No obstante, que el Poder Judicial constitucionalmente es “independiente y goza de exclusividad, unidad y autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional” (Constitución: Artículo 139°) ya resultan inocultables los evidentes críticos problemas en la administración de justicia que motiva la falta de credibilidad en un importante sector de la población peruana. Los justiciables lo sufren.
Publica y reiteradamente están evidenciados. Citaremos los problemas más conocidos:
La “lentitud” en tramitar las causas judiciales sin cumplir los plazos procesales establecidos en los Códigos y normas procesales que produce lo denominando “la sobre carga procesal”. En cada juzgado y cortes a simple vista se observa cantidades de expedientes que aún están en el suelo.
Existe corrupción e impunidad y hay tráfico de influencias y se evidencia resoluciones en casos a favor de intereses políticos o económicos que minan la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Falta de predictibilidad en las sentencias que emiten magistrados de juzgados y salas superiores y supremas que genera inseguridad jurídica. Existen casos que los mismos juzgados y/o salas superiores y supremas ante casos semejantes (en sentencias de Primera Instancia y/o de Vista y/o de Casaciones) resuelven “en determinado sentido” y en el otro “al contario”. Más aún, en una misma Sala Suprema y en un mismo expediente que subió en casación, la declararon fundada la casación dando la razón al trabajador demandante y dispusieron que en la Sala Superior emita nueva sentencia teniendo en cuenta los “fundamentos de hecho y legales” que sostuvo la Sala Suprema y cuando la Sala Superior cumplió con emitir nueva sentencia de Vista y resolvió revocando la sentencia de primera instancia y declarando fundada la demanda; y ante la inconformidad de la parte demandada, interpuso “su recurso de casación” y en esta nueva vez esa misma Sala Suprema no da la razón al derecho del demandante. La misma Sala Suprema, una vez dijo “si” y la otra vez dijo “no”.
Existen problemas en la organización interna y la gestión de expedientes, a pesar de esfuerzos como el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE). Se evidencia exceso de personal administrativo. Un escrito que se presenta en “la mesa de partes”, hasta que lo “envíen” al Juzgado demora “días” y ya el escrito en el Juzgado y/o Sala, tardan a un tiempo indeterminado para ponerlo a Despacho del Magistrado “para que firme el proyecto de resolución” redactado por el “especialista”. Y luego demora días para notificar por SINOE. Ya no existen las notificaciones en físico enviadas al domicilio legal de los litigantes. Para la expedición de sentencias, no se puede calcular “cuando lo harán”. A veces emitir sentencias demora meses.
Una parte de jueces ejercen sus cargos de forma provisional o interina. Esto afecta su independencia, los hace vulnerables a presiones y crea inestabilidad institucional. Se “usa” la Provisionalidad de magistrados.
En Lima, existen “sedes” judiciales para juzgados de primera instancia y/o especializadas y Salas de la Corte Superior. Esto desorienta a los justiciables y también a sus abogados; ambos tienen que gastar en movilidad.
El Órgano de Control del Poder Judicial también incurre en dilación de las quejas de los justiciables por la demora en procesar sus causas. Los magistrados de esos Órganos del Control, terminan por “justificar” a los magistrados y personal administrativo motivo de las quejas.
Una causa de esos problemas es la insuficiencia de recursos del Poder Judicial que limita su modernización por la carencia de infraestructura adecuada y el nombramiento de magistrados, previo concurso público. La consecuencia es un impacto en la tecnología de ese Poder Estatal y la modernización de sus despachos.
Por años, letrados y ciudadanos han expuesto claramente que es imprescindible reformar la administración de justicia para superar su servicio nacional y volverlo eficiente y sin dilaciones.
Se ha expuesto clara, honesta y públicamente que el “Ministerio Público y Poder Judicial” atraviesan crisis de legitimidad, corrupción, politización e ineficiencia.
Los electos el 2026 para el Poder Legislativo deben declarar en estado de reorganización la administración de justicia. El Congreso tiene el deber y obligación de aprobar nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y de códigos sustantivos en lo penal, civil, laboral, contencioso-administrativas, constitucionales y los códigos procesales, señalando plazos (no dilatorios) para todos los procesos en el Ministerio Público como del Poder Judicial, bajo la responsabilidad personal, administrativa y penal de los magistrados fiscales y/o jueces que, en las causas (expedientes) a su cargo, no cumplan con procesarlas dentro de los plazos establecidos. Establecer que los denominados “Órganos de Control” estén integrados por especialistas en derecho que no sean ni hayan sido fiscales y/o jueces.
También aprobar presupuestos económicos suficientes para que el Poder Judicial deje de tener los indicados problemas.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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