El Perú y Chile solo convertirán su crecimiento basado en recursos naturales en desarrollo sostenible si dejan de tratar el cobre, la agroindustria y la energía como simples fuentes de exportación y los utilizan para construir productividad, conocimiento e instituciones eficaces. Esa es la tesis que debería ordenar el debate económico de ambos países. La estabilidad macroeconómica fue una conquista decisiva, pero ya no basta: el próximo salto dependerá de transformar la renta de los recursos en capacidades nacionales duraderas.
Durante las dos últimas décadas, ambas economías aprovecharon la apertura comercial, la disciplina fiscal, la estabilidad monetaria y la expansión de la demanda asiática. El resultado fue un aumento de los ingresos, mayor inversión extranjera y una presencia internacional más relevante. Sin embargo, el balance de 2026 muestra una paradoja: Perú y Chile conservaron sus anclas macroeconómicas, pero no lograron traducirlas plenamente en productividad, innovación, empleos formales y servicios públicos de calidad.
El contexto internacional vuelve urgente esa transformación. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la reorganización de las cadenas de suministro, la transición energética y la competencia por minerales críticos han convertido el Pacífico en un escenario de disputa estratégica. El cobre ofrece a Perú y Chile una ventaja extraordinaria, pero también los expone a una nueva dependencia si continúan exportando concentrados mientras otros países capturan el valor asociado a la tecnología, la manufactura avanzada y los servicios especializados.
El Perú llega a esta etapa con fortalezas relevantes. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 2,8 % para 2026 y destaca la recuperación de la inversión, los términos de intercambio favorables y unas expectativas inflacionarias ancladas. El déficit fiscal se redujo al 2,2 % del PIB en 2025 y la deuda pública se mantendría alrededor del 32 % del PIB. No obstante, la incertidumbre política, la inseguridad y la minería ilegal amenazan con reducir el crecimiento potencial.
Chile conserva mayor profundidad financiera e institucional, pero enfrenta una pérdida de dinamismo. El FMI proyecta una expansión del 1,8 % en 2026 y del 2,6 % en 2027. El precio del cobre sostiene sus cuentas externas, aunque el país necesita elevar la productividad, simplificar regulaciones, fortalecer capacidades laborales y recuperar espacio fiscal.
La diferencia entre ambos no elimina un problema común: la dificultad para convertir inversión y renta extractiva en capacidades productivas. El Perú ha diversificado sus exportaciones mediante una agroindustria competitiva; Chile mantiene ventajas en instituciones, finanzas y energía. Pero ambos siguen expuestos a los ciclos de los commodities y muestran brechas en educación, innovación, infraestructura y formalización laboral.
En el caso peruano, el actual gobierno de Keiko Fujimori debería convertir la estabilidad macroeconómica en una agenda concreta de crecimiento potencial. Su primera tarea tendría que ser recuperar la confianza mediante un gabinete económico técnicamente sólido, reglas previsibles y una relación institucional con el Congreso, las regiones, el sector privado y las comunidades. Sin gobernabilidad, los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura seguirán atrapados en conflictos, permisos interminables y decisiones contradictorias.
El Ejecutivo también debería establecer una unidad de ejecución de proyectos estratégicos con metas públicas, plazos verificables y control anticorrupción. Esa instancia tendría que priorizar corredores logísticos, puertos, agua, transmisión eléctrica, conectividad digital y obras de prevención frente a desastres. Al mismo tiempo, debe impulsar una reforma tributaria gradual que amplíe la base, reduzca la evasión y destine parte de la renta extraordinaria de los minerales a educación técnica, ciencia, innovación y desarrollo regional.
La formalización requiere un enfoque distinto al de la sanción aislada. El Gobierno debería simplificar licencias, reducir costos laborales de entrada, digitalizar trámites y ofrecer crédito y capacitación a pequeñas empresas. También debe enfrentar con firmeza la minería ilegal, no solo mediante operativos, sino controlando insumos, rutas financieras, comercialización y corrupción local.
La respuesta no consiste en abandonar la economía abierta, sino en sofisticarla. Chile necesita recuperar inversión, productividad e innovación. El Perú debe acelerar infraestructura, seguridad jurídica, educación técnica, digitalización y formalización. Ambos países deben crear mecanismos transparentes para canalizar la renta minera hacia ciencia, agua, energía limpia, puertos, conectividad y desarrollo regional.
El desafío es político tanto como económico. Si el gobierno de Fujimori logra combinar disciplina fiscal, ejecución eficiente, seguridad y reformas productivas, el Perú podrá aprovechar su posición en el Pacífico sin repetir el viejo ciclo extractivo. Si no, la bonanza de recursos volverá a ser una oportunidad perdida. El desarrollo no llegará automáticamente con el cobre: dependerá de la capacidad del Estado para convertirlo en conocimiento, productividad e instituciones eficaces.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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