Durante décadas, el Perú convirtió la prudencia fiscal en una de sus fortalezas. Hoy enfrenta una amenaza menos visible que la inflación de precios: el crecimiento del aparato administrativo y del gasto en personal. El problema no es que el Estado tenga servidores públicos, sino que sus estructuras crezcan sin relación verificable con la calidad de los servicios, la productividad y las necesidades ciudadanas.
La evidencia cuantitativa es contundente. Según el Consejo Privado de Competitividad, el gasto en personal y obligaciones sociales aumentó un 33 % entre agosto de 2021 y agosto de 2025, hasta alcanzar S/ 86.370 millones. Dentro del Gobierno nacional, el Congreso registró uno de los mayores incrementos, con un 98,2 %. En otra serie del CPC, el gasto en planillas y obligaciones sociales del Parlamento pasó de S/ 447 millones en 2021 a S/ 920 millones en 2025, un aumento del 106 %. El gasto anual por trabajador congresal alcanzó S/ 241.717 en 2025.
La magnitud del crecimiento exige distinguir entre personal indispensable y expansión administrativa. Un Parlamento moderno necesita asesores y equipos técnicos. El problema surge cuando los cargos de confianza se multiplican sin evaluación independiente de necesidad, productividad y resultados, o cuando la contratación se convierte en una extensión de cuotas políticas. El dinero destinado a sostener estructuras improductivas deja de fortalecer la función legislativa.
Por ello, el Congreso debe someterse a una auditoría integral de plazas, remuneraciones, contratos, consultorías, viajes, bienes y servicios. Deben identificarse duplicidades, digitalizar procesos y publicar periódicamente el costo de cada área. El crecimiento de cargos de confianza debe quedar sujeto a criterios objetivos de necesidad, mérito y resultados. La autonomía parlamentaria no puede convertirse en una excepción a la transparencia.
Esta discusión tiene una dimensión histórica. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso y quebró el orden constitucional. Aquel hecho no puede justificarse, pero dejó una advertencia: cuando las instituciones representativas pierden legitimidad, la democracia se vuelve vulnerable. El Perú retorna ahora a la bicameralidad, con 60 senadores y 130 diputados. Dos cámaras pueden mejorar la legislación, pero solo si elevan la calidad de la representación.
La crisis de confianza es profunda. El IEP registró, en febrero de 2026, una desaprobación del Congreso del 89 % y una aprobación de apenas el 7 %. Las denuncias e investigaciones deben respetar la presunción de inocencia; sin embargo, la acumulación de cuestionamientos, junto con percepciones de bajo desempeño y aumento del gasto, profundiza el descrédito institucional.
El gobierno que asumió el 28 de julio tiene una responsabilidad histórica. Debe impulsar, junto con el Congreso, una política de racionalización que limite la expansión administrativa, transparente contratos, revise cargos de confianza y vincule el gasto con resultados. Los recursos liberados deben priorizar seguridad, infraestructura, salud, educación y productividad.
La bicameralidad será una oportunidad si demuestra que dos cámaras significan mejores leyes y mejores representantes. Será un fracaso si simplemente multiplica estructuras, contratos y privilegios. El Perú no necesita más burocracia política: necesita instituciones competentes, austeras y transparentes. El verdadero costo de un Estado inflado no se mide solamente en soles, sino en las oportunidades que el país pierde cuando sus recursos se consumen en administrar el poder en lugar de servir al ciudadano.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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