En periodos gubernamentales precedentes hubo inestabilidad política, económica y social. Los responsables fueron los políticos “electos” para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que en lugar de resolver los problemas nacionales que agobian al pueblo, persistían en mutuas confrontaciones políticas.
La confrontación política genera inestabilidad institucional política, económica y (descontento) social por la polarización y falta de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo por la carencia de respuestas efectivas ante demandas económicas y sociales alimentando la desconfianza en los sistemas democráticos. Los partidos políticos enfrentaban divisiones internas y cuestionamientos sobre sus “alianzas” y había fricciones constantes y divisiones en bancadas parlamentarias y pases de congresistas hacia otros grupos políticos por cuestionamientos cruzados entre legisladores. Se hacían “pedidos” de vacación y/o censura tanto al Presidente de la República como de sus ministros.
El nuevo Poder Ejecutivo con la Presidenta Keiko Fujimori, conforme artículo 104° de la Constitución, ha presentado al Congreso un proyecto de ley para que deleguen por 120 días calendarios facultades legislativas para 66 pedidos específicos: Seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia, Prevención ante el Fenómeno del Niño, Fortalecimiento económico y régimen tributario, medidas para simplificar los regímenes tributarios, modernizar las aduanas y atraer inversión privada, desarrollo productivo y MYPEs, Promoción del empleo, Simplificación administrativa y transformación digital, reducción de trabas burocráticas y digitalización de trámites tanto en el sector público como en el privado, modernización del Estado y del Servicio Civil, También normar para mejorar la meritocracia en la función pública. El proyecto incorpora materias relacionadas con agricultura, recursos hídricos, infraestructura, pesca, minería, actualizar la normativa para brindar la seguridad jurídica requerida para activar inversiones privadas.
La solicitud ya ha sido sustentada al Parlamento por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar de Jesús Reto Otero, comunicó que el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento para el trámite correspondiente. Sin embargo, advirtió que la documentación remitida no contiene el acta de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el carácter de muy urgente de la propuesta legislativa.
Los partidos Juntos por el Perú y del Buen Gobierno han señalado que el pedido es «muy amplio y genérico»(¿?). Consideran que ceder tantas atribuciones constitucionales podría restar protagonismo a la nueva Cámara de Diputados y alterar el equilibrio de Poderes.
Se está evidenciando que se estaría persistiendo en “mantener” tensiones y debates intensos tanto al interior del Congreso como en la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Se conoce públicamente que el 05/07/2026 los partidos Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú, han establecido una “coalición parlamentaria” que actuará desde el Congreso lo que significa que 14 senadores de Juntos por el Perú, 5 de Obras y 4 de Ahora Nación —un total de 23 senadores—, así como los 32 diputados de Juntos por el Perú, 14 de Obras y 10 de Ahora Nación —un total de 56 diputados—, actuarán como “coalición parlamentaria”. En el Senado no alcanzarán la mayoría y, en la Cámara de Diputados, habrá un empate. Ante esa coalición, los 22 senadores de Fuerza Popular podrían contar con el apoyo de los 8 senadores de Renovación Popular —un total de 30—, es decir, exactamente la mitad de los 60 senadores. En la Cámara de Diputados, los 41 representantes de Fuerza Popular, si cuentan con el apoyo de los 15 de Renovación Popular —un total de 56—, igualarían a los 56 integrantes de esa coalición. En ambas cámaras, los 7 senadores y 15 diputados del Partido Buen Gobierno serán quienes inclinen la balanza para obtener la aprobación de diversas iniciativas, entre ellas las relacionadas con probables confrontaciones entre el partido de la nueva presidenta de la República y los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.
La inestabilidad política repercute en la economía del Perú porque empresarios nacionales han huido del país y los extranjeros persisten en no invertir en el Perú debido a la situación política; no están alentados para hacerlo porque en la realidad no se les garantiza que se respetara sus inversiones. Si hay nuevas inversiones determina que se explote más la minería, pesquería, agroindustria, textil, turismo, etc. cuyas producciones con valor agregado en nuevos centros de trabajo producirán bienes para los mercados nacionales e internacionales y se necesitará muchísimos más trabajadores percibiendo remuneraciones racionales con lo se incrementará el consumo de bienes. Todo lo expuesto mejorará la economía nacional y combatirá la desocupación y la pobreza.
Al parecer ya continua la confrontación política y podría haber una inestabilidad política que hará mucho daño al Perú y a los peruanos.
¡Es hora de luchar contra las inestabilidades que sufre el país!.
José Roberto Rendón Vásquez.
Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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