La seguridad del Perú ya no puede entenderse como un problema aislado de delincuencia. El crimen organizado ha ampliado su capacidad financiera, territorial y logística, mientras el Estado enfrenta instituciones fragmentadas y pérdida de confianza. A esta crisis se suma la judicialización de la política y la politización de la justicia, fenómenos que deterioran los contrapesos y convierten ámbitos que deberían preservar su independencia en escenarios de confrontación. Cuando la política busca resolver sus conflictos en los tribunales y la justicia es percibida como instrumento político, la autoridad del Estado se debilita.
En ese contexto, la inseguridad ha impulsado una creciente utilización de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. Esta intervención puede ser legítima y necesaria ante determinadas amenazas, pero no debe convertirse en sustituto permanente de una política de seguridad ni de una reforma policial pendiente. La militarización del crimen aparece cuando capacidades diseñadas para la defensa nacional terminan absorbiendo tareas que requieren, principalmente, inteligencia policial, investigación criminal y persecución financiera.
El apoyo militar debe organizarse mediante un sistema nacional de requerimientos operacionales. Cada solicitud de la PNP debe precisar amenaza, misión, territorio, duración, personal, capacidades, medios logísticos, reglas de intervención y resultados esperados. La respuesta militar debe ser proporcional a la necesidad y contar con cadena de mando, coordinación y evaluación.
La implementación de este apoyo exige acciones concretas: centros de comando conjunto; anillos de seguridad en puntos críticos; protección de infraestructura estratégica; seguridad de instalaciones policiales y penitenciarias, cuando corresponda; transporte terrestre, aéreo y fluvial; comunicaciones interoperables; vigilancia y control de accesos; apoyo logístico y sanitario. Estas tareas deben liberar efectivos policiales para concentrarse en patrullaje, investigación y operaciones contra organizaciones criminales.
Pero ninguna intervención militar resolverá el problema si la Policía continúa debilitada. El Perú necesita una reforma estructural basada en meritocracia, formación continua, depuración, mejores condiciones profesionales, inteligencia criminal, criminalística, tecnología, bases de datos interoperables y unidades especializadas contra extorsión, sicariato, narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. También debe fortalecerse la coordinación entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y la inteligencia financiera.
El éxito debe medirse por resultados: reducción sostenible de homicidios y extorsiones, investigaciones concluidas, organizaciones desarticuladas, condenas firmes, recuperación de activos y recuperación territorial. Una emergencia sin indicadores, plazo de salida y evaluación termina convirtiéndose en rutina.
El Perú necesita recuperar simultáneamente la institucionalidad política y la capacidad de seguridad. Las Fuerzas Armadas deben preservar su misión de defensa de la soberanía, las fronteras y la infraestructura crítica, manteniendo capacidad para apoyar excepcionalmente a la PNP cuando la amenaza lo justifique y existan recursos adecuados. La Policía debe recuperar el liderazgo de la seguridad interna.
La verdadera autoridad del Estado no se mide por la cantidad de uniformados desplegados, sino por su capacidad para anticipar, investigar, sancionar y desarticular el crimen dentro de la ley. La hoja de ruta es clara: justicia independiente, reforma policial profunda, apoyo militar organizado y financiado, interoperabilidad institucional y evaluación permanente. Solo así el Perú podrá enfrentar el crimen con fuerza legítima sin sacrificar las instituciones que sostienen la República.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “La ilusión de la fuerza: cuando el Estado peruano extravía sus rumbos institucionales”