Perú 2026 – 2031: El gobierno que debe convertir estabilidad en futuro

El próximo quinquenio definirá si el país continúa administrando sus contradicciones o transforma su estabilidad macroeconómica, sus recursos y su energía emprendedora en seguridad, productividad, instituciones y bienestar sostenible.

El Perú inicia un nuevo ciclo político con una paradoja difícil de ignorar. Posee una macroeconomía resistente, abundantes recursos naturales, una importante cartera de inversiones y una ubicación estratégica en el Pacífico; al mismo tiempo, convive con inseguridad, informalidad masiva, servicios públicos insuficientes y desconfianza institucional.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia para el periodo 2026–2031, después de haber sido proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Su desafío no será demostrar que el país puede seguir funcionando, sino probar que todavía puede transformarse. Administrar la inercia produciría estabilidad sin desarrollo; gobernar estratégicamente exige convertir activos dispersos en capacidad nacional de creación de valor.

El principal cuello de botella peruano ya no es la ausencia de recursos, sino la debilidad del sistema encargado de convertirlos en resultados. El país recauda poco porque produce con baja productividad e informalidad; ofrece servicios deficientes porque ejecuta de manera fragmentada; y pierde legitimidad porque el ciudadano encuentra un Estado distante y lento.

La informalidad representa mucho más que un problema tributario. Es una arquitectura económica de baja productividad, escasa protección social, reducido acceso al crédito y débil capacidad empresarial. Formalizar no puede significar solamente registrar, fiscalizar o sancionar. Debe convertirse en una estrategia que integre simplificación, financiamiento, tecnología, capacitación, acceso a mercados, tributación gradual y protección social. La pequeña empresa necesita ventajas concretas para crecer dentro de la formalidad.

La seguridad constituye otra frontera decisiva. Extorsión, minería ilegal, corrupción, narcotráfico, lavado de activos y control territorial forman economías criminales que compiten con el Estado, elevan los costos empresariales y destruyen inversión. El país requiere inteligencia financiera, interoperabilidad de datos, justicia oportuna, control de mercados ilegales, reforma penitenciaria y recuperación productiva de territorios. La seguridad debe entenderse también como política económica y de competitividad.

Desde una perspectiva empresarial, el Estado peruano se parece a una organización que conserva activos valiosos, pero ha perdido capacidad para integrarlos. Necesita propósito, prioridades, talento, responsables, indicadores y disciplina de ejecución. Cada ministerio debe dejar de operar como una isla; cada programa debe demostrar impacto; cada inversión pública debe responder a una brecha concreta; y cada autoridad debe rendir cuentas por el valor público creado, no solo por el presupuesto gastado.

La agenda 2026–2031 debería concentrarse en cinco misiones nacionales: recuperar la seguridad y el control territorial; destrabar la inversión sostenible; construir un ecosistema de formalización productiva; transformar la educación, la salud y la infraestructura básica; y desarrollar un Estado digital, interoperable y evaluado por resultados.

Estas misiones requieren acuerdos entre el Ejecutivo, el nuevo Congreso bicameral, los gobiernos regionales y municipales, las empresas, los trabajadores, la academia y la sociedad civil. La proclamación de los representantes elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados confirma que la próxima administración comenzará bajo una arquitectura política distinta, con mayores espacios de deliberación, negociación y control.

El liderazgo presidencial será medido por su capacidad para construir confianza más allá de su base electoral. Gobernar supone convocar talento, escuchar evidencia, proteger contrapesos, anticipar riesgos y decidir con visión de largo plazo. También implica comprender que la inversión privada y la política social son complementarias: la primera genera riqueza, innovación y empleo; la segunda desarrolla capacidades, movilidad social y cohesión.

El Perú puede continuar administrando informalidad, desigualdad e inseguridad, o utilizar este ciclo para construir un nuevo contrato de desarrollo. El éxito del gobierno 2026–2031 no consistirá únicamente en entregar un país sin crisis, sino en dejar un Estado más capaz, una economía más productiva, territorios más integrados y ciudadanos con razones para volver a confiar.

La gran decisión ya no es entre Estado o mercado. Es entre fragmentación o ecosistema; entre improvisación o estrategia; entre gastar recursos o convertirlos en futuro. El nuevo gobierno tendrá cinco años, pero deberá gobernar pensando en las próximas dos décadas.

César Augusto Novoa Chávez
Economista, MBA por ESAN, docente de posgrado y CEO de NOZA INVESTMENT COMPANY S.A.C. – Perú.