Durante décadas, la política se explicó como una competencia entre izquierda y derecha. Hoy esa clasificación resulta cada vez menos útil. La creciente polarización ha convertido el debate público en una disputa permanente donde las posiciones ideológicas pesan más que las soluciones. Mientras unos defienden un Estado más amplio y otros privilegian el mercado, los problemas reales de la población continúan acumulándose sin respuesta.
En el Perú, esa discusión tiene aún menos sentido. La prioridad de millones de ciudadanos no es determinar qué corriente política gobierna, sino comprobar si pueden vivir con seguridad, acceder a un empleo formal, recibir atención médica o enviar a sus hijos a una escuela de calidad. Cuando el Estado no logra garantizar esos servicios esenciales, las etiquetas ideológicas pierden valor frente a la urgencia de la realidad.
La evidencia internacional demuestra que los países más exitosos no destacan por la ideología de sus gobiernos, sino por la fortaleza de sus instituciones. Economías tan distintas como Singapur, Estonia, Corea del Sur o Irlanda comparten un rasgo común: administraciones públicas eficientes, reglas estables, seguridad jurídica y políticas de Estado que trascienden los cambios de gobierno. Allí la gestión prevalece sobre el discurso.
El Perú enfrenta el desafío contrario. La inseguridad ciudadana alcanza niveles preocupantes; el crimen organizado amplía su presencia mediante la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, mientras la informalidad continúa siendo el principal obstáculo para el crecimiento económico. A ello se suma una burocracia lenta, una inversión pública con baja capacidad de ejecución y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Ninguno de estos problemas responde a una doctrina política; todos reflejan un déficit de conducción, planificación y capacidad de gestión.
La confrontación permanente solo agrava ese escenario. Cuando el Ejecutivo y el Congreso convierten el enfrentamiento en su principal actividad, el Estado deja de gobernar y comienza, simplemente, a reaccionar. Las reformas se paralizan, las inversiones se postergan y la ciudadanía percibe que la política se ocupa de sí misma antes que del país. Esa pérdida de legitimidad alimenta el desencanto democrático y abre espacio para propuestas cada vez más radicales.
La instalación del Congreso bicameral representa una oportunidad para corregir ese rumbo. Pero el éxito dependerá menos de la arquitectura institucional que de la calidad de quienes la integran. El país necesita autoridades capaces de construir acuerdos, respetar la estabilidad jurídica, fortalecer la meritocracia, reducir la burocracia, acelerar la inversión pública y privada y enfrentar al crimen organizado mediante una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología y firmeza del Estado.
La verdadera reforma comienza recuperando la capacidad de gobernar. Eso exige profesionalizar la administración pública, digitalizar los sistemas de control para reducir la corrupción, simplificar los procedimientos que desalientan la inversión y garantizar que cada recurso del presupuesto produzca resultados medibles en seguridad, salud, educación e infraestructura. La gestión pública debe evaluarse por su impacto sobre la vida de las personas y no por la intensidad de los discursos.
El Perú ha llegado a un punto en el que continuar atrapado en la polarización equivale a prolongar la crisis. La legitimidad de cualquier gobierno ya no dependerá de la ideología que proclame, sino de su capacidad para resolver problemas concretos. El desafío nacional no consiste en elegir entre izquierda o derecha, sino entre un Estado que improvisa y otro que planifica; entre la confrontación permanente y la construcción de consensos; entre administrar el deterioro o impulsar el desarrollo. La historia juzgará a esta generación política no por sus consignas, sino por los resultados que sea capaz de entregar a los peruanos.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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