La esperanza que une, economía, institucionalidad y el reencuentro de la política con el desarrollo

Un ensayo de opinión
La entrevista al expresidente Eduardo Frei permite plantear una reflexión de especial relevancia para el Perú, el desempeño económico de un país y la calidad de su sistema político mantienen una relación estrecha, aunque no necesariamente evolucionan de manera simultánea. Una economía puede conservar determinados niveles de estabilidad incluso en escenarios de incertidumbre política; sin embargo, cuando el deterioro institucional se prolonga, sus efectos terminan trasladándose inevitablemente a la inversión, al empleo, a la productividad y a las expectativas de los ciudadanos.
El Perú constituye un caso particularmente significativo. Durante las últimas décadas, el país ha construido fortalezas macroeconómicas importantes sustentadas en la disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva, la apertura comercial, la integración internacional y la iniciativa de millones de empresarios y emprendedores. Estas condiciones han permitido afrontar diversos episodios de inestabilidad política sin comprometer completamente los fundamentos económicos.
No obstante, la estabilidad macroeconómica no puede considerarse un patrimonio inagotable. La confianza constituye uno de los principales activos de una economía y depende, en buena medida, de la previsibilidad de las reglas, de la seguridad jurídica y de la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de sus decisiones. Cuando la política se convierte en confrontación permanente, aumenta el riesgo percibido, se postergan inversiones y se debilita la capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo.
La experiencia chilena expuesta por Frei ofrece elementos de análisis relevantes. El desarrollo económico no surge únicamente de la disponibilidad de recursos naturales o de determinadas ventajas comparativas. Requiere instituciones capaces de sostener políticas públicas, continuidad en las decisiones estratégicas y cooperación entre el Estado y el sector privado. La infraestructura, la integración comercial, la inversión y la formación de capital humano necesitan horizontes de largo plazo que difícilmente pueden alcanzarse cuando cada cambio político supone una ruptura de las políticas anteriores.
Para el Perú, el desafío consiste precisamente en transformar su enorme potencial en desarrollo sostenible. La minería, la agricultura, la energía, el turismo, la infraestructura portuaria y la posición geográfica del país ofrecen oportunidades extraordinarias. Sin embargo, ninguna ventaja económica puede desplegar plenamente sus beneficios si no existe una gobernabilidad capaz de generar confianza, combatir la corrupción, simplificar procedimientos y garantizar reglas estables.
Desde una perspectiva de economía social de mercado, el objetivo no debería ser contraponer Estado y empresa privada, sino establecer una relación institucional en la cual cada uno cumpla adecuadamente sus responsabilidades. El Estado debe garantizar justicia, seguridad, infraestructura, regulación eficiente e igualdad de oportunidades; mientras que la iniciativa privada debe generar inversión, productividad, innovación y empleo. El desarrollo requiere de ambos.
Asimismo, resulta indispensable recuperar la dimensión social del crecimiento. Una economía puede exhibir indicadores favorables y, simultáneamente, mantener profundas brechas territoriales y sociales. Por ello, la política económica debe orientarse a convertir el crecimiento en oportunidades concretas para la población: educación de calidad, salud, infraestructura, empleo formal y servicios públicos eficientes.
Conclusiones
La principal conclusión es que economía y política no pueden permanecer indefinidamente separadas. La estabilidad económica necesita instituciones sólidas, y la estabilidad política necesita resultados económicos que mejoren la vida de los ciudadanos.
El Perú no requiere una política basada en la confrontación permanente, sino en la construcción de acuerdos sobre asuntos fundamentales: crecimiento, inversión, seguridad jurídica, infraestructura, educación, empleo y reducción de desigualdades. La unidad nacional no implica uniformidad ideológica; significa reconocer que existen objetivos superiores que deben situarse por encima de las diferencias circunstanciales.
La esperanza, en este contexto, no constituye una actitud ingenua, sino una categoría política y económica sustentada en la capacidad de recuperar confianza. Cuando las instituciones funcionan, cuando las reglas son respetadas y cuando la política vuelve a colocar al ciudadano en el centro de sus decisiones, la economía encuentra mejores condiciones para desarrollarse.
El verdadero reto del Perú es lograr que su fortaleza económica deje de coexistir con su fragilidad política. El desarrollo sostenible exige que ambas dimensiones avancen juntas. Allí reside una posibilidad concreta de construir un país más integrado, competitivo, institucionalmente responsable y capaz de transformar sus enormes recursos y oportunidades en bienestar para todos.
Con responsabilidad Rafael Aita Campodónico.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.