Lo que nunca debió ocurrir, veinte años después del incendio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Se cumplen veinte años de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Chiclayo: el incendio de la Municipalidad Provincial. El paso del tiempo obliga a recordar lo ocurrido con serenidad, responsabilidad y un profundo compromiso con la verdad. No para reabrir heridas, sino para extraer las lecciones que permitan evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse.

Tuve el honor de presidir la comisión encargada de analizar los hechos. Desde el inicio comprendimos que nuestro papel no era determinar culpabilidades individuales. Esa es una tarea que corresponde constitucionalmente al Ministerio Público, encargado de investigar, y al Poder Judicial, responsable de establecer responsabilidades y sanciones cuando corresponda. Nuestra misión fue distinta: reconstruir los acontecimientos, identificar las fallas institucionales y proponer medidas para que la violencia nunca más sustituya al diálogo.

El análisis permitió advertir que ningún desastre de esta magnitud responde a una única causa. Los conflictos sociales, la polarización, la falta de prevención, las deficiencias en la gestión del riesgo y la ausencia de mecanismos eficaces de diálogo fueron factores que, combinados, contribuyeron a una tragedia que jamás debió ocurrir. Cuando la intransigencia desplaza a la razón, todos terminan perdiendo.

Tras conversar con el periodista Fernando Noblecilla, reafirmo una convicción: la memoria debe servir para construir y no para dividir. Recordar significa comprender el contexto, valorar las lecciones aprendidas y fortalecer las instituciones democráticas. Solo así el pasado adquiere sentido para las nuevas generaciones.

La principal conclusión es que las diferencias políticas, laborales o sociales nunca pueden resolverse mediante una confrontación que ponga en riesgo la vida de las personas o destruya el patrimonio público. El Estado tiene el deber de prevenir los conflictos, garantizar la seguridad y promover espacios de diálogo; la sociedad, por su parte, tiene la responsabilidad de defender sus derechos dentro del marco de la ley.

A veinte años de aquellos acontecimientos, el mejor homenaje a quienes sufrieron las consecuencias de esa jornada es reafirmar el compromiso con la institucionalidad, la verdad y la convivencia democrática. Las responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes; las responsabilidades históricas, en cambio, pertenecen a toda la sociedad, que debe aprender de sus errores para no repetirlos.

Porque lo que ocurrió aquel día nunca debió suceder. Y la mejor forma de honrar la memoria es trabajar para que la intolerancia jamás vuelva a imponerse sobre el diálogo, la razón y el respeto por la vida.

Con responsabilidad.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.