En julio pasado, bajo el liderazgo de China, se convocó en Shanghái a otros 28 países para la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (IA), al término de la cual se formalizó la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO, por sus siglas en inglés), organismo destinado a ofrecer estándares técnicos, normas de gobernanza, así como estrategias de desarrollo y colaboración internacional orientadas a promover un avance equitativo y seguro de la inteligencia artificial.
Hace pocos días, en el marco de la segunda Cumbre de IA llevada a cabo en nuestra capital, denominada “Forjando el futuro digital”, se anunció la firma de un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial, entre la Embajada de los Estados Unidos y la Presidencia del Consejo de Ministros, en adelante PCM.
Atendiendo a ello, es importante recordar que, en materia de IA, el 5 de julio de 2023 se publicó la Ley Nº 31814, para promover el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país (el resaltado es nuestro). Como se expuso en su momento, dicha Ley declaró de interés nacional promover el talento digital para el aprovechamiento de las tecnologías emergentes; fomentar el uso y desarrollo de la inteligencia artificial para la mejora de los servicios públicos y de toda actividad económica y social a nivel nacional; contribuir a una actividad económica global y sostenible; aumentar la innovación y la productividad; ayudar a responder a los principales desafíos globales; y difundir su uso en el marco del proceso nacional de transformación digital, privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos.
Cabe destacar que la Ley fortaleció el rol de la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en adelante SGTD, constituyéndola como ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital.
En el año 2025 aparecieron, sin embargo, datos preocupantes como consecuencia de la Encuesta Nacional de Activos Digitales (ENAD), realizada por la SGTD a entidades de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno -nacional, regional y local-, que incluyó preguntas sobre la implementación de soluciones y tecnologías de IA. Los resultados expusieron una realidad que merecía atención: de 491 entidades que reportaron información, solo el 6% declaró usar la IA. Asimismo, se advirtió la ausencia de profesionales expertos en esta materia; se constató la limitada infraestructura en la nube; la carencia de supercomputadores y de centro de datos, situación que generó una legitima preocupación en el Gobierno de la presidenta Boluarte.
Frente a este escenario, desde la PCM se asumió el reto de dotar al país de una visión de futuro. Así, mediante el Decreto Supremo Nº 115-2025-PCM publicado el 9 de setiembre de 2025, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 31814. Esta norma puso en marcha una serie de disposiciones, entre las que destacan la clasificación de los usos de la inteligencia artificial, la protección de los derechos humanos, el fomento de la competitividad y la empleabilidad digital, así como la promoción de la innovación tecnológica del país.
Como quiera que la adaptación a estos procesos requerían tiempo y asignación presupuestal, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Reglamento estableció un cronograma de implementación gradual para las entidades de la Administración Pública. Cabe destacar que al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como a los Organismos Constitucionalmente Autónomos, se les otorgó un plazo no mayor de un año, contado a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Supremo. Asimismo, se dispuso que, dentro del mismo plazo, la PCM debía aprobar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA[1]) y la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos (ENGD[2]).
Por otro lado, en diciembre de 2025, por iniciativa del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se publicó el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, que ofreció nuevos datos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de avance de la IA en 19 países de América Latina y el Caribe. Respecto del nuestro país señaló que “el Perú se caracteriza por una proporción alta de centros sostenibles dentro de un ecosistema industrial aún incipiente. Si bien ha hecho referencia a la transformación digital sostenible en planes TIC y discursos oficiales, aún no cuenta con programas concretos para data centers verdes. La industria mantiene un tamaño moderado y los centros certificados suelen pertenecer a grandes empresas o multinacionales, mientras que la mayoría de las instalaciones locales carecen de certificaciones”.
A once meses de vigencia del Reglamento, el Catálogo de aplicaciones con inteligencia artificial en el Estado Peruano publicado en el portal estatal desde el 24 de agosto de 2026, solo registra veinticinco entidades, entre las que figuran el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, la propia PCM y cinco de los dieciocho ministerios. El dato merece una reflexión. Ello no significa necesariamente que las demás entidades no utilicen IA: algunas probablemente aún no han incorporado estas herramientas, mientras que otras podrían utilizarlas sin haberlas reportado. La propia ausencia de la SUNAT, que cuenta con su plataforma Sofia, evidencia que el catálogo no refleja todavía la totalidad de aplicaciones existentes. Más que una cuestión estadística, estamos frente a un problema de información y gobernanza: el Estado necesita conocer qué sistemas utiliza, con qué finalidad y bajo qué criterios se gestionan sus riesgos, resultados y responsabilidades. Sin esa información resulta difícil diseñar una política pública integral y medir su verdadero nivel de implementación.
Podemos advertir, entonces, que, a pesar de los avances normativos realizados desde la aprobación de la Ley Nº 31814 y la posterior entrada en vigor de su Reglamento, la brecha digital en nuestro país aún sigue mostrándose marcadamente desfavorable y no es únicamente tecnológica. En efecto, la cultura de la IA no ha germinado aún en algunas instituciones, algunos directivos incluso se muestran renuentes a aceptar la transformación tecnológica, y otros no vislumbran que la IA dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad palpable.
En este escenario debe entenderse también el reciente Memorando de Entendimiento suscrito entre la PCM y la Embajada de los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en IA. La iniciativa abre posibilidades para incorporar conocimiento, infraestructura y experiencias internacionales. Al mismo tiempo, se produce en un contexto global en el que la IA, los semiconductores, los datos y la infraestructura digital adquieren una importancia creciente en las relaciones entre las principales potencias. Para el Perú, que mantiene importantes vínculos económicos y de cooperación tanto con los Estados Unidos como con China, esta realidad no debería plantearse necesariamente como una disyuntiva. Por el contrario, plantea el desafío de construir una posición propia: cooperar con distintos socios, aprender de sus experiencias y aprovechar lo que cada relación puede aportar, preservando nuestra capacidad para definir una política de inteligencia artificial que responda a las prioridades y objetivos de desarrollo del país.
Por ello, debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia una estrategia sistémica que comprenda a todas las instituciones del Estado por igual, y convierta las disposiciones existentes en capacidades reales. Ello requiere, aprobar una gran inversión urgente y uniforme en infraestructura, equipamiento y conectividad; formación de profesionales, técnicos y docentes; fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos; formación en IA desde la escuela con un énfasis especial en ámbitos rurales y amazónicos, y desde luego, en los institutos técnicos y claustros universitarios. No se trata solamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de formar una cultura responsable de la IA que permita al país aprovechar sus beneficios sin perder de vista a la persona, los derechos humanos y nuestros propios objetivos de desarrollo.
La transformación que enfrentamos no admite espectadores. No podemos darnos el lujo de quedarnos a la saga de la modernidad y no podemos dejar para mañana lo que se necesitaba para ayer. Parafraseando el aria final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, en la era de la IA solo cabe una exhortación: Nessun dorma, que nadie se duerma.
Eduardo Arana
Abogado de profesión, cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Maestría en Ciencia Política. Master en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Docente Universitario 22 años en la Cátedra de Derecho Constitucional Secretario Técnico en el CNM. Asesor Principal Congreso 2016-2017-2018 y 2021 y Jefe de Gabinete asesores Poder Judicial, Ex Presidente del Consejo de Ministros, Ex Ministro de Justicia.
La IA hay que asumirla con la responsabilidad que reconoce que es un proceso de nuestra realidad. Su uso colectivo deberá siempre estar orientado al desarrollo de los pueblos y a la preservación de la condición humana. En consecuencia, planteamientos como el presente debe ser tomado en cuenta tanto en la gestión pública como en la academia para no quedarnos a la saga del concierto mundial ni subordinados a uno de sus poderosos ejes.