Colombia atraviesa una de las pruebas democráticas más importantes de los últimos años. La disputa ya no se limita al resultado electoral, sino a la capacidad del Estado para garantizar una transición ordenada, proteger la legitimidad de las instituciones y evitar que la confrontación política termine debilitando la confianza ciudadana.
Tras las elecciones del 21 de junio, la tensión aumentó luego de que Gustavo Petro cuestionara la legitimidad del triunfo de Abelardo de la Espriella y planteara denuncias de fraude sin presentar pruebas públicas que hayan cambiado el resultado reconocido por las autoridades. Petro posteriormente afirmó que entregará el poder el 7 de agosto, mientras el presidente electo suspendió el proceso de empalme argumentando que no podía avanzar una transición normal bajo esas condiciones. La crisis muestra un problema más profundo: la fragilidad de los acuerdos democráticos cuando los líderes convierten una derrota electoral en una disputa permanente.
Como señala Steven Levitsky, coautor de “Cómo mueren las democracias”, “las instituciones democráticas no colapsan de la noche a la mañana; se erosionan lentamente cuando los actores políticos dejan de aceptar las reglas básicas del juego”. Esta advertencia resulta aplicable al problema colombiano.
La experiencia del Perú ofrece una advertencia cercana. Durante los últimos años, nuestro país sufrió una cadena de crisis políticas marcada por enfrentamientos entre poderes del Estado, cambios constantes de gobierno, pérdida de confianza ciudadana y una creciente sensación de que la política era incapaz de resolver problemas básicos. La democracia peruana no ha desaparecido; se debilitó lentamente por la incapacidad de sus dirigentes para construir acuerdos mínimos.
El politólogo Guillermo O’Donnell ya había advertido que “las democracias delegativas son vulnerables cuando los liderazgos concentran el poder y reducen los controles institucionales”. Esta idea refleja el riesgo actual: la polarización convierte cada decisión en un pleito que debilita el sistema.
Ese es el principal espejo que Colombia debe observar. El riesgo no está solamente en una elección disputada, sino en permitir que la polarización se convierta en la forma normal de gobernar y hacer oposición. Un país puede sobrevivir a diferencias ideológicas profundas, pero no puede avanzar cuando cada sector considera ilegítimo al otro.
Según Francis Fukuyama, “la estabilidad de un Estado depende de instituciones sólidas más que de líderes fuertes”. En medio de la disputa colombiana, esta afirmación subraya que el respeto a la institucionalidad es más valioso que cualquier victoria electoral temporal.
La política moderna también enfrenta un nuevo desafío: la velocidad de la información. Las redes sociales han transformado la manera en que los ciudadanos reciben noticias y forman opiniones. Esto permite una participación más amplia, pero también facilita la propagación de sospechas, desinformación y narrativas que pueden profundizar las divisiones sociales.
La economía también siente el impacto de la incertidumbre política. Cuando un país transmite inestabilidad, las empresas retrasan decisiones, los inversionistas exigen mayores garantías y el crecimiento pierde impulso. La estabilidad institucional no es un concepto abstracto; está directamente relacionada con empleo, oportunidades y bienestar.
En este escenario, el papel de las instituciones electorales, judiciales y de seguridad resulta fundamental. Los organismos responsables deben actuar con independencia y transparencia. La Fuerza Pública debe mantenerse completamente al margen de la disputa partidista. Su función no es defender gobiernos ni movimientos políticos, sino proteger el orden constitucional.
Colombia enfrenta ahora una decisión histórica. El gobierno saliente tiene la responsabilidad de facilitar una transferencia del poder clara y respetuosa. El gobierno entrante deberá demostrar que puede gobernar para todos los ciudadanos y no solamente para quienes lo apoyaron. La oposición tendrá que ejercer control democrático sin intentar convertir cada diferencia en una crisis institucional.
La lección peruana es que ninguna sociedad gana cuando la política se transforma en una guerra permanente. Los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen. Cuando las instituciones se debilitan, todos los ciudadanos pierden, incluso quienes creen haber obtenido una victoria política.
Colombia todavía está a tiempo de evitar ese camino. Para lograrlo necesita recuperar algo más importante que cualquier triunfo electoral: la confianza. Esa confianza se construye aceptando reglas comunes, fortaleciendo la justicia, respetando la independencia institucional y entendiendo que, como dijo Alexis de Tocqueville, “el corazón de la democracia no está en la omnipotencia de la mayoría, sino en el respeto a la ley y a las instituciones”.
El próximo gobierno colombiano tendrá la responsabilidad de demostrar que la alternancia puede ser una oportunidad de unidad nacional y no el inicio de una nueva etapa de confrontación. La política debe volver a ser un instrumento para resolver problemas y no una batalla permanente por destruir al adversario.
La comunidad internacional también observará con atención la capacidad de Colombia para preservar su estabilidad. En una región donde las crisis institucionales afectan la economía, la seguridad y la cooperación entre países, una transición ordenada representa no solo un asunto interno, sino una señal de madurez democrática frente al continente.
La conclusión es clara: Colombia no está solamente definiendo quién gobernará, está definiendo qué tipo de democracia quiere construir. El Perú demuestra que la erosión institucional puede avanzar lentamente hasta convertirse en una crisis profunda. Colombia aún puede elegir otro camino: uno basado en reglas, moderación y responsabilidad. La verdadera fortaleza de una nación no está en sus líderes individuales, sino en instituciones capaces de sobrevivir a ellos.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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