Hablar de defensa nacional mientras se posterga al militar es una contradicción que el Perú ya no puede permitirse. Un país no defiende sus fronteras, enfrenta amenazas ni responde a emergencias solamente con fierro, tecnología o presupuestos. Lo hace con personas. Oficiales, suboficiales y soldados son quienes convierten una inversión en capacidad real. Por eso, dignificar al militar no es un favor: es una decisión estratégica de Estado.
El Perú enfrenta un escenario cada vez más complejo. El narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado, los remanentes terroristas y los desastres naturales exigen presencia, disciplina y capacidad de respuesta. Las Fuerzas Armadas operan en el VRAEM, las fronteras, la Amazonía y otras zonas críticas, muchas veces bajo condiciones que pocos ciudadanos conocen. Pretender que esa responsabilidad puede sostenerse indefinidamente sin mejorar las condiciones de quienes la asumen es, simplemente, irresponsable.
La dimensión internacional también ha cambiado. PANAMAX 2026 reunió fuerzas de 19 países para entrenar operaciones marítimas, aéreas, terrestres y cibernéticas. UNITAS 2026, con participación de 24 países, refuerza la interoperabilidad y el trabajo combinado con fuerzas extranjeras. Ya no basta saber marchar, disparar o conducir un vehículo. La defensa moderna exige oficiales capaces de planificar, suboficiales especializados, técnicos, operadores y líderes preparados para tomar decisiones en escenarios conjuntos, multinacionales y tecnológicamente exigentes.
Aquí aparece una verdad incómoda: el capital humano puede perderse mucho más rápido de lo que se forma. Preparar a un oficial, un suboficial o un especialista demanda años de educación, entrenamiento y experiencia, además de una importante inversión de recursos públicos. Cuando ese profesional abandona la institución en busca de mejores oportunidades, el Estado no pierde solamente a una persona. Pierde conocimiento, liderazgo, experiencia operativa y parte de la inversión realizada. La fuga de talento también debilita la defensa.
El reajuste remunerativo de 2026 debe reconocerse. El Decreto Supremo N.º 112-2026-EF elevó los ingresos del personal militar. Un alférez pasó a percibir una remuneración consolidada de S/ 3,263.36 y un mayor, de S/ 4,816.38. Pero una mejora salarial no resuelve, por sí sola, el problema. Una carrera de servicio necesita mirar también hacia el retiro. El Decreto Legislativo 1133, modificado en 2026 por la Ley N.º 32561, forma parte de esa discusión, porque la previsión y la estabilidad futura influyen necesariamente en las decisiones profesionales de las nuevas generaciones.
Algo similar ocurre con el servicio militar acuartelado. En 2026 se actualizó, después de más de una década, la asignación económica mensual de quienes prestan este servicio. Para soldados, grumetes y avioneros de tropa regular, el monto quedó establecido en S/ 384 mensuales. Es una mejora que debe valorarse, pero equivale aproximadamente a S/ 12.80 diarios. Para un joven que puede optar por un empleo inmediato, la pregunta resulta inevitable: ¿qué tan competitivo es ese incentivo frente al esfuerzo, la disciplina, la disponibilidad y las restricciones propias de la vida militar?
El problema, entonces, no es solamente cuánto se paga hoy, sino qué futuro se ofrece. Si un joven percibe que, después de años de formación, sacrificio y exposición al riesgo, tendrá pocas certezas profesionales o previsionales, buscará otras opciones. Y si esa percepción aparece incluso antes de ingresar a una escuela militar, el problema es todavía mayor. Una institución que no logra atraer y retener a jóvenes capacitados termina comprometiendo su propia capacidad futura.
Modernizar la defensa tampoco puede reducirse a comprar fierro. Una aeronave sin pilotos preparados, un buque sin especialistas, un sistema tecnológico sin operadores competentes o una unidad sin liderazgo constituyen capacidades incompletas. El Estado debe entender que cada sol destinado a equipamiento debe estar acompañado por una inversión adecuada en las personas que lo operarán. Tecnología y capital humano no compiten por prioridad: se necesitan mutuamente. Esa debería ser una regla básica de cualquier política seria de defensa.
La solución exige decisión política. Revisar permanentemente el régimen previsional con criterios de equidad, sostenibilidad y predictibilidad; mantener remuneraciones acordes con las responsabilidades asumidas; fortalecer la salud, la vivienda, los seguros y la educación; y crear incentivos que permitan retener a los especialistas que el propio Estado ha formado.
El servicio militar debe convertirse, además, en una verdadera puerta de oportunidades mediante capacitación técnica, certificación laboral y posibilidades de acceso a la educación superior. Si el Estado quiere servidores comprometidos, debe construir una carrera que valore el sacrificio y ofrezca perspectivas reales de desarrollo.
El Perú necesita dejar de mirar al militar únicamente cuando hay una emergencia, una frontera que vigilar o una crisis que atender. La defensa requiere una política de Estado sostenida, no respuestas coyunturales.
Dignificar al soldado, al oficial y al suboficial significa reconocer que ellos constituyen una de las principales capacidades estratégicas del país. Podemos comprar mejores armas, aeronaves, buques y sistemas tecnológicos, pero sin personas preparadas para operarlos, conducirlos y emplearlos adecuadamente, serán solamente fierro caro.
Servir a la patria debe seguir siendo una carrera de honor, pero también una carrera con futuro.
Esa no es una demanda corporativa. Es una exigencia de seguridad nacional.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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