Cuatro años y medio después de que Rusia invadiera Ucrania, el mundo sigue pagando la factura de un conflicto que muchos peruanos perciben como lejano. No lo es. Lima está a más de doce mil kilómetros de Kiev, pero cada bolsa de urea que compra un agricultor de Ica o Lambayeque puede reflejar, directa o indirectamente, las consecuencias de esa guerra. Esa es una de las principales lecciones de estos años convulsos: la geografía ya no protege a nadie de los efectos de una economía global profundamente interconectada.
El diagnóstico es conocido, pero vale la pena recordarlo. La guerra dejó hace tiempo de ser una ofensiva relámpago para convertirse en un prolongado conflicto de desgaste. El frente permanece relativamente estancado en amplias zonas, aunque continúan las operaciones militares y los ataques contra infraestructura estratégica. Al mismo tiempo, Washington ha reactivado sus esfuerzos diplomáticos: enviados estadounidenses visitaron recientemente Moscú y Kiev con la intención de reanudar las negociaciones. Sin embargo, persisten profundas diferencias sobre el Donbás, el control territorial y las garantías de seguridad para Ucrania. Nadie debería apostar todavía por una paz cercana.
El análisis serio exige mirar más allá de los mapas militares. Una de las cifras que mejor resume el terremoto geopolítico es el gasto en defensa. Europa atraviesa uno de los mayores procesos de rearme de las últimas décadas. En 2025, el gasto militar europeo aumentó 14 % y alcanzó los US$864 mil millones. Alemania elevó su gasto en 24 %, hasta US$114 mil millones, mientras que España superó el 2 % de su PBI en defensa por primera vez desde 1994, de acuerdo con los cálculos de SIPRI. Las prioridades presupuestarias europeas han cambiado y la seguridad ocupa ahora un espacio que antes parecía impensable.
Las implicancias de ese reordenamiento llegaron rápidamente hasta nuestras chacras. Antes de la invasión, Rusia y Ucrania representaban alrededor del 30 % de las exportaciones mundiales de trigo. En fertilizantes, la dependencia mundial era distinta pero igualmente importante: Rusia y Bielorrusia concentraban una participación significativa del mercado internacional, particularmente en fertilizantes potásicos y nitrogenados. La guerra, las sanciones, los costos energéticos y las alteraciones logísticas provocaron fuertes incrementos de precios y problemas de abastecimiento.
El Perú sintió directamente ese impacto. Durante el primer semestre de 2022, las compras de fertilizantes desde Rusia disminuyeron 22 %, mientras que el volumen total importado de fertilizantes cayó 25,5 %. Las importaciones físicas de urea también retrocedieron significativamente, al mismo tiempo que los precios internacionales se disparaban. Nuestro país tuvo que buscar proveedores alternativos en mercados como Chile, Marruecos, Estados Unidos, la Unión Europea y China.
El impacto no se limitó al agricultor. En 2022, representantes de la FAO en el Perú advirtieron que una eventual profundización de la crisis alimentaria podía afectar a alrededor de 15,5 millones de peruanos, en un escenario agravado por los altos precios de los fertilizantes, la inflación y las secuelas económicas de la pandemia. Es decir, lo que comenzaba con el precio internacional de un insumo terminaba llegando a la mesa de millones de familias.
Cuatro años después, la vulnerabilidad continúa. En 2026, el conflicto en Oriente Medio provocó un nuevo salto en los precios internacionales de los fertilizantes. La urea llegó a superar los US$700 por tonelada en determinados mercados durante los primeros meses del año e incluso alcanzó niveles superiores a US$900 en algunas referencias durante abril. Posteriormente, los precios retrocedieron: hacia el 10 de septiembre, la urea granular de Medio Oriente se situaba alrededor de US$445 por tonelada. La volatilidad, más que un precio específico, es precisamente el problema.
Aquí cabe una valoración crítica: el Estado peruano ha respondido demasiadas veces con medidas coyunturales y no con una estrategia de largo plazo. Cuando sube abruptamente el precio internacional de un insumo estratégico, aparecen subsidios, adquisiciones extraordinarias o mecanismos de emergencia. Sin embargo, seguimos dependiendo fuertemente de proveedores externos para insumos esenciales de nuestra agricultura.
Y esa vulnerabilidad no es responsabilidad de Putin, Zelenski ni de ninguna potencia extranjera. Es un problema que el Perú debe resolver.
Esta situación no puede quedarse en el lamento. El país necesita avanzar en tres direcciones. Primero, diversificar todavía más sus fuentes de abastecimiento de fertilizantes y evaluar seriamente la viabilidad económica de desarrollar producción nacional de urea aprovechando nuestros recursos de gas natural. Segundo, diseñar mecanismos capaces de amortiguar shocks internacionales extraordinarios sin recurrir cada vez a improvisaciones fiscales. Y tercero, entender que la política exterior, la seguridad energética y la seguridad alimentaria están hoy profundamente conectadas.
Una guerra a doce mil kilómetros puede modificar el precio que paga un agricultor peruano por sus fertilizantes. Un bloqueo marítimo en Oriente Medio puede encarecer la energía. Una decisión tomada en Moscú, Washington o Pekín puede terminar repercutiendo en el mercado de una ciudad peruana.
Esa es la nueva realidad estratégica.
La guerra en Ucrania puede terminar pronto o prolongarse durante años. Pero, tarde o temprano, llegará otra crisis internacional capaz de alterar los mercados de energía, alimentos o fertilizantes.
La pregunta ya no es si volverá a ocurrir. La pregunta es si, cuando ocurra, el Perú estará mejor preparado.
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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