Nuestro país se ha consolidado como uno de los principales productores de cobre del mundo y la minería continúa siendo el principal motor de las exportaciones, la inversión privada y una fuente determinante de ingresos fiscales. La mayor parte de esta riqueza se concentra en el sur andino, donde Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna reúnen algunos de los yacimientos más importantes del país. Sin embargo, esta fortaleza económica convive con brechas persistentes en infraestructura, salud, educación, agua potable y productividad. Esta aparente contradicción constituye uno de los principales desafíos de la política pública peruana.
El mecanismo diseñado para redistribuir parte de esa riqueza es el canon minero, complementado por las regalías y otros ingresos derivados de la actividad extractiva. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias vinculadas al sector minero superaron los S/ 4 168 millones. Entre las regiones del sur, Arequipa recibió S/ 468 millones; Moquegua, S/ 432 millones; Apurímac, S/ 413 millones; Tacna, alrededor de S/ 333 millones; y Puno, cerca de S/ 195 millones. Cusco, además, mantiene importantes ingresos provenientes del canon gasífero. Estas cifras muestran que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad del Estado para transformarlos en bienes públicos de calidad.
La evidencia acumulada durante las últimas dos décadas muestra que el crecimiento económico y el incremento de las transferencias fiscales no siempre se traducen en mejoras equivalentes del bienestar. Diversos informes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y organismos internacionales coinciden en que las limitaciones de gestión, la baja calidad de la inversión pública y la escasa planificación reducen el impacto del gasto sobre el desarrollo regional. En muchos casos, los presupuestos se fragmentan en numerosas obras de pequeña escala, mientras proyectos estratégicos de salud, saneamiento, infraestructura logística o riego permanecen postergados.
La experiencia internacional confirma que la denominada «maldición de los recursos naturales» no depende de la abundancia minera, sino de la fortaleza institucional. Países como Australia, Canadá y Chile han logrado convertir la renta extractiva en desarrollo sostenido mediante reglas fiscales estables, planificación territorial, evaluación rigurosa de proyectos y altos estándares de transparencia. En estos casos, la calidad de las instituciones ha resultado más determinante que el volumen de los recursos disponibles.
Para el Perú, el reto consiste en evolucionar desde un esquema de distribución financiera hacia un modelo orientado a resultados. Ello implica fortalecer el presupuesto por resultados, vincular una parte de las transferencias al cumplimiento de indicadores verificables de cierre de brechas, consolidar bancos regionales de proyectos con expedientes técnicamente sólidos y ampliar los mecanismos de transparencia para que la ciudadanía pueda monitorear la ejecución física y financiera de las inversiones. Del mismo modo, resulta necesario fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales y promover una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para evitar la dispersión de recursos y mejorar la eficiencia del gasto.
La minería continuará siendo una ventaja competitiva para el Perú en el contexto de la transición energética global y del incremento de la demanda internacional por minerales estratégicos. Aprovechar esa oportunidad dependerá menos de la magnitud de la renta generada y más de la capacidad del Estado para administrarla con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. Convertir los recursos del subsuelo en capital humano, infraestructura moderna e instituciones sólidas sigue siendo el verdadero desafío del desarrollo regional peruano.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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