Hace 150 años, la humanidad enfrentó una de las mayores tragedias alimentarias de la historia. Entre 1876 y 1878, una combinación de sequías extremas provocadas por un poderoso fenómeno de El Niño y decisiones políticas equivocadas convirtió una crisis climática en una catástrofe humana que causó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas. La naturaleza desencadenó el problema, pero la falta de previsión, la explotación económica y la fragilidad institucional multiplicaron sus consecuencias.
Hoy, el fantasma de 1876 vuelve a aparecer en un mundo completamente diferente, pero con una lección similar. Los organismos científicos internacionales advierten sobre un nuevo episodio de El Niño durante 2026-2027, mientras el cambio climático incrementa la intensidad de los eventos extremos. En el Perú, el ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y proyecta que podría extenderse hasta el verano de 2027, con probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte en determinados periodos.
La diferencia fundamental respecto al siglo XIX es que hoy la amenaza no se mide únicamente por la cantidad de lluvia o por la temperatura del océano. La verdadera variable crítica es la capacidad de resistencia de las sociedades modernas. Un evento climático severo puede convertirse rápidamente en una crisis económica por la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los precios de los alimentos, la presión sobre los sistemas de agua y la pérdida de empleos vinculados a sectores vulnerables.
El Perú ocupa un lugar especial dentro de este escenario porque es uno de los países más expuestos al impacto de El Niño. Su economía depende de sectores directamente vinculados al clima: agricultura, pesca, infraestructura vial y disponibilidad hídrica. En la costa norte, regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes enfrentan el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y daños a los cultivos. La experiencia del Niño Costero de 2017 demostró que el costo de no prevenir puede traducirse en la destrucción de carreteras, viviendas y puentes, así como en pérdidas millonarias para la economía nacional.
La agricultura peruana, especialmente la agroexportación, también enfrenta una prueba importante. Productos como el mango, el arándano, la palta y otros cultivos de exportación dependen de condiciones climáticas relativamente estables. Un exceso de lluvias puede afectar la calidad de los productos, aumentar las enfermedades agrícolas y alterar los calendarios de cosecha. Al mismo tiempo, una alteración prolongada del clima puede afectar a pequeños agricultores que no cuentan con sistemas de protección financiera ni infraestructura adecuada.
El otro frente estratégico es el mar peruano. El calentamiento anómalo del océano modifica la distribución de las especies y afecta actividades como la pesca de anchoveta, uno de los recursos naturales más importantes del país. Los cambios en la temperatura del mar pueden desplazar especies, reducir las capturas y afectar miles de empleos relacionados con la industria pesquera.
Sin embargo, el mayor riesgo no es solamente climático; es político e institucional. El Perú conoce desde hace décadas la amenaza de El Niño, pero continúa reaccionando, muchas veces, después del desastre. La prevención sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desafío. Construir defensas ribereñas, limpiar quebradas, fortalecer los sistemas de drenaje urbano y mejorar la planificación territorial no debería ser una respuesta de emergencia, sino una política permanente de seguridad nacional.
La estrategia debe cambiar. El país necesita pasar de una cultura de reacción a una cultura de anticipación. Esto implica fortalecer el sistema de alerta temprana, acelerar la construcción de infraestructura hídrica, modernizar los sistemas de riego, proteger las cuencas, ampliar los reservorios y establecer seguros agrícolas que permitan a los productores enfrentar pérdidas sin caer en la pobreza.
Además, el Perú debe entender que el agua será uno de los recursos geopolíticos más importantes del siglo XXI. La gestión hídrica no puede depender únicamente de decisiones locales fragmentadas. Requiere una política nacional que integre la agricultura, la energía, las ciudades y la conservación ambiental.
La historia de 1876 deja una advertencia clara: los desastres naturales se convierten en tragedias cuando las sociedades no están preparadas. El nuevo El Niño no representa solamente una amenaza meteorológica; es una prueba de liderazgo, planificación y capacidad institucional. Para el Perú, la respuesta no debe limitarse a resistir las lluvias o enfrentar las pérdidas después del daño. La verdadera tarea es construir un país más preparado, donde el agua y los alimentos sean considerados activos estratégicos y no problemas que aparecen únicamente cuando llega la emergencia.
El desafío está planteado: anticiparse o repetir los errores del pasado. La diferencia entre una crisis manejable y una tragedia histórica dependerá de las decisiones que se tomen antes de que llegue el impacto.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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