El Perú enfrenta un momento decisivo no solo por el cambio político, sino por la responsabilidad histórica que implica la transferencia de gobierno. Este proceso no puede limitarse a un acto administrativo; constituye un deber jurídico, ético y político de máxima relevancia. La transferencia del país implica la entrega clara, verificable y transparente de los activos, pasivos y compromisos asumidos por el Estado, muchos de ellos de carácter estructural y de largo plazo, que condicionan el desarrollo nacional.
Desde el punto de vista jurídico, la transferencia de gestión se sustenta en los principios de continuidad del Estado, responsabilidad funcional y transparencia administrativa. No se trata únicamente de rendir cuentas, sino de garantizar que el nuevo gobierno reciba información completa sobre deuda pública, obligaciones contractuales, litigios internacionales, concesiones, asociaciones público-privadas y compromisos multilaterales. La omisión o distorsión de esta información no solo debilita la gobernabilidad, sino que podría configurar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Uno de los elementos más críticos en esta transferencia es el reconocimiento del enorme déficit de infraestructura que arrastra el país. Carreteras inconclusas, brechas en salud y educación, sistemas de agua y saneamiento insuficientes, y una conectividad logística limitada configuran un escenario que exige priorización técnica y no decisiones políticas improvisadas. Aquí surge el concepto más importante,del orden de prelación, establecer qué proyectos son estratégicos, cuáles generan mayor impacto social y económico, y cuáles deben ejecutarse con urgencia para cerrar brechas estructurales.
En el plano geopolítico, el Perú ocupa una posición estratégica en América del Sur. Su estabilidad institucional, su política económica y su capacidad de ejecución de proyectos influyen directamente en la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y socios comerciales. Una transferencia opaca o desordenada puede afectar la calificación de riesgo país, debilitar la posición del Perú en mercados internacionales y generar incertidumbre en sectores estratégicos ,como minería, energía e infraestructura.
Por ello, la transferencia debe ser entendida también como una estrategia de Estado. No solo se trata de informar, sino de ordenar el futuro. Es imprescindible construir una hoja de ruta nacional basada en evidencia, con metas claras y prioridades consensuadas. Esta hoja de ruta debe integrar criterios de sostenibilidad fiscal, impacto social y competitividad global.
Asimismo, la transparencia en la información debe convertirse en un acto de convicción pública. La ciudadanía tiene el derecho de conocer la verdadera situación del país: cuánto se debe, qué compromisos existen, qué obras están paralizadas y cuáles son los riesgos reales. Sin esta claridad, no puede existir confianza; y sin confianza, no hay gobernabilidad posible.
Finalmente, el Perú tiene ante sí una oportunidad histórica. La correcta transferencia del Estado puede marcar el inicio de una nueva etapa basada en institucionalidad, planificación y responsabilidad. Pero si se falla en este proceso, se profundizará la desconfianza, la improvisación y el deterioro del sistema democrático
Conclusiones
La transferencia del gobierno no es un trámite, sino un acto de responsabilidad jurídica y política que define el rumbo del país.
La transparencia total de activos, pasivos y compromisos es indispensable para garantizar continuidad y confianza.
El déficit de infraestructura exige un orden de prelación técnico, basado en impacto y urgencia nacional.
La estabilidad del Perú tiene implicancias geopolíticas que trascienden sus fronteras.
El verdadero cambio político dependerá de la capacidad de convertir la transferencia en una estrategia nacional de desarrollo.
El Perú no solo cambia de gobierno; define si es capaz de construir un Estado moderno, transparente y orientado al futuro.
Con gran responsabilidad, aquí se tiene que informar todo,sin anestesia y con la total veracidad, caiga quien caiga,es nuestro patrimonio,con prudencia Rafael aita Campodónico.
Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.
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