Una bocatoma cerrada no es solamente una infraestructura paralizada. Es la imagen de un Estado que ha perdido capacidad para prevenir conflictos y garantizar derechos básicos. Cuando el agua, un recurso indispensable para la vida, se convierte en una herramienta de presión política, la discusión deja de ser únicamente territorial y se transforma en un problema nacional. La disputa entre Moquegua y Tacna refleja una fractura más profunda: la incapacidad del Perú para resolver sus diferencias mediante instituciones fuertes, reglas claras y decisiones técnicas.
Este conflicto tiene raíces históricas, pero su permanencia responde principalmente a una combinación de intereses económicos, políticos y sociales. La disputa territorial no gira únicamente alrededor de una frontera administrativa. Detrás existe una competencia por recursos públicos, inversiones, canon minero y oportunidades de desarrollo. En un país donde muchas regiones dependen de ingresos vinculados a la explotación de recursos naturales, el territorio adquiere un valor económico que supera su dimensión geográfica.
Ese es uno de los grandes errores de la descentralización peruana: convertir la pertenencia territorial en una lucha por controlar recursos, en lugar de una herramienta para mejorar servicios y calidad de vida. La discusión dejó de ser cómo cooperar entre regiones para convertirse en quién gana y quién pierde. Bajo esa lógica, cada límite territorial se interpreta como una batalla económica y cada conflicto se transforma en una oportunidad política.
Los intereses en juego son diversos y deben ser analizados con claridad. Las comunidades buscan proteger sus recursos y garantizar mejores condiciones para sus familias. Los agricultores necesitan seguridad hídrica para mantener su producción. Los gobiernos regionales defienden ingresos y competencias que consideran esenciales para su desarrollo. Los dirigentes políticos encuentran en estas disputas una plataforma para fortalecer su liderazgo. El gobierno central, por su parte, suele priorizar la estabilidad inmediata y evitar decisiones que puedan generar rechazo político.
Sin embargo, no todos los intereses tienen el mismo valor democrático. La defensa de una identidad regional, la búsqueda de mayor desarrollo o el reclamo por una distribución justa de recursos son posiciones legítimas cuando se expresan dentro del marco legal. Pero ningún reclamo puede justificar afectar derechos fundamentales de otros ciudadanos. Cerrar una infraestructura hídrica, bloquear servicios esenciales o utilizar el agua como instrumento de negociación representa cruzar una línea que ningún Estado puede aceptar.
La razón, por tanto, no pertenece completamente a una región ni a un grupo específico. Corresponde a quienes defienden soluciones basadas en la ley, la evidencia técnica y el bienestar colectivo. Moquegua y Tacna tienen derecho a defender sus intereses, pero ambas pierden cuando la confrontación reemplaza a la cooperación. Una victoria política obtenida mediante presión puede convertirse en una derrota económica y social para toda la población.
El problema central es que el Estado peruano ha permitido que los conflictos territoriales permanezcan abiertos durante demasiado tiempo. La falta de una solución definitiva en materia de demarcación territorial creó un espacio donde la incertidumbre se convirtió en una herramienta política. Mientras las autoridades nacionales postergan decisiones difíciles, los actores locales llenan ese vacío con discursos de confrontación.
La experiencia demuestra que, en el Perú, muchas veces la presión callejera obtiene más atención que los procedimientos institucionales. Esa realidad genera un incentivo peligroso: la ciudadanía aprende que bloquear carreteras, paralizar actividades o aumentar la tensión es más efectivo que recurrir a las autoridades correspondientes. Cuando esa percepción se instala, el Estado pierde legitimidad y la negociación política queda dominada por quienes tienen mayor capacidad de movilización.
El agua representa el punto más delicado de esta disputa. Su gestión no puede depender de fronteras administrativas ni de coyunturas políticas. Los recursos hídricos deben administrarse considerando las características de las cuencas y la seguridad de todos los usuarios. Convertir el agua en un arma de presión afecta no solamente a una región vecina, sino al principio básico de que los derechos fundamentales deben estar protegidos por encima de cualquier disputa.
La solución requiere decisiones estructurales. La demarcación territorial debe dejar de ser un campo de negociación política permanente y convertirse en un proceso técnico con criterios claros, transparencia y respaldo institucional. Los cambios territoriales no pueden depender de discursos electorales ni de intereses momentáneos; deben basarse en estudios, normas y evidencia.
También es necesario reformar la gestión del agua para garantizar que ningún conflicto político pueda poner en riesgo el abastecimiento de la población. Las autoridades de cuenca deben tener capacidad real para tomar decisiones técnicas y evitar que un recurso estratégico sea utilizado como mecanismo de presión regional.
Finalmente, el Estado debe promover una visión de desarrollo compartido. Mientras las poblaciones perciban que su futuro depende exclusivamente de pertenecer a una jurisdicción determinada, continuarán los enfrentamientos. La inversión conjunta, los proyectos comunes y una distribución transparente de beneficios pueden transformar una disputa territorial en una oportunidad de cooperación.
La crisis entre Moquegua y Tacna no es únicamente un problema del sur peruano. Es un reflejo de una debilidad nacional: un Estado que reacciona frente a los conflictos, pero pocas veces los previene. Resolver esta controversia exige reconocer los intereses existentes, separar los reclamos legítimos de las acciones ilegítimas y recuperar la autoridad de las instituciones.
El Perú no puede aceptar que sus ciudadanos sean enfrentados por recursos que deberían servir para unirlos. El verdadero desafío no es solamente definir límites territoriales; es demostrar que la ley, la técnica y el interés nacional todavía pueden estar por encima de la presión política. Si el Estado recupera esa capacidad, Moquegua y Tacna podrán dejar de verse como rivales y convertirse en regiones capaces de construir un futuro común.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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