El Perú enfrenta una paradoja estructural: el aumento de amenazas internas y externas contrasta con una capacidad estatal aún insuficiente para responder con visión estratégica. En este escenario, las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de redefinición institucional tensionado por tres factores: el control democrático, la modernización pendiente y la necesidad de recuperar eficiencia operativa y confianza pública. Como advierte Samuel Huntington en The Soldier and the State (1957), el equilibrio entre control civil y autonomía profesional es frágil; su ruptura debilita tanto la democracia como la eficacia militar.
Desde la transición democrática de 2001, el país consolidó la subordinación militar al poder civil como principio republicano esencial. Sin embargo, cuando este control deriva en desconfianza permanente, se afecta la continuidad del mando, la planificación estratégica y la cohesión institucional. La experiencia comparada lo confirma. Morris Janowitz, en The Professional Soldier (1960), sostiene que las fuerzas armadas modernas deben integrarse a la sociedad civil sin perder identidad profesional ni disciplina interna. La democracia no requiere instituciones debilitadas, sino fuerzas armadas sólidas, transparentes y plenamente operativas dentro del marco constitucional.
Esta tensión se expresa en la brecha persistente entre las misiones asignadas y los recursos disponibles. El Perú enfrenta amenazas simultáneas y crecientemente interconectadas: crimen organizado transnacional, narcotráfico, minería ilegal, vulnerabilidad fronteriza y nuevas dinámicas de competencia geopolítica. La cooperación con países vecinos en seguridad fronteriza evidencia que estos riesgos ya no son exclusivamente internos, sino regionales. En esta línea, Barry Buzan, en People, States and Fear (1991), amplía el concepto de seguridad hacia dimensiones económicas, sociales y transnacionales, en las que el Estado debe actuar de forma coordinada y sostenida.
A ello se suma un desafío estructural: la modernización de capacidades. La defensa nacional exige inteligencia estratégica, tecnología, entrenamiento continuo y equipamiento actualizado. El Ministerio de Defensa ha planteado una agenda de modernización hacia 2030, orientada a fortalecer capacidades operativas, pero su impacto depende de una política de Estado consistente. Sin continuidad presupuestal ni planificación de largo plazo, la respuesta seguirá siendo reactiva. Como señala Lawrence Freedman en Strategy: A History (2013), la estrategia sin recursos sostenidos se reduce a una intención sin capacidad real de ejecución.
Fortalecer la defensa, sin embargo, no implica debilitar el control civil ni eliminar mecanismos de supervisión. Las democracias consolidadas demuestran que es posible combinar rendición de cuentas con respeto a la especialización militar. El desafío peruano es alcanzar ese equilibrio: transparencia sin comprometer información sensible, control institucional sin afectar la cadena de mando y reformas sin politización de la función militar. En términos de Huntington, se trata de consolidar un «control civil objetivo», en el que la profesionalización reduce la interferencia política y fortalece la eficacia institucional.
Las consecuencias de la debilidad institucional trascienden el ámbito castrense. Un Estado con capacidades limitadas pierde presencia efectiva en territorios estratégicos, lo que facilita la expansión de economías ilegales y redes criminales. La situación en zonas amazónicas y fronterizas confirma que la seguridad nacional requiere una respuesta integral que articule inteligencia, justicia, desarrollo y fuerzas de seguridad coordinadas. El informe de la UNODC de 2023 advierte que la fragmentación institucional es un factor clave en la expansión del crimen organizado en América Latina.
El próximo ciclo político será decisivo para corregir estas distorsiones. La disyuntiva no es entre la militarización y el debilitamiento institucional, sino entre la improvisación y la construcción de una política de defensa moderna, profesional y sostenida. Esto exige fortalecer la formación militar, proteger la información estratégica, mejorar la planificación presupuestal y consolidar una relación de confianza entre autoridades civiles y militares.
En síntesis, la defensa nacional debe consolidarse como una política de Estado y no como un instrumento coyuntural. El Perú requiere Fuerzas Armadas respetadas, plenamente subordinadas al orden constitucional y preparadas para un entorno estratégico cada vez más complejo. Como advierte Colin Gray en The Strategy Bridge (2010), la seguridad de un Estado depende de su capacidad para integrar política, recursos y voluntad nacional en una sola dirección. Recuperar esa coherencia no es un objetivo corporativo, sino una condición indispensable para garantizar soberanía, estabilidad y seguridad a largo plazo.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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