Jorge Céliz Kuong 16 de julio de 2026
El clientelismo no se derrota con discursos ni con cambios de gabinete. Se derrota profesionalizando el Estado. Mientras los cargos públicos sigan repartidos como premios políticos y no asignados por mérito, experiencia e integridad, el Perú seguirá atrapado en una administración débil, ineficaz y vulnerable a la corrupción. La verdadera reforma pendiente no es solo moral ni electoral: es construir un servicio civil serio, estable y técnico que cierre la puerta al favoritismo y devuelva al Estado su capacidad de servir al país.
Este problema no es exclusivo del Perú. En distintos países de América Latina, el clientelismo ha debilitado la capacidad del Estado para planificar, ejecutar políticas públicas y responder a las necesidades de los ciudadanos. La experiencia internacional demuestra que los países con servicios civiles profesionales, reglas claras de contratación y organismos de control independientes alcanzan mayores niveles de crecimiento, estabilidad y confianza. En cambio, donde predominan la improvisación y los nombramientos políticos, la corrupción encuentra un terreno fértil y el desarrollo termina estancándose.
El Perú no ha sido ajeno a esa realidad. Cada cambio de gobierno suele traer consigo el reemplazo masivo de funcionarios técnicos por personas cuya principal credencial es la cercanía con el poder. Esa práctica rompe la continuidad de las políticas públicas, retrasa proyectos estratégicos y reduce la capacidad del Estado para administrar recursos que pertenecen a todos los peruanos. El costo no se limita a una mala gestión. También se traduce en hospitales inconclusos, escuelas deficientes, obras paralizadas y servicios públicos incapaces de responder a las demandas de la población.
Las consecuencias van más allá de la administración pública. Un Estado sin capacidad técnica genera incertidumbre, desalienta la inversión, limita la creación de empleo y amplía las brechas sociales. Cuando la improvisación se instala como norma, la ciudadanía pierde confianza en las instituciones y la democracia comienza a deteriorarse desde adentro. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido si quienes toman las decisiones carecen de la experiencia, la preparación o la integridad necesarias para ejercer el cargo.
Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en quienes gobiernan. También corresponde a una ciudadanía que, elección tras elección, muchas veces prioriza la popularidad sobre la capacidad, el discurso antes que los resultados y las promesas inmediatas por encima de las propuestas viables. Mientras el voto no premie la honestidad, la experiencia y la competencia, los partidos políticos tendrán pocos incentivos para presentar mejores candidatos y equipos de gobierno.
La solución no pasa por cambiar únicamente de autoridades. Exige transformar las reglas de funcionamiento del Estado. El acceso a la función pública debe sustentarse en concursos transparentes, evaluaciones objetivas y requisitos verificables de experiencia e integridad. El nepotismo, los conflictos de interés y la falsificación de credenciales deben recibir sanciones inmediatas. Al mismo tiempo, los funcionarios técnicos deben contar con estabilidad para garantizar la continuidad de las políticas públicas, independientemente del gobierno de turno.
El Perú necesita actuar ya, no dentro de unos años ni después de la próxima crisis. La primera reforma debe ser obligatoria y visible: todo cargo directivo y de confianza en ministerios, organismos públicos y empresas del Estado debe pasar por concursos públicos con bases abiertas, cronogramas publicados y jurados independientes. La segunda debe ser implacable: cualquier funcionario que oculte vínculos familiares, falsee estudios o use el cargo para favorecer a su entorno debe ser separado de inmediato, inhabilitado y denunciado. La tercera debe blindar al Estado de la rotación política: los equipos técnicos deben tener estabilidad mínima y protección frente a cambios arbitrarios, salvo incumplimiento probado.
A eso debe sumarse una cuarta medida: publicar en línea, en tiempo real, los perfiles, hojas de vida, declaraciones de intereses y criterios de selección de todos los altos cargos. Sin transparencia total, el control ciudadano es una ficción. Y una quinta reforma es igual de urgente: fortalecer a la Autoridad Nacional del Servicio Civil y a la Contraloría para que puedan revisar nombramientos antes de que el daño esté hecho, no después. Si estas medidas no se aplican ahora, el país seguirá atrapado en la improvisación, perderá inversión, profundizará la corrupción y terminará normalizando un Estado débil, caro e ineficaz.
El Perú no puede permitirse otra década perdida. O se profesionaliza la administración pública con reglas duras, controles reales y sanciones ejemplares, o seguiremos viendo cómo el Estado se usa para repartir favores mientras los ciudadanos pagan el costo. La urgencia es total. No reformar hoy significa aceptar mañana más obras paralizadas, más servicios colapsados y más desconfianza. Y un país sin confianza en su Estado es un país condenado a repetir sus fracasos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
Excelente artículo. Coincido plenamente: el clientelismo no se derrota con discursos, sino profesionalizando el Estado. En el Perú seguimos atrapados en dentro de un modelo de gestión clientelista y mediocre donde muchos se afilian a partidos o grupos solo para conseguir un puesto público bien pagado, convirtiendo la función pública en una especie de lotería de prebendas. Esta práctica deleznable ha frustrado incluso intentos serios de reforma del servicio Civil, como la Ley SERVIR, donde un presidente no solo se negó a firmarla en su momento, sino que redujo las condiciones contractuales de los TDR para meter a sus amigos. Quienes hemos participado de cerca en concursos públicos hemos sido testigos de cómo el clientelismo político los limita y captura con argucia puestos de gestión profesional de alto nivel: incluso bajo la propia Ley Servir gerentes públicos competentes fueron poco a poco eliminados porque sus cargos ya estaban “prometidos” a personas sin la capacidad técnica ni gerencial necesaria, en plazas no basta con tener solo conocimiento; se requiere también habilidad y experiencia probada para gestionar y dirigir.
Países como Singapur demostraron que es posible construir un servicio civil de excelencia a partir de una situación inicial muy complicada, combinando meritocracia estricta, salarios competitivos y altísima exigencia. Informes del Banco Mundial y de la OCDE son claros: mientras no rompamos este círculo vicioso, seguiremos perdiendo inversión, credibilidad y oportunidades. Urge una oficina especializada en contrataciones públicas de personal de alto nivel, completamente independiente de los ministerios y entidades donde se presta servicio, con personal técnico de élite y blindada contra interferencias políticas. Solo así el Estado dejará de ser un botín y se convertirá en el aliado que una Economía Social de Mercado necesita para generar crecimiento real acorde a los que se planifica e invierte por parte del Estado.