Durante décadas, la frontera peruana fue tratada como periferia administrativa cuando, en realidad, constituye una línea crítica de soberanía. Hoy, esa omisión adquiere una dimensión regional. La expansión de las economías ilícitas, el aumento del valor del oro, la movilidad del narcotráfico y la capacidad logística de organizaciones criminales están convirtiendo espacios fronterizos en zonas de disputa por territorio, recursos y población.
El problema no es que el Estado haya desaparecido por completo, sino que su presencia suele ser intermitente y demasiado costosa para sostenerla. La evidencia reciente lo demuestra. En Putumayo y otras provincias de Loreto, el Gobierno mantiene estados de emergencia por la actividad de grupos armados residuales y organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato. En el norte, Perú y Ecuador han acordado reforzar la cooperación contra el crimen organizado, la minería y la tala ilegales y el tráfico de armas.
La presión económica también importa. El monitoreo amazónico de MAAP identifica la expansión de la minería aurífera en nueve regiones amazónicas y advierte un nuevo avance dentro de la Reserva Nacional Tambopata durante 2025 y comienzos de 2026. El fenómeno revela una realidad incómoda: cuando el oro ofrece rentabilidades extraordinarias y el control territorial es débil, la ilegalidad encuentra incentivos para reproducirse. No basta con destruir campamentos; hay que afectar las cadenas financieras, logísticas y comerciales que los hacen posibles.
En materia de drogas, el panorama es más complejo que una narrativa de fracaso. Devida reportó que la superficie de coca cayó un 5,8 % en 2025, hasta 84.546 hectáreas, después de dos años consecutivos de descenso. Ese dato demuestra que una política sostenida puede producir resultados. Pero también confirma que el problema debe medirse por cadenas criminales, no solamente por hectáreas cultivadas: producción, transformación, transporte, lavado de activos, corrupción y control de rutas forman un mismo sistema.
La consecuencia estratégica es evidente. Una frontera débil no solo facilita delitos; reduce la capacidad del Estado para decidir qué ocurre dentro de su territorio. Allí donde una organización criminal puede imponer precios, cobrar extorsiones, reclutar jóvenes, intimidar autoridades o controlar pasos clandestinos, la soberanía deja de ser una abstracción jurídica y se convierte en una disputa cotidiana.
La respuesta tampoco puede reducirse a militarizar la frontera. Las Fuerzas Armadas son indispensables para la vigilancia, la movilidad y el control en áreas donde la geografía dificulta la acción policial, pero no pueden sustituir a la justicia, la administración pública ni la economía formal. Las operaciones temporales producen efectos reversibles si no existe continuidad institucional.
El Perú necesita convertir la frontera en una prioridad permanente de seguridad nacional y desarrollo. Eso exige inteligencia integrada entre las Fuerzas Armadas, la Policía, Aduanas, Migraciones, la Fiscalía y las autoridades regionales; vigilancia aérea, fluvial y satelital; investigación patrimonial contra las finanzas criminales; cooperación operativa con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia; y servicios públicos que hagan visible al Estado donde hoy predominan intermediarios ilegales. También requiere indicadores públicos para medir control territorial, decomisos, judicialización, recuperación ambiental y presencia estatal.
La tesis final es sencilla: una frontera no se defiende únicamente con puestos de vigilancia. Se defiende con información, justicia, infraestructura, oportunidades y autoridad legítima. Si Lima continúa mirando los límites como territorios lejanos, otros seguirán administrándolos en su lugar. Recuperar la frontera no significa cerrar el país, sino volver a ejercer soberanía efectiva sobre él.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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