Las recientes elecciones presidenciales en Perú y Colombia han dejado al descubierto una realidad que trasciende las fronteras nacionales. Sudamérica atraviesa una etapa de profunda transformación política caracterizada por una creciente polarización social, una crisis de confianza en las instituciones y una reconfiguración del equilibrio de poder regional. Los ajustados resultados registrados en ambos países reflejan una tendencia que ya no puede interpretarse como una simple alternancia entre izquierda y derecha. Lo que emerge es una crisis de legitimidad donde las urnas continúan definiendo ganadores, pero cada vez encuentran mayores dificultades para generar consensos capaces de sostener la gobernabilidad.
La estrecha victoria de Keiko Fujimori en Perú y el ajustado triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia evidencian una característica común de las democracias contemporáneas de la región: los ciudadanos votan menos por adhesión ideológica y más por rechazo al adversario político. El voto castigo se ha convertido en el principal motor electoral. En este contexto, las campañas ya no movilizan esperanzas colectivas sino temores recíprocos. El resultado es la consolidación de sociedades divididas en bloques prácticamente equivalentes, donde cualquier victoria electoral deja insatisfecha a una porción considerable de la población.
La consecuencia más visible es la reconfiguración del mapa político sudamericano. Perú, Colombia y Ecuador conforman hoy un eje andino con orientación de centroderecha, enfocado en la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y la promoción de la inversión privada. A ello se suma la influencia regional de la Argentina de Javier Milei, cuya agenda de reformas económicas ha fortalecido una corriente favorable a la disciplina fiscal, la liberalización de mercados y la reducción del intervencionismo estatal. Aunque las realidades nacionales son distintas, existe una convergencia cada vez más evidente en torno a la necesidad de recuperar crecimiento económico y combatir la inseguridad.
Chile representa una situación particular dentro de este proceso. Tras años de intensos debates constitucionales y desgaste político, el país experimenta un desplazamiento gradual de las preocupaciones ciudadanas hacia la seguridad pública, el control migratorio y la reactivación económica. Ello ha fortalecido a sectores de centroderecha que buscan capitalizar el descontento con las élites tradicionales. Bolivia, por su parte, enfrenta una compleja crisis interna derivada de la fragmentación del oficialismo, las disputas entre sus principales liderazgos históricos y el deterioro de indicadores económicos que durante años sustentaron su estabilidad política.
Este nuevo escenario modifica inevitablemente las dinámicas geopolíticas regionales. La consolidación de gobiernos más pragmáticos en materia económica reduce el peso de los alineamientos ideológicos que dominaron etapas anteriores. Las prioridades pasan ahora por atraer inversiones, fortalecer cadenas de suministro, combatir el crimen transnacional y garantizar estabilidad macroeconómica. Sin embargo, también surgen desafíos estratégicos relevantes, especialmente en países como el nuestro, obligados a equilibrar sus vínculos históricos con Estados Unidos y su creciente dependencia comercial de China, convertida en un actor central para las exportaciones y la infraestructura regional.
No obstante, la principal amenaza para la estabilidad sudamericana continúa siendo institucional. La judicialización de la política se ha transformado en una práctica recurrente. Impugnaciones, cuestionamientos a los organismos electorales y denuncias de irregularidades aparecen cada vez con mayor rapidez después de los comicios. Cuando la confianza en los árbitros democráticos se deteriora, los resultados electorales dejan de ser mecanismos de resolución de conflictos para convertirse en el inicio de nuevas confrontaciones políticas.
La lección que deja el 2026 es clara. La región no enfrenta únicamente una disputa ideológica, sino una crisis de gobernabilidad que exige reformas profundas. Fortalecer los organismos electorales, promover sistemas políticos capaces de construir mayorías estables y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones debe convertirse en una prioridad estratégica. El verdadero desafío para los nuevos gobiernos no será derrotar a sus adversarios, sino gobernar sociedades divididas. Solo mediante acuerdos pragmáticos, instituciones sólidas y una visión de largo plazo será posible evitar que la polarización continúe erosionando la estabilidad democrática y limitando las oportunidades de desarrollo de Sudamérica.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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