El Perú enfrenta una contradicción preocupante. Mientras las regiones reciben miles de millones de soles por concepto de canon y regalías mineras, una gran parte de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza y con serias carencias en servicios básicos. Esta situación demuestra que el problema del país no es la falta de recursos económicos, sino la incapacidad para convertir esa riqueza en bienestar para la población.
Durante los últimos años, la minería ha generado importantes ingresos para el Estado y para los gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, en varias regiones que reciben grandes cantidades de dinero proveniente de la actividad minera persisten elevados niveles de pobreza, especialmente en las zonas rurales. Esta realidad pone en evidencia que el actual sistema de distribución del canon no está cumpliendo adecuadamente su objetivo de impulsar el desarrollo local.
La brecha entre el Perú urbano y el Perú rural continúa siendo una de las mayores expresiones de desigualdad. Mientras muchas ciudades cuentan con mejores servicios e infraestructura, millones de ciudadanos que viven en el campo siguen enfrentando limitaciones en el acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, salud y educación. Estas diferencias generan descontento social y alimentan la percepción de que los beneficios del crecimiento económico no llegan a todos por igual.
Una de las principales causas de este problema es la limitada capacidad de gestión de numerosos gobiernos regionales y municipales. Con frecuencia, las autoridades carecen de equipos técnicos preparados para formular, ejecutar y supervisar proyectos de gran impacto. Como resultado, importantes recursos permanecen sin utilizarse o se destinan a obras que no responden a las necesidades más urgentes de la población.
A ello se suma la debilidad de los sistemas de control y fiscalización. La falta de seguimiento oportuno favorece la ejecución de proyectos poco útiles, inconclusos o de escaso beneficio social. En consecuencia, la riqueza generada por la minería termina desperdiciándose en lugar de contribuir al cierre de brechas y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Frente a esta situación, resulta indispensable replantear el modelo actual. El canon minero debe orientarse principalmente a reducir la pobreza y cerrar brechas sociales, en lugar de depender casi exclusivamente del criterio geográfico de donde se extrae el recurso. Asimismo, los grandes proyectos de infraestructura básica deberían ser ejecutados por organismos técnicos especializados que garanticen eficiencia, transparencia y resultados medibles.
La solución también requiere fortalecer la planificación territorial del país. La actual estructura regional muestra importantes limitaciones para administrar eficientemente los recursos públicos y promover el desarrollo equilibrado entre territorios.
En conclusión, el Perú necesita una reforma integral que permita transformar la riqueza minera en desarrollo real. Para ello, es necesario reformar la ley de canon, fortalecer la capacidad técnica del Estado, implementar auditorías digitales permanentes y priorizar las inversiones en servicios básicos. Del mismo modo, resulta urgente avanzar hacia una nueva regionalización que permita conformar unidades territoriales más eficientes y sostenibles. Finalmente, es indispensable optimizar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), estableciendo reglas claras, plazos definitivos y una fiscalización efectiva que facilite la formalización de los pequeños mineros y combata la minería ilegal. Solo así la riqueza de los recursos naturales podrá convertirse en una verdadera oportunidad de progreso para todos los peruanos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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