Cecilia Palacios Columnas

Empezamos mal

No ha pasado una semana desde la juramentación de los flamantes diputados de la República y ya existe en la cola un caso a sancionar en la aún no creada Comisión de Ética. Y es que un padre de la patria fue pillado en flagrancia en un incidente de violencia doméstica, física y psicológica. El protagonista del incidente ya cargaba en su haber antecedentes de agresión, violencia y un atropello por conducir en estado de ebriedad. En 2024 atropelló a una joven madre y a su niña, produciéndoles lesiones irreversibles. Pese a esos antecedentes y a su negativa a cumplir con la reparación civil impuesta por la autoridad judicial, su partido, Juntos por el Perú, lo presentó en su lista parlamentaria, fue electo y volvió a delinquir.

Julián Pérez Malqui es el protagonista de este bochornoso espectáculo, quien no es nuevo en estas lides. El diputado, conocido por el apodo de «Cheldo», estuvo detenido dos días en la comisaría del distrito de San Miguel. Esta vez, la víctima y denunciante fue su exabogada en un proceso de mayor calibre. El diputado no solo violó su domicilio, sino que también la golpeó y amenazó con «privarla de trabajo en el sector público». El parlamentario del bloque castillista proviene de las canteras de JPP. Su fortuna ha sido visible porque, pese a la gravedad de lo actuado, no ha sido objeto de «proceso sumario» ni de «suspensión temporal» por parte de la dirigencia encabezada por Roberto Sánchez, proceso exprés al que sometió días atrás a la camarada Silvana Robles, sindicada de viciar su voto a favor de la lista oficialista 1 en el Senado.

La gravedad de este caso radica no en este singular conflicto doméstico a investigar, sino en el hecho de que el cocalero de la región de Pichari, con esa mancha a cuestas, fue incorporado en la parrilla del partido izquierdista que, por 49 mil votos, no accedió al poder. Las acciones de Pérez, que lo llevaron a purgar prisión solo un año, le cambiaron la vida a una familia. La joven madre divorciada quedó con una lesión de cadera, sin posibilidad de una intervención quirúrgica, así como con cierto daño neurológico por el grave traumatismo encéfalo craneano que sufrió. Su niña de 7 años tuvo peor suerte: quedó postrada y arrastra daño neurológico que le produce ataques de epilepsia, por lo que requiere permanentes terapias que este sujeto se niega a asumir porque «considera que la indemnización es muy alta». Un ser realmente indolente al que ciertos peruanos le entregaron su voto, irresponsablemente.

La reacción tardía de la dirigencia de Juntos por el Perú ha sido deplorable. Su líder prefirió seguir paseando por Buenos Aires. Desatado el escándalo, el prospecto del «líder prometedor de la izquierda peruana», Ernesto Zunini, optó por blindar vergonzosamente a este marchista agresor recurrente. Sus novísimos socios de la autodenominada «coalición democrática» brillaron por su ausencia. A excepción de la tibia crítica de Alfonso López Chau, de Ahora Nación; Ricardo Belmont, de OBRAS; y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, se hicieron humo. La Mesa Directiva recién electa de la Cámara de Diputados ni siquiera se ha pronunciado. Tampoco lo han hecho sus locuaces colegas femeninas de la coalición, que han preferido mirar a otro lado. El doble rasero fue la estrella del silencio sepulcral de esta gavilla de hipócritas. Otras instituciones de «lucha incesante contra la violencia a la mujer» parecen haber perdido el habla, y es que estas organizaciones feministas han demostrado con creces que no defienden los derechos de todas las mujeres, sino solo de aquellas convenientes a su ideología sesgada y, como este caso ensucia a la izquierda en pleno, consideran que no amerita ocuparse del tema.

Paradójicamente, aquella profesional del derecho que le consiguió en 2024 una leve pena y cierta impunidad hoy es su pareja sentimental y también su víctima, confirmando que el perfil de un maltratador lo lleva a incurrir en el abuso sistemáticamente. Pérez Malqui no solo debe ser investigado y suspendido, como sugiere tibiamente su partido en una reacción forzada y tardía por la severa crítica mediática; debe ser desaforado y enviado a la cárcel por reincidente, o vamos a esperar que exista una próxima víctima que no quede viva para contarlo.

Comenzamos un nuevo periodo parlamentario y pareciera que nada cambió: los rostros son otros, los vicios persisten.

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.

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