El Perú llega al bicentenario de su vida republicana con una contradicción difícil de ignorar. La economía muestra señales de recuperación y la pobreza monetaria se redujo de 27,6% en 2024 a 25,7% en 2025, permitiendo que cerca de 567 mil peruanos salieran de esa condición. Sin embargo, detrás de ese avance estadístico persiste una realidad mucho más preocupante: millones de ciudadanos continúan viviendo sin acceso adecuado a servicios básicos, educación de calidad, conectividad y oportunidades de desarrollo. La pobreza disminuye en los informes, pero la desigualdad territorial sigue definiendo el futuro de amplias regiones del país.
Las cifras muestran con claridad esta fractura. Mientras departamentos como Ica registran apenas 4,5% de pobreza y regiones como Madre de Dios y Moquegua se mantienen por debajo del 8%, Cajamarca alcanza 41% y Loreto 40,1%. En las zonas rurales, la pobreza afecta al 35,5% de la población, diez puntos por encima del promedio nacional. Más grave aún, solo el 35% de la población pobre tiene acceso a agua con niveles adecuados de cloro y apenas el 57% cuenta con conexión a una red pública de desagüe. Estos indicadores revelan que el problema ya no es únicamente de ingresos, sino de acceso efectivo a condiciones mínimas de bienestar.
Esta desigualdad territorial terminó trasladándose al escenario político. Lo ocurrido en las elecciones de 2021 fue una advertencia. Lo sucedido en 2026 confirma que la fractura sigue abierta. Las regiones con mayores niveles de pobreza y exclusión volvieron a expresar un profundo malestar frente al sistema político tradicional. El voto dejó de ser una simple preferencia ideológica para convertirse en una manifestación de rechazo contra un Estado percibido como distante, centralista e incapaz de resolver necesidades básicas. La geografía de la pobreza coincide cada vez más con la geografía del descontento.
La reciente elección presidencial mostró un país dividido entre territorios que participan del crecimiento económico y territorios que continúan esperando sus beneficios. El respaldo electoral en muchas de las regiones más pobres se concentró en propuestas que prometían cambios profundos en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Más allá de quién haya resultado ganador, el mensaje político fue inequívoco: existe una creciente demanda de inclusión, representación y presencia estatal efectiva en las zonas históricamente olvidadas.
Sin embargo, atribuir esta situación únicamente a la falta de recursos sería un error. Durante los últimos años, los gobiernos regionales y municipales han recibido miles de millones de soles para inversión pública. El problema central ha sido la incapacidad para convertir esos recursos en resultados concretos. La escasez de cuadros técnicos, la alta rotación de funcionarios, los problemas de planificación y los persistentes casos de corrupción han generado una brecha entre el presupuesto asignado y el bienestar que realmente llega a la población.
El resultado es una peligrosa trampa institucional. Las regiones con mayores necesidades continúan acumulando retrasos en infraestructura básica, mientras la ciudadanía pierde confianza en las autoridades. Allí donde el Estado no logra garantizar servicios esenciales, aumentan la informalidad, la migración y la desafección democrática. La pobreza deja entonces de ser un problema social para convertirse en un factor de inestabilidad política y debilitamiento institucional.
La solución exige cambiar la lógica de la descentralización. No basta con transferir dinero; es indispensable transferir capacidades. El Estado debe crear equipos técnicos permanentes que acompañen a los gobiernos regionales en la formulación y ejecución de proyectos estratégicos. Asimismo, la transparencia digital, el monitoreo ciudadano en tiempo real y la evaluación rigurosa de resultados deben convertirse en condiciones obligatorias para toda inversión pública.
La elección del 2026 ha demostrado que la pobreza y la exclusión ya no son únicamente desafíos sociales. Son factores que influyen directamente en la gobernabilidad, la estabilidad democrática y la cohesión nacional. El Perú no podrá consolidar su crecimiento mientras existan territorios donde las oportunidades dependan del lugar de nacimiento. Cerrar la brecha territorial requiere un Estado que gestione mejor, ejecute con eficiencia y garantice servicios básicos para todos. De lo contrario, la desigualdad seguirá alimentando el descontento político y profundizando una fractura que amenaza el futuro del país.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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