El Perú necesita fortalecer de manera urgente su justicia militar si quiere garantizar eficacia operativa, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de derecho en un contexto de crecientes amenazas internas. La reforma del Código Penal Militar Policial ha reabierto un debate que no puede seguir postergándose: sin una jurisdicción especializada moderna, con recursos suficientes y reglas claras, el Estado pierde capacidad para responder con eficacia a los desafíos de seguridad que hoy enfrenta.
Frente a este escenario, las Fuerzas Armadas han asumido responsabilidades cada vez más amplias en apoyo a la Policía Nacional. Participan en operaciones durante estados de emergencia, contribuyen al control territorial, protegen infraestructura crítica, apoyan la lucha contra organizaciones terroristas y colaboran en acciones contra economías ilegales dentro del marco constitucional y legal. Estas misiones exigen decisiones inmediatas, empleo legítimo de la fuerza y una actuación respaldada por reglas claras. Cuando la seguridad jurídica es insuficiente, la capacidad operativa del Estado también se debilita.
El verdadero problema no radica en la coexistencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar. La dificultad está en la lentitud de los procesos, la incertidumbre sobre las competencias y la falta de recursos para una jurisdicción que debe resolver casos altamente especializados. Ningún sistema puede ser eficiente cuando las investigaciones se prolongan durante años, afectan la moral del personal y generan incertidumbre para quienes actuaron en cumplimiento de su deber. Una justicia tardía termina siendo una justicia ineficaz.
Fortalecer la justicia militar no significa reducir los controles democráticos ni crear espacios de impunidad. Significa garantizar una jurisdicción especializada, independiente y sometida plenamente a la Constitución. Para lograrlo, resulta indispensable incrementar el número de jueces, fiscales y defensores especializados; modernizar la infraestructura tecnológica; digitalizar la gestión de expedientes; fortalecer los laboratorios de criminalística y medicina legal; incorporar peritos permanentes; y asegurar programas continuos de formación en derecho operacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos. Sin presupuesto, tecnología y capital humano, ninguna reforma legal producirá resultados.
La responsabilidad también recae sobre los comandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El fortalecimiento institucional comienza con entrenamiento permanente en el uso legítimo de la fuerza, actualización de la doctrina operacional, preservación rigurosa de evidencias, asesoría jurídica preventiva durante la planificación de las operaciones y acompañamiento legal al personal sometido a investigación. La disciplina, la transparencia y la preparación profesional constituyen la mejor defensa frente a cuestionamientos posteriores y fortalecen la confianza de la ciudadanía.
La experiencia internacional demuestra que la especialización puede coexistir con el Estado de derecho. Chile mantiene una jurisdicción militar con competencias más delimitadas y sujetas al control constitucional. Colombia fortaleció el fuero penal militar para brindar mayor seguridad jurídica en operaciones contra amenazas internas, sin excluir la supervisión de las altas cortes. Brasil conserva una justicia militar permanente para conocer los delitos propios de la función castrense, mientras que Argentina optó por restringir considerablemente su alcance. Aunque cada país ha seguido un camino distinto, todos coinciden en un principio: la justicia especializada solo funciona cuando existen competencias claramente definidas, recursos suficientes, independencia judicial y mecanismos eficaces de control.
El Perú debe construir su propio modelo. La reforma pendiente exige definir con precisión el delito de función, eliminar los conflictos de competencia, establecer plazos procesales razonables, fortalecer la autonomía técnica de la justicia militar y garantizar un financiamiento estable que permita su funcionamiento eficiente. Paralelamente, el Estado debe consolidar la coordinación entre la jurisdicción militar y la justicia ordinaria para evitar vacíos, duplicidades y decisiones contradictorias.
La seguridad nacional no depende únicamente del poder de las armas. También descansa en instituciones capaces de actuar con legitimidad, profesionalismo y respeto por la ley. Una justicia militar moderna, eficiente y especializada no representa un privilegio para las Fuerzas Armadas ni para la Policía Nacional; constituye una garantía para la democracia, un respaldo para quienes sirven al país y una condición indispensable para que el Estado pueda enfrentar con eficacia las amenazas que ponen en riesgo la paz, el orden interno y el futuro del Perú.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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