Jorge Céliz Kuong
20 de agosto de 2026
El Perú ingresa a una nueva etapa política en un entorno internacional marcado por guerras prolongadas, rivalidades geopolíticas, volatilidad energética y presión sobre los Estados para responder a inseguridad, crimen organizado y desaceleración económica. En ese escenario, la fortaleza institucional deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un activo estratégico. El FMI señala que Perú mantiene sólidos colchones macroeconómicos, pero identifica incertidumbre política, conflictividad social, inseguridad y minería ilegal como riesgos relevantes para el crecimiento. La economía puede resistir shocks; la política muestra vulnerabilidades.
Ese contexto permite comprender cómo las experiencias judiciales de un gobernante pueden modificar su forma de ejercer el poder. El denominado «síndrome del procesado» describe una conducta marcada por hipervigilancia, cautela extrema y aversión al riesgo después de enfrentar investigaciones, prisión preventiva y exposición pública intensa. El concepto resulta útil como hipótesis, pero no explica por sí solo una trayectoria política. En el caso de Keiko Fujimori, su retorno a la Presidencia en julio del 2026 demuestra que la experiencia judicial no anuló su proyecto político ni su capacidad política. Reuters describió su victoria como un retorno del fujimorismo en medio de una década de inestabilidad presidencial y fragmentación política.
La verdadera pregunta es cuándo esa influencia comienza a afectar la calidad del Estado. Un gobernante puede protegerse frente a ataques políticos o riesgos jurídicos. Pero gobernar exige asumir decisiones difíciles, delegar autoridad y aceptar costos políticos. Cuando el cálculo personal domina esas decisiones, la prudencia puede transformarse en inmovilismo.
La señal más importante aparece en la selección del equipo de gobierno. En Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Economía, la confianza política debe coexistir con experiencia, liderazgo y capacidad técnica. La lealtad partidaria puede sostener una coalición, pero no reemplaza competencia especializada. Un ministro sin autoridad institucional puede debilitar la cadena de mando; una Cancillería sin experiencia estratégica puede reducir la capacidad internacional; una política económica desconectada de la realidad social puede convertir una crisis manejable en conflicto político.
Las consecuencias son mayores cuando el Estado enfrenta amenazas que exigen coordinación. El FMI advierte que la minería ilegal alcanzó en el 2025 niveles de producción de oro similares a los de la minería legal y que el fenómeno afecta seguridad, lavado de activos, inversión y Estado de derecho. También estima que podría poner en riesgo una cartera cercana a US$12.000 millones en proyectos mineros. El problema ya no es únicamente ambiental o policial: es económico, financiero, territorial y geopolítico.
La respuesta debe ser institucional. Perú necesita profesionalizar los sectores estratégicos, establecer criterios meritocráticos para altos cargos, fortalecer inteligencia financiera y coordinación policial, proteger la autonomía de las instituciones económicas y acelerar la reforma del servicio civil. También necesita una Presidencia capaz de distinguir entre defensa política y conducción estatal. La primera busca sobrevivir; la segunda busca transformar.
En conclusión, la presión judicial sobre los líderes solo se vuelve un problema estructural cuando el Estado carece de contrapesos sólidos. La prioridad institucional debe ser clara: consolidar un servicio civil meritocrático y autónomo en los sectores estratégicos, capaz de sostener decisiones técnicas por encima de coyunturas políticas o temores personales. Sin esa base, cualquier gobierno quedará atrapado en la lógica de la defensa antes que en la del desarrollo. Un Estado que se protege a sí mismo deja de proteger a su país.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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