas de Cajamarca, Áncash, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua o Huancavelica continúan enfrentando graves deficiencias en infraestructura, salud, educación y servicios básicos. El problema no ha sido únicamente la disponibilidad de recursos, sino la incapacidad para convertirlos en obras de calidad y oportunidades para la población.
Los datos son reveladores. De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas y del Observatorio Propuestas del Bicentenario, durante 2025 la ejecución de los recursos provenientes del canon y regalías mineras continuó mostrando niveles insuficientes en diversas regiones, pese a las cuantiosas transferencias realizadas por el Estado. La consecuencia es evidente: dinero existe, pero los resultados no llegan con la misma velocidad ni eficacia a los ciudadanos.
A ello se suma otro fenómeno preocupante. Diversos gobernadores regionales y alcaldes de distintas tendencias ideológicas terminaron investigados, procesados o condenados por corrupción. El problema trasciende la discusión entre izquierda y derecha. La corrupción no tiene color político. Lo que existe es una debilidad estructural de las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos públicos. Según reportes recientes de la Defensoría del Pueblo, miles de casos de presuntas irregularidades administrativas, civiles y penales continúan involucrando a gobiernos regionales y locales, evidenciando que la descentralización requiere mejores controles y mayor profesionalización de la gestión pública.
Sin embargo, tampoco sería correcto atribuir todos los problemas al centralismo limeño. Durante años, numerosas autoridades regionales utilizaron ese argumento para justificar deficiencias propias. Mientras culpaban a Lima, los indicadores de ejecución presupuestal, calidad del gasto y resultados sociales continuaban siendo insuficientes. En muchos casos, la población terminó aceptando explicaciones simplistas sobre problemas cuya raíz estaba en la ineficiencia, la improvisación o la corrupción de sus propias autoridades.
La evidencia demuestra que el país necesita abrir un debate serio sobre una segunda generación de reformas descentralizadoras. La regionalización diseñada hace más de veinte años no ha producido los resultados esperados. Muchas regiones carecen de escala económica suficiente, presentan limitada capacidad técnica y enfrentan dificultades para planificar proyectos de gran impacto. El Perú necesita discutir una nueva regionalización basada en criterios de integración económica, conectividad territorial, competitividad y sostenibilidad fiscal. No se trata de recentralizar el poder, sino de construir macroregiones más viables, con mayores capacidades institucionales y mejores mecanismos de supervisión.
Las recientes elecciones reflejan precisamente estas tensiones acumuladas. Más allá de quién resulte vencedor, el país continuará enfrentando desafíos estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver plenamente: informalidad, inseguridad ciudadana, corrupción, baja productividad, precariedad de los servicios públicos y profundas desigualdades territoriales. La elección de un presidente puede cambiar el rumbo político, pero no sustituye las reformas que el Estado necesita con urgencia.
La principal lección de esta etapa es que el Perú no vive una confrontación ideológica clásica entre izquierda y derecha. Lo que realmente existe son millones de ciudadanos que demandan oportunidades, servicios públicos de calidad y autoridades capaces de administrar correctamente los recursos de la nación. El futuro dependerá menos de los discursos y más de la capacidad para fortalecer las instituciones, profesionalizar la gestión pública, reorganizar territorialmente el país bajo criterios técnicos, combatir la corrupción sin excepciones y garantizar que cada sol del presupuesto se traduzca en bienestar tangible para la población. Solo así será posible cerrar las brechas históricas, recuperar la confianza ciudadana y construir una República más integrada, eficiente y justa para todos los peruanos.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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