El Perú vive uno de los momentos políticos más tensos de los últimos años. La segunda vuelta presidencial terminó, pero el país todavía espera conocer al ganador oficial debido a la mínima diferencia entre los candidatos y a la revisión de actas observadas y votos del extranjero. Más allá de quién resulte vencedor, esta elección ha dejado una realidad evidente: el Perú sigue dividido y enfrenta problemas que vienen acumulándose desde hace mucho tiempo.
Los resultados muestran dos visiones distintas del país. Por un lado, millones de peruanos piden estabilidad económica, inversión y respeto a las instituciones. Por otro, muchos ciudadanos exigen cambios profundos frente a la desigualdad, la inseguridad y el abandono que sienten por parte del Estado. Ambas posiciones reflejan necesidades reales. El problema es que la política no ha logrado unir estas demandas ni construir un proyecto común que represente a la mayoría.
Esta división también se refleja en las instituciones. El nuevo Congreso bicameral inicia funciones en medio de una fuerte desconfianza ciudadana. La experiencia de los últimos años demuestra que los enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo han debilitado la gobernabilidad y han impedido avanzar en reformas importantes para el país.
La incertidumbre política tiene consecuencias. Las inversiones se ralentizan, las decisiones económicas se postergan y aumenta la preocupación de los ciudadanos. Sin embargo, el riesgo más serio es otro: la pérdida de confianza en la democracia. Cuando la política se convierte en una lucha permanente entre bandos, las propuestas dejan de evaluarse por sus resultados y pasan a juzgarse únicamente por quién las presenta. Esa lógica alimenta la confrontación y dificulta la búsqueda de soluciones.
En este contexto, las movilizaciones y protestas deben desarrollarse con responsabilidad. La protesta es un derecho fundamental, pero también es importante respetar los procesos institucionales mientras las autoridades electorales concluyen su trabajo. Los líderes políticos tienen el deber de evitar discursos que generen más tensión o que pongan en duda el sistema democrático sin pruebas.
El Gobierno, por su parte, debe actuar con prudencia y firmeza. La prioridad debe ser garantizar el orden público, proteger las instituciones y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin violencia. La transparencia en la información y el diálogo permanente son herramientas mucho más efectivas que la confrontación.
La democracia exige algo que muchas veces resulta difícil: aceptar los resultados cuando estos no coinciden con nuestras preferencias. Reconocer la decisión final de las autoridades electorales no significa renunciar a las ideas propias, sino respetar las reglas que sostienen la convivencia democrática. Ningún país puede avanzar si cada elección termina convirtiéndose en una disputa permanente.
Por eso, el próximo gobierno y las fuerzas políticas tendrán la responsabilidad de construir acuerdos mínimos. La seguridad ciudadana, la recuperación económica, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción deben convertirse en objetivos comunes por encima de las diferencias partidarias.
El verdadero desafío del Perú no termina con la proclamación del próximo presidente. Empieza después. El país necesita recuperar la confianza, fortalecer sus instituciones y demostrar que es capaz de resolver sus diferencias dentro de la democracia. Más que celebrar una victoria o lamentar una derrota, este es el momento de pensar en el futuro y recordar que la estabilidad del Perú depende de todos.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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