Durante décadas, el hielo fue sinónimo de frontera. Hoy también significa acceso, competencia y vulnerabilidad. El retroceso del hielo marino del Ártico está modificando las rutas de navegación, el valor estratégico de los puertos y las expectativas sobre recursos. En septiembre de 2025, la extensión mínima del hielo ártico fue de aproximadamente 4,60 millones de kilómetros cuadrados, la décima menor del registro satelital. Los 19 mínimos más bajos se han producido en los últimos 19 años. El dato no describe solo una crisis ambiental: revela la transformación de un espacio donde convergen intereses económicos, militares y científicos.
El Ártico tampoco se ha convertido en una autopista libre de obstáculos. El hielo residual, las tormentas, la limitada infraestructura, los seguros y los riesgos ambientales mantienen elevados los costos. Sin embargo, la apertura estacional de la Ruta Marítima del Norte y del Paso del Noroeste modifica los cálculos de las potencias. El Consejo Ártico reúne a ocho Estados: Canadá, Reino de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Federación de Rusia, Suecia y Estados Unidos. Son miembros permanentes y poseen territorios dentro del Ártico. A su alrededor también participan organizaciones indígenas con estatus de Participantes Permanentes.
La Antártida presenta una lógica diferente. El Tratado Antártico reúne 58 Partes: 29 Consultivas y 29 No Consultivas. Establece que la Antártida debe utilizarse exclusivamente con fines pacíficos, prohíbe medidas militares y protege la libertad de investigación científica. Su artículo IV preserva el statu quo sobre las reclamaciones territoriales, sin resolverlas ni permitir que las actividades realizadas durante la vigencia del Tratado sirvan para afirmarlas o negarlas. El Perú es Parte Consultiva desde 1989, una condición que le permite participar en la adopción de decisiones.
Roald Amundsen escribió: «Todo lo que he logrado en la exploración ha sido resultado de una planificación de toda la vida, una preparación meticulosa y el más arduo trabajo». Esa lección resulta pertinente para el Perú. La política antártica no puede reducirse a expediciones periódicas o presencia protocolar. Debe articular ciencia, diplomacia, defensa, logística y protección ambiental, con objetivos medibles y presupuesto sostenido.
Las consecuencias ya se sienten dentro del país. El retroceso de los glaciares andinos amenaza reservas de agua fundamentales para ciudades, agricultura, generación eléctrica y ecosistemas. La respuesta exige integrar información glaciológica, oceanográfica y climática en la gestión de cuencas; fortalecer el monitoreo satelital; actualizar mapas de riesgo y anticipar conflictos por el agua. La política exterior y la seguridad nacional deben incorporar estas variables.
También existe una dimensión económica. Si la transformación de las rutas polares altera parcialmente los flujos entre Asia y Europa, el Perú debe prepararse para un comercio marítimo más competitivo y cambiante. La modernización portuaria, la digitalización aduanera y la conectividad deben responder a esa realidad. El objetivo no es competir con los puertos árticos, sino aprovechar la posición peruana en el Pacífico y reducir vulnerabilidades logísticas.
Ban Ki-moon advirtió: «No puede haber un Plan B porque no existe un planeta B». Para el Perú, la frase debe convertirse en política pública. Ciencia para anticipar; diplomacia para influir; infraestructura para resistir; y gestión del agua para proteger el futuro. Los polos dejaron de ser territorios remotos: son escenarios donde se cruzan clima, comercio, seguridad y poder. Quien comprenda antes esa transformación tendrá mayores posibilidades de defender sus intereses cuando el mapa estratégico del planeta cambie.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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