La geopolítica del siglo XXI ya no se libra únicamente en fronteras, puertos o salas de negociación. También se disputa dentro de los teléfonos de quienes toman decisiones. El espionaje digital ha convertido la información privada en un instrumento de presión estratégica capaz de afectar gobiernos, alianzas y procesos democráticos.
El caso Pegasus en España mostró la magnitud de esa transformación. En 2022 se confirmó la intrusión en los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de miembros de su Gobierno. Las investigaciones europeas ampliaron el problema: Pegasus y otras herramientas similares fueron utilizadas o investigadas en distintos países, revelando una industria transnacional de vigilancia que supera las fronteras de quienes desarrollan, venden y emplean estas tecnologías.
Esta dimensión internacional obliga a mirar más allá de Madrid y Rabat. Israel ocupa un lugar central por el origen de NSO Group, fabricante de Pegasus, mientras Estados Unidos ha demostrado una posición ambivalente: considera el spyware una amenaza cuando compromete sus intereses de seguridad, pero, al mismo tiempo, mantiene una estrategia de cooperación tecnológica, militar y diplomática con socios de Oriente Medio y el norte de África. Washington incluyó a NSO en su lista de entidades restringidas en 2021, precisamente por los riesgos asociados a su tecnología.
La cuestión adquiere mayor profundidad cuando se observa el triángulo estratégico entre Washington, Jerusalén y Rabat. Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y considera a Marruecos un socio relevante para la estabilidad regional. Israel, por su parte, ha profundizado la cooperación militar y tecnológica con Rabat desde los Acuerdos de Abraham. Esa convergencia no implica una coordinación directa en operaciones de espionaje, pero sí revela un ecosistema donde tecnología, inteligencia y diplomacia avanzan en paralelo, condicionando el margen de maniobra de terceros actores como España.
Para España, el riesgo consiste en quedar atrapada entre intereses convergentes de terceros mientras mantiene una relación de interdependencia con Marruecos. Migración, terrorismo, comercio, energía y control fronterizo hacen indispensable la cooperación bilateral. Pero cuando la información obtenida clandestinamente puede anticipar decisiones sobre el Sáhara Occidental, seguridad europea o política exterior, el dato robado deja de ser un secreto privado y se convierte en capacidad de influencia.
Europa ha reconocido el problema y reclama controles judiciales, supervisión independiente y mayores restricciones sobre la exportación de tecnologías de vigilancia. España debe convertir esas lecciones en una política de Estado: comunicaciones gubernamentales resistentes, auditorías forenses permanentes, capacidades propias de contrainteligencia tecnológica y coordinación estrecha con sus socios europeos.
La firmeza no exige romper con Marruecos ni convertir cada incidente en una crisis diplomática. Exige límites verificables. Madrid debe mantener el diálogo, pero defender la reciprocidad, la transparencia y la soberanía digital. También debe evitar conclusiones apresuradas: atribuir una operación de espionaje requiere evidencia técnica, inteligencia corroborada y procedimientos judiciales sólidos.
El verdadero desafío es recuperar la iniciativa. En la era del espionaje como arma de coacción, la soberanía ya no se define solo por el control del territorio, sino por la capacidad de proteger la información que sostiene las decisiones del Estado. España debe reducir dependencias tecnológicas críticas, reforzar su arquitectura de contrainteligencia y consolidar una respuesta coordinada con Europa frente a amenazas híbridas que operan en la sombra.
Solo una estrategia sostenida en el tiempo permitirá evitar que la vulnerabilidad digital se convierta en un instrumento de presión externa. La defensa de la democracia exige hoy algo más que diplomacia tradicional: exige blindar el espacio invisible donde se toman las decisiones. Allí, donde la información se convierte en poder, se juega, en realidad, la autonomía del Estado en el siglo XXI.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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