César Novoa Columnas

Del ecosistema sectorial a una nueva arquitectura de valor

Cooperativas, mutuales, derramas, fondos y nuevos actores: qué ganó el Perú, qué perdió y qué oportunidad tiene por delante

Durante buena parte del siglo XX, millones de peruanos encontraron respuestas a sus necesidades financieras y de protección fuera de la banca tradicional. Profesores, policías, militares, marinos, miembros de la Fuerza Aérea, trabajadores públicos y privados, profesionales y otros grupos organizaron cooperativas, mutuales, derramas, fondos de vivienda, retiro, sepelio, bienestar y diversos servicios complementarios.

No eran instituciones iguales ni respondían al mismo régimen jurídico. Pero, vistas en conjunto, conformaron un verdadero ecosistema de servicios financieros, previsionales y complementarios construido alrededor de comunidades laborales y profesionales.

¿Qué pasó con ese ecosistema?

La respuesta sería sencilla si buscáramos un culpable: mala gestión, dirigentes, Estado, regulación, SBS, bancos, tecnología o mercado. Pero varias décadas de transformación institucional no admiten una explicación monocausal. El Perú cambió, las personas cambiaron y también cambió radicalmente la oferta disponible.

La legislación cooperativa de 1964 y, posteriormente, el Decreto Legislativo 85 de 1981 se desarrollaron en un contexto en el que el Estado reconocía expresamente una función promotora del cooperativismo. El INCOOP concentró funciones de promoción y supervisión hasta su disolución en 1992. Ese cambio, sin embargo, coincidió con una transformación económica mucho mayor: estabilización macroeconómica, liberalización financiera y construcción de una nueva arquitectura de mercado.

Después llegaron nuevos competidores. Crecieron los bancos, las cajas municipales y las microfinanzas; se expandieron las tarjetas, las aseguradoras y el retail financiero; mejoraron las centrales de riesgo; aparecieron internet, smartphones, banca digital, billeteras y fintech. Incluso el Banco de la Nación adquirió una presencia relevante dentro del ecosistema que atiende a servidores públicos, pensionistas y ciudadanos en territorios donde cumple funciones particularmente importantes de acceso y conectividad financiera.

El profesor, policía, militar, trabajador o pensionista que décadas atrás podía depender significativamente de una organización sectorial comenzó a disponer de múltiples alternativas para financiarse, ahorrar, pagar, asegurarse, adquirir vivienda o administrar sus recursos.

El Perú ganó.

Ganó competencia, especialización, cobertura, tecnología, velocidad, variedad de productos y nuevas fuentes de financiamiento.

Pero una evaluación rigurosa también debe formular la pregunta inversa:

¿Qué perdimos durante esa transformación?

Aquellas organizaciones poseían activos que difícilmente aparecen en un estado financiero: conocimiento del miembro, recurrencia de ingresos, identidad ocupacional, relaciones de largo plazo, confianza, capacidad de agregación de demanda y, en algunos casos, mecanismos para integrar crédito, ahorro, vivienda, previsión, protección y otros servicios.

En este punto se inserta la reflexión de César Novoa, economista y MBA por ESAN, con más de tres décadas de experiencia profesional vinculada a finanzas, crédito, planeamiento, riesgos, microfinanzas, transformación y dirección de organizaciones. Su trayectoria ejecutiva en Banco del Trabajo, Banco Azteca y Derrama Magisterial, sumada a su actividad como consultor, CEO y docente de posgrado en finanzas, economía, estrategia, riesgos y gestión, le ha permitido observar esta transformación desde diferentes posiciones: sistema financiero, crédito masivo, gestión empresarial, organizaciones de servicios, academia y consultoría.

Desde esa experiencia, Novoa plantea una cuestión que merece investigación: quizá uno de los activos estratégicos menos valorizados de estas organizaciones no esté solamente en sus carteras, inmuebles, fondos o marcas, sino en la capacidad económica contenida en las comunidades organizadas detrás de ellas.

La pregunta, entonces, no debería limitarse a determinar qué instituciones sobrevivieron o desaparecieron. Debemos conocer qué capacidad de información, negociación, escala, protección y creación de valor existía dentro de esas comunidades; cuánto fue sustituido eficientemente por el mercado; cuánto se deterioró por problemas internos; cuánto permanece vigente; y cuánto podría reconstruirse bajo modelos completamente diferentes.

Por ello, sobrevivir no significa necesariamente crear valor; desaparecer tampoco demuestra necesariamente haber fracasado.

Las COOPAC permiten observar una parte de esta transformación con información mucho más consistente. Desde 2019, la SBS asumió su supervisión efectiva bajo la arquitectura establecida por la Ley 30822. Al cierre de 2025, reportaba 230 COOPAC y dos centrales, aproximadamente S/ 12 194 millones en activos netos y S/ 9 678 millones en cartera bruta.

No estamos, por tanto, frente a la desaparición del cooperativismo financiero. Estamos observando un proceso bastante más complejo de depuración, adecuación, recapitalización, concentración y transformación.

También merece revisión la afirmación de que el supervisor solamente observa riesgo. La prudencia financiera constituye, correctamente, una parte central del mandato de la SBS. Sin embargo, la evolución reciente incorpora progresivamente proporcionalidad, protección del depositante, reorganización y mecanismos orientados al fortalecimiento institucional.

La pregunta estratégica es otra:

¿Quién conecta prudencia con desarrollo?

PRODUCE tiene responsabilidades de promoción cooperativa; la SBS supervisa las COOPAC; el MEF conduce políticas económicas y de inclusión financiera; el Congreso y el Ejecutivo determinan buena parte del marco institucional. A ellos se agregan el Banco de la Nación, COFIDE, banca privada, cajas municipales, financieras, aseguradoras, AFP, fondos, fintech, billeteras digitales, retail, federaciones, gobiernos corporativos, gerencias y, finalmente, millones de usuarios y socios.

Quizá el problema no sea la ausencia de actores, sino la fragmentación de objetivos, capacidades e instrumentos.

Y precisamente allí aparece la oportunidad.

El espacio que décadas atrás ocupaban principalmente instituciones sectoriales hoy forma parte de un ecosistema mucho más amplio. El ciudadano puede relacionarse simultáneamente con una cooperativa, un banco, una caja, el Banco de la Nación, una aseguradora, una AFP, una billetera digital, una fintech o un fondo.

Por eso, ya no basta preguntar quién ganó participación de mercado. Debemos preguntarnos quién atiende mejor cada necesidad, a qué precio, con qué calidad, riesgo, eficiencia y creación de valor.

Novoa propone mirar las organizaciones históricas desde esta perspectiva: no necesariamente como proveedores obligados a producir internamente cada servicio, sino como potenciales plataformas de agregación económica y creación de valor.

Miles de profesores, policías, militares, profesionales o trabajadores con necesidades identificables, relaciones de largo plazo e ingresos recurrentes pueden constituir una capacidad de negociación significativa cuando existen buen gobierno, transparencia, tecnología y gestión profesional.

Una cooperativa, mutual, derrama o fondo del futuro no tendría por qué parecerse a su equivalente de 1980. Podría interoperar con bancos, Banco de la Nación, aseguradoras, fintech, fondos de inversión, proveedores de vivienda, salud, educación y comercios; negociar mejores condiciones; compartir infraestructura tecnológica; y aprovechar economías de escala.

Incluso la discusión sobre tamaño debe replantearse. La alternativa no consiste necesariamente en mantener centenares de instituciones independientes o fusionarlas indiscriminadamente. Existen soluciones intermedias: centrales de servicios, plataformas tecnológicas compartidas, compras conjuntas, outsourcing especializado, alianzas, interoperabilidad y consolidaciones selectivas.

El futuro puede depender menos del número de instituciones y mucho más de su capacidad para desarrollar economías de escala y de red.

La misma disciplina debe aplicarse a los activos heredados. Un hotel, club, bazar, terreno o centro recreativo no debería conservarse simplemente porque siempre existió, ni venderse automáticamente porque no forme parte del negocio financiero tradicional. La evaluación debería ser económica: ¿cuánto capital consume?, ¿qué retorno produce?, ¿qué valor entrega al miembro?, ¿cuál es su costo de oportunidad?, ¿existe una manera superior de proporcionar ese servicio?

También debemos estudiar la relación con la informalidad sin forzar causalidades. No sería científicamente responsable afirmar que el debilitamiento de estas instituciones explica la informalidad peruana. Sus determinantes son múltiples. Sí corresponde investigar si determinadas instituciones intermedias generaban mecanismos de financiamiento, ahorro, protección, confianza y acumulación patrimonial que podían favorecer trayectorias hacia una mayor formalización y productividad.

Aquí aparece otra idea que Novoa viene desarrollando desde su experiencia en crédito, finanzas y gestión: la formalización no debería analizarse únicamente desde el costo de cumplir, sino también desde el valor económico de pertenecer a la formalidad. Si una persona o empresa formal obtiene mejor financiamiento, protección, mercados, tecnología, capacitación y capacidad de negociación, la formalidad deja de percibirse exclusivamente como una obligación y comienza a convertirse en una propuesta de valor.

El benchmarking internacional será indispensable. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y otras economías ofrecen experiencias distintas de integración, regulación proporcional, servicios compartidos, consolidación y transformación tecnológica. No se trata de copiar modelos. Se trata de identificar qué funcionó, qué fracasó, por qué ocurrió y qué mecanismos podrían adaptarse al Perú.

Y hacia adelante aparece una paradoja extraordinaria.

La inteligencia artificial, open finance, interoperabilidad, identidad digital, analítica avanzada y automatización amenazan modelos institucionales tradicionales, pero simultáneamente reducen algunos de los costos que históricamente limitaron a las organizaciones pequeñas. La misma tecnología que puede volverlas irrelevantes podría permitirles reinventarse.

Por eso, la discusión ya no debería plantearse como Estado versus mercado, cooperativa versus banco, regulación versus propósito o tradición versus fintech.

La frontera realmente importante es otra:

instituciones que crean valor versus instituciones que consumen valor.

Después de décadas de transformación, el Perú tiene una oportunidad extraordinaria para preguntarse, sin nostalgia, ideología ni defensa corporativa: qué ganó, qué perdió, qué está ganando hoy, qué está perdiendo y qué capacidades necesita construir para las próximas décadas.

La reflexión de César Novoa apunta precisamente hacia allí: no se trata de reconstruir las instituciones del pasado, sino de comprender qué capacidades económicas siguen siendo valiosas y cómo podrían integrarse, profesionalizarse, digitalizarse o sustituirse para producir mejores resultados.

No necesitamos regresar al ecosistema de 1970.

Necesitamos comprenderlo para diseñar el ecosistema de 2030, 2040 y 2050.

Porque detrás de sus aciertos, errores y transformaciones puede existir una idea plenamente contemporánea: comunidades organizadas capaces de utilizar competencia, tecnología, escala y alianzas para obtener mejores servicios financieros, previsionales y complementarios.

El desafío hacia las próximas décadas no consiste en salvar instituciones por su historia.

Consiste en transformar capital institucional acumulado en productividad, inclusión, protección y creación de valor.

Y esa podría ser una de las oportunidades todavía insuficientemente exploradas del sistema financiero y del desarrollo económico peruano.

César Augusto Novoa Chávez
CEO de NOZA Investment Company SAC Perú y un líder estratégico con más de 25 años impulsando crecimiento, innovación y transformación en entornos altamente competitivos. Su trayectoria integra finanzas, gestión de riesgos, tecnología y dirección comercial, con posiciones clave en Derrama Magisterial, Banco Azteca / Grupo Salinas y Banco del Trabajo. Reconocido por convertir la visión en ejecución, diseña e implementa modelos escalables orientados a valor, rentabilidad y sostenibilidad. Es docente internacional de posgrado y columnista. Economista (Universidad Nacional de Piura) y MBA (ESAN), con especializaciones en Riesgos Financieros (ESAN & Tecnológico de Monterrey), Transformación Digital & Fintech (Copenhagen Business School) y Business Sustainability (University of London).

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