La crisis política peruana ya no puede explicarse como una sucesión de errores individuales. Lo que observamos hoy es el agotamiento de un modelo de representación que ha perdido la capacidad de producir liderazgo, gobernabilidad y confianza. La extrema polarización de las recientes elecciones presidenciales, definidas por márgenes mínimos y cuestionamientos cruzados, refleja un problema más profundo: la desconexión entre ciudadanos e instituciones. Al mismo tiempo, diversas encuestas muestran que una mayoría de peruanos no se siente representada por ningún partido político, una señal inequívoca de deterioro estructural.
Durante años, el Perú ha oscilado entre dos extremos igualmente dañinos. Por un lado, líderes que convierten la política en una plataforma de culto personal y prometen soluciones inmediatas para problemas complejos. Por otro, funcionarios que llegan al poder sin preparación suficiente para administrar un Estado cada vez más exigente. El resultado es un sistema donde la popularidad suele pesar más que la capacidad y donde la improvisación termina sustituyendo a la planificación.
La raíz del problema se encuentra en la debilidad de los partidos políticos. Lejos de funcionar como espacios de formación, debate y construcción programática, muchas organizaciones han operado como vehículos electorales temporales. La fragmentación que caracterizó el proceso electoral de 2026 es una consecuencia directa de esa precariedad institucional. La proliferación de agrupaciones sin identidad clara ha debilitado la representación y reducido la política a una competencia de figuras antes que de proyectos nacionales.
Cuando los partidos dejan de seleccionar cuadros competentes y priorizan la lealtad, el financiamiento o la visibilidad mediática, el Estado se vuelve vulnerable. Los cargos técnicos son ocupados por personas sin experiencia suficiente, mientras profesionales calificados prefieren mantenerse alejados de la función pública. La consecuencia es un aparato estatal que pierde continuidad, acumula errores y responde con lentitud a las demandas ciudadanas.
Las implicancias trascienden el ámbito político. Un Estado debilitado afecta directamente la seguridad, la inversión, la calidad de los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo. La incertidumbre institucional incrementa los costos económicos, desalienta proyectos de largo plazo y profundiza la percepción de que las reglas pueden cambiar según la coyuntura. Cuando la confianza desaparece, también se erosiona la cohesión social necesaria para sostener cualquier proyecto de país.
Sin embargo, el problema no reside únicamente en quienes gobiernan. Existe también una cultura política que sigue apostando por la figura del salvador. Cada proceso electoral revive la esperanza de encontrar al líder providencial capaz de resolver, por sí solo, décadas de problemas acumulados. Esa expectativa es incompatible con una democracia moderna. Ninguna persona, por talentosa que sea, puede compensar instituciones débiles y reglas deficientes.
La salida exige abandonar definitivamente la lógica del caudillo y concentrarse en la arquitectura institucional. La meritocracia debe blindarse mediante servicios civiles profesionales y cargos técnicos protegidos de los cambios políticos. Los partidos deben estar obligados a formar cuadros, transparentar sus procesos internos y competir mediante elecciones primarias auténticas. Paralelamente, la ciudadanía debe asumir un rol permanente de vigilancia y evaluación, más allá de los períodos electorales.
La verdadera reforma no pasa por encontrar un líder excepcional, sino por construir instituciones capaces de funcionar incluso cuando los líderes fracasan. Mientras el país continúe premiando el carisma por encima de la competencia y la improvisación por encima de la gestión, seguirá atrapado entre el caos y la mediocridad. La recuperación del Perú dependerá menos de quién ocupe el poder y más de la fortaleza de las reglas que limiten sus excesos y garanticen resultados para todos.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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