La XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en Cusco, dejó una señal clara: la seguridad hemisférica ya no puede tratarse como un gesto diplomático ni como una suma de buenas intenciones. La Declaración de Cusco puso sobre la mesa la cooperación contra el crimen organizado, la ciberdefensa y la protección de infraestructuras críticas. Pero el debate quedó atravesado por una presión conocida: Washington quiere que América Latina eleve su gasto en defensa y seguridad, como si la región enfrentara una guerra convencional y no una red criminal que opera por rutas, puertos, bancos y plataformas digitales.
Conviene precisar un punto clave. Durante años, la OTAN usó el 2 % del PIB como referencia mínima de gasto en defensa. Pero, en 2025, la alianza dio un paso más y fijó una nueva meta del 5 % del PIB para 2035, dividida en 3,5 % para defensa y 1,5 % para seguridad e infraestructura relacionada. Esa es la comparación correcta. Y justamente por eso la exigencia sobre América Latina resulta más dura: no se trata solo de acercarse al viejo estándar europeo, sino de asumir una carga fiscal que muchas economías de la región no pueden sostener sin dañar su crecimiento y su estabilidad social.
El problema es que la amenaza en América Latina no se parece a la de Europa. Según UNODC, la región sigue entre las más violentas del mundo, con tasas de homicidio muy por encima del promedio global. Ecuador, Haití y México muestran realidades distintas, pero comparten un mismo patrón: el avance de organizaciones criminales que reclutan jóvenes, corrompen autoridades, lavan dinero y usan tecnología con rapidez. Frente a eso, comprar más tanques o más aviones no resuelve el fondo del problema.
SIPRI muestra que el gasto militar latinoamericano ronda el 1,3 % del PIB. Brasil, México, Perú y Chile se mueven en rangos distintos, pero todos están lejos de una meta del 5 %. El punto no es negar la necesidad de fortalecer capacidades. El punto es reconocer que cada punto adicional de gasto compite con salud, educación, transporte y seguridad ciudadana. En una región donde CEPAL proyecta un crecimiento débil y la pobreza sigue golpeando a millones, pedir más sin mirar la caja fiscal es pedir lo imposible.
La comparación con la OTAN también tiene límites políticos. Europa se prepara para disuadir a Estados rivales; América Latina enfrenta redes criminales transnacionales. Aquí pesan más la inteligencia, la justicia, el control territorial y la cooperación entre agencias que la acumulación de hardware militar. Además, la responsabilidad no puede recaer solo en el sur. El tráfico de armas desde Estados Unidos y el consumo de drogas en el norte siguen alimentando el negocio. Sin corresponsabilidad, cualquier presión será incompleta.
Por eso, la agenda de Cusco va en la dirección correcta, pero debe ir más lejos. La prioridad debe ser la inteligencia compartida, la persecución del lavado de activos, la cooperación judicial, la vigilancia tecnológica de fronteras y la ciberdefensa. La seguridad real no nace de gastar más por reflejo, sino de coordinar mejor, cerrar rutas financieras y proteger al ciudadano antes de que el crimen capture al Estado.
América Latina no necesita una chequera más grande; necesita un criterio más firme. La disyuntiva es simple y decisiva: o se construye una política de seguridad inteligente, basada en inteligencia, justicia y tecnología, o se insiste en una lógica de gasto militar que da la ilusión de fuerza, pero no resuelve nada. La región no será más segura por comprar más armas; será más segura cuando el Estado piense mejor que el crimen y actúe antes que él.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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