El Perú atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida democrática reciente. La desconfianza hacia la clase política, los constantes conflictos entre instituciones y la percepción de corrupción han debilitado la relación entre el Estado y los ciudadanos. Hoy, millones de peruanos sienten que las autoridades no representan sus intereses ni ofrecen soluciones a los problemas que afectan su vida diaria. La crisis ya no es solo política; es una crisis de confianza que pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo del país.
Esta situación no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de años de inestabilidad, gobiernos débiles, partidos políticos sin conexión con la ciudadanía y una administración pública muchas veces influenciada por intereses particulares. La conocida frase de Antonio Raimondi, que describía al Perú como un mendigo sentado en un banco de oro, sigue teniendo vigencia. El país cuenta con enormes recursos y oportunidades, pero continúa teniendo dificultades para convertir esa riqueza en bienestar para la mayoría de la población.
A lo largo de nuestra historia, pensadores como Manuel González Prada y Jorge Basadre advirtieron sobre la necesidad de construir una ciudadanía comprometida y un Estado sólido. Sin embargo, muchos de esos desafíos permanecen sin resolver. La falta de instituciones fuertes ha permitido que los problemas se repitan una y otra vez, generando frustración y alejando a los ciudadanos de la política.
Las consecuencias son visibles. La incertidumbre afecta las inversiones, limita la generación de empleo y debilita la confianza en las autoridades. Al mismo tiempo, el descontento abre espacio para propuestas radicales que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. Cuando las personas sienten que las reglas no funcionan para todos por igual, aumenta la división social y se fortalece la idea de que cada uno debe resolver sus problemas por su cuenta.
El principal problema es que la política ha dejado de enfocarse en el bien común. Con demasiada frecuencia, los debates públicos giran alrededor de intereses personales, rivalidades partidarias o cálculos electorales. Mientras tanto, temas fundamentales como la seguridad, la educación, la salud y la modernización del Estado quedan relegados. Esta desconexión entre la política y las necesidades reales de la población explica gran parte del malestar que hoy se vive en el país.
Superar esta situación requiere reformas profundas y sostenidas. La primera es fortalecer la meritocracia para que los cargos públicos sean ocupados por profesionales preparados y no por personas designadas por favores políticos. La segunda es impulsar una transparencia mucho más efectiva mediante la digitalización de procesos y el acceso abierto a la información pública. La tercera es modernizar el sistema de justicia para que actúe con mayor rapidez, independencia y eficacia frente a la corrupción y el crimen.
El Perú no necesita líderes salvadores ni promesas imposibles. Necesita instituciones fuertes, funcionarios capaces y ciudadanos comprometidos con la vigilancia democrática. La salida de la crisis pasa por recuperar la confianza en las reglas, mejorar la gestión pública y construir acuerdos que trasciendan los intereses electorales. Nuestro país sigue teniendo un enorme potencial. Convertir ese potencial en progreso dependerá de la capacidad de transformar la indignación en reformas concretas y de entender que una democracia sólida se construye todos los días, no solo durante las elecciones.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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