La historia de los países suele definirse en los momentos de mayor incertidumbre. Después de años de inestabilidad política, confrontación entre poderes del Estado, deterioro de la seguridad ciudadana y desconfianza hacia las instituciones, el Perú inicia una nueva etapa con la elección de Keiko Fujimori como presidenta de la República.
Más allá del debate político que genera su llegada al poder, el verdadero desafío nacional no será únicamente recuperar el crecimiento económico. La prioridad consiste en fortalecer las instituciones democráticas, restablecer el principio de autoridad y garantizar que el Estado responda con eficacia a las demandas de los ciudadanos.
La economía ofrece un punto de partida favorable. El Perú mantiene una de las economías con mejores fundamentos macroeconómicos de América Latina. La estabilidad monetaria, la disciplina fiscal y la fortaleza del sistema financiero continúan siendo activos importantes para enfrentar un contexto internacional cada vez más incierto.
Sin embargo, como sostenía el premio Nobel Douglass North, el crecimiento económico solo se convierte en desarrollo cuando está respaldado por instituciones sólidas, reglas claras y seguridad jurídica. Sin ese soporte, cualquier avance económico puede ser temporal y vulnerable.
La historia reciente confirma esa lección. Durante las últimas décadas del siglo XX, el país enfrentó una de las etapas más violentas de su vida republicana con la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y profundas heridas que aún forman parte de la memoria nacional.
La recuperación de la paz fue posible gracias al sacrificio de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los comités de autodefensa y millones de ciudadanos que defendieron el orden democrático. Recordar ese periodo no significa permanecer anclados en el pasado, sino comprender el alto costo que tiene permitir que la violencia sustituya a la política.
Hoy, las amenazas son diferentes. El principal desafío para la gobernabilidad ya no proviene únicamente del extremismo ideológico. El crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y la corrupción han construido redes capaces de infiltrarse en instituciones públicas y desafiar la autoridad del Estado en diversas regiones del país.
Al mismo tiempo, el Perú enfrenta una creciente polarización política. Karl Popper advertía que las sociedades abiertas deben protegerse de quienes utilizan las libertades democráticas para destruirlas desde su interior. Esa reflexión mantiene vigencia, pero también recuerda que la defensa de la democracia solo puede realizarse dentro del Estado de derecho.
La respuesta no puede limitarse a medidas represivas. Hannah Arendt sostenía que el poder legítimo nace de la confianza ciudadana y no del miedo. Por ello, fortalecer la democracia exige instituciones eficaces, justicia oportuna y una lucha frontal contra la corrupción.
La prioridad inmediata debe ser reformar profundamente la Policía Nacional y el Ministerio Público. Ambas instituciones constituyen la primera línea de defensa frente al crimen organizado, pero durante años han sufrido graves problemas de corrupción, politización, falta de recursos y debilidad operativa. Sin una Policía profesional, moderna y respaldada por un Ministerio Público independiente, eficiente y técnicamente fortalecido, cualquier estrategia de seguridad estará condenada al fracaso.
Igualmente importante resulta superar la confrontación permanente que ha caracterizado la política peruana durante los últimos años. Raymond Aron afirmaba que la fortaleza de una democracia reside en su capacidad para resolver los desacuerdos mediante las instituciones y no mediante la confrontación permanente. Ningún país puede desarrollarse si vive atrapado en una crisis política continua.
Gobernar implica ejercer liderazgo, pero también construir consensos. Seguridad, educación, inversión, infraestructura y lucha contra la corrupción deben convertirse en políticas de Estado y no en banderas partidarias sujetas al cálculo electoral.
Mario Vargas Llosa escribió que la libertad solo prospera donde existen instituciones capaces de protegerla. Esa afirmación resume el reto que enfrenta el Perú. La estabilidad económica representa una oportunidad, pero no garantiza por sí sola el desarrollo.
El Perú ya demostró que es capaz de derrotar al terrorismo y de recuperar la estabilidad económica. La tarea pendiente es mucho más compleja: construir un Estado que inspire confianza, haga cumplir la ley sin privilegios y proteja eficazmente a los ciudadanos. Si el nuevo gobierno emprende una verdadera reforma de la Policía Nacional y del Ministerio Público, fortalece las instituciones y coloca el interés nacional por encima de la confrontación política, el país podrá iniciar un ciclo de crecimiento sostenible y gobernabilidad. De lo contrario, la prosperidad será apenas un episodio transitorio. La historia ofrece hoy una oportunidad excepcional; desaprovecharla significaría condenar al Perú a repetir los errores que durante décadas frenaron su desarrollo. Solo un Estado fuerte, instituciones íntegras y una democracia firme podrán garantizar una república verdaderamente libre, segura y próspera para las próximas generaciones.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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