El Perú atraviesa una peligrosa paradoja: mientras la ciudadanía exige respuestas inmediatas frente a la criminalidad, el poder político interpreta la urgencia como una oportunidad para ampliar su margen de maniobra con menores contrapesos. La reciente solicitud del Ejecutivo para legislar durante 120 días abarca materias tan diversas como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.
Si bien la velocidad resulta importante ante escenarios de inseguridad y crimen transnacional, la rapidez sin controles puede desembocar en improvisación institucional. El 9 de septiembre, durante la sustentación del pedido ante la Comisión de Constitución, varios diputados solicitaron al Ejecutivo mayor precisión y delimitación de las materias propuestas, especialmente en aquellos asuntos que exceden las medidas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana y las emergencias.
La urgencia en materia de seguridad es real. Durante 2025, el INEI reportó que el 25,3 % de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo. La extorsión, el sicariato y la delincuencia organizada condicionan la vida cotidiana de millones de peruanos. En ese contexto, resulta comprensible que el Ejecutivo busque herramientas más ágiles para intervenir en ámbitos como inteligencia policial, investigación criminal, lavado de activos o control penitenciario.
Sin embargo, otra discusión aparece cuando esa misma delegación incorpora modificaciones de mayor alcance en materias laborales, tributarias o financieras. Las reformas que pueden modificar reglas económicas y distribuir costos y beneficios durante años requieren especial cuidado, sustento técnico, transparencia y un debate suficientemente amplio.
Un ejemplo de esta tensión se encuentra en la discusión sobre los topes a las tasas de interés. El Ejecutivo propone modificar el marco vigente con el argumento de que los límites pueden excluir del sistema financiero formal a determinados consumidores y microempresas de mayor riesgo. En sentido contrario, existen cuestionamientos sobre si eliminar esos límites garantizaría realmente mejores condiciones de acceso al crédito y sobre los efectos que podría tener para los prestatarios más vulnerables.
Precisamente por tratarse de un asunto con consecuencias económicas y sociales importantes, la discusión debería transparentar la evidencia que sustenta cada posición: quiénes quedarían incorporados al crédito formal, cómo podrían variar las tasas, qué sectores resultarían afectados y qué mecanismos de protección al consumidor continuarían vigentes. La controversia técnica merece ser discutida como tal y no quedar diluida dentro de la urgencia generada por otros problemas nacionales.
Ante este escenario, el Congreso tiene una responsabilidad determinante. Su función no debería reducirse ni al rechazo automático de la propuesta ni a su aprobación sin modificaciones. El verdadero desafío consiste en examinar cada materia, exigir que esté suficientemente delimitada y establecer los mecanismos de control correspondientes.
La seguridad ciudadana, la respuesta frente a emergencias y determinadas medidas administrativas pueden requerir procedimientos particularmente ágiles. Las reformas estructurales, en cambio, plantean una discusión diferente porque sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá del periodo de 120 días solicitado por el Ejecutivo.
Gobernar no significa solamente disponer de instrumentos rápidos de decisión. También implica ejercer el poder dentro de límites institucionales, transparentar los objetivos perseguidos y asumir responsabilidad por los resultados. Del mismo modo, fiscalizar no debería significar impedir por principio que el Ejecutivo cuente con herramientas para atender situaciones urgentes.
La cuestión de fondo, por tanto, no debería reducirse a estar a favor o en contra de las facultades legislativas. La pregunta relevante es qué facultades, para qué materias, durante cuánto tiempo y bajo qué controles.
Ese es el debate que corresponde al Parlamento.
En una democracia, la urgencia puede justificar procedimientos excepcionales, pero no debería eliminar la rendición de cuentas. Cada decreto legislativo que eventualmente se apruebe tendría que permitir evaluar sus objetivos, alcances, costos e impactos esperados.
El equilibrio institucional exige un Ejecutivo con capacidad para actuar y un Congreso capaz de fiscalizar sin paralizar.
Porque cuando la urgencia pública y la conveniencia política comienzan a confundirse, la primera obligación de las instituciones es hacer claramente visible la diferencia.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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