Cecilia Palacios Columnas

Suicidio político

Tras días de demandas, insistencia y crítica por lo que consideraron un retraso inaceptable del Ejecutivo del pedido de facultades legislativas han transcurrido 15 días de solicitadas al Parlamento y lo único que ha hecho la mayoría opositora ha sido entramparlas; lo primero es haber solicitado el pronunciamiento de 11 comisiones internas de las cuales 7 ya se pronunciaron contra la delegación de las facultades, los argumentos esgrimidos para rechazarlas son de toda naturaleza, menos técnica. Está primera decisión del mal llamado “bloque democrático”, que más bien debería llamarse con toda justicia bloque obstruccionista, al haber solicitado el pronunciamiento de 11 comisiones ordinarias a sabiendas que sus “dictámenes” no son vinculantes parece tener como consigna distraer el debate en un supuesto análisis de los temas solicitados cuando a priori tiene la decisión y la consigna de no otorgar las facultades en el ánimo de entorpecer al Ejecutivo, su posición política es clara: si “el pueblo” es el perjudicado en el camino, qué importa.

La historia reciente señala que la oposición de turno en los últimos 20 años siempre otorgó a los nuevos gobiernos facultades legislativas en una variada gama de temas: de carácter no sólo urgente sino económicos, tributarios, de saneamiento, agrarios, de seguridad, etc.; a nadie se le ocurrió decir entonces que pedir 120, 90 o 70  facultades era un exceso, a nadie se le ocurrió tampoco negarlas, ni siquiera a la oposición fujimorista tildada de “obstruccionista” por varios años. En 2016 Pedro Pablo Kuczynski solicitó 120 facultades legislativas a un Congreso con mayoría fujimorista, con los votos de 73 de esos “obstruccionistas”, Peruanos por el Cambio obtuvo el 92% de las facultades solicitadas en menos de 30 días; paradójicamente, uno de los beneficiarios de tales facultades otorgadas fue don Jorge Nieto Montesinos, entonces titular del Ministerio de Defensa, gracias al apoyo rápido e incondicional del Congreso, pudo enfrentar con eficacia los embates del Niño Costero a inicios de 2017 al posibilitar abreviar una serie de procesos administrativos para movilizar con eficiencia al Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil; hoy, el mismo personaje en calidad de líder opositor que fue beneficiario de esas facilidades unos días asegura que otorgará facultades para que el Ejecutivo “no tenga excusas de no hacer nada” y dos días después se le pasa el desprendimiento y se retracta; lamentablemente, el líder del Buen Gobierno ha perdido norte político en su prematura ambición de llegar a la presidencia en 2031.

El desconocimiento de procesos parlamentarios y de los reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores ha contribuido también a ralentizar el pedido de facultades pero nada se compara con la visible falta de voluntad de las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno  y Obras de analizar con seriedad el pedido y desglosar en la misma Comisión de Constitución qué materias están dispuestos a conceder y cuáles no; la última de ese sello obstruccionista es solicitar al Ejecutivo que retire lo presentado, rehaga la solicitud y vuelva a presentar lo que en la teoría y en la práctica tiene una manifiesta intención de trabar todo y no conceder nada; el tiempo apremia, en tres días vencerá el plazo para que la Comisión de Constitución apruebe el dictamen y lo envíe al Pleno; no hay posibilidad de prórroga, así que el nuevo pedido en el fondo es una triquiñuela para que la oposición no quede deslucida negándolas y, al parecer, de eso se trata.

Es innegable que la Cámara Baja tiene la atribución de conceder o negar las facultades solicitadas al Ejecutivo, es innegable que tal como se está revelando  la oposición podría mandar el pedido al archivo pero es innegable que la Cámara de Senadores está habilitada para revisar y modificar aquellos dictámenes que se aprueben en la Cámara de Diputados, el reglamento es preciso aunque a Nieto, López Chau o Sánchez les dé la pataleta. Otrosí, negarle facultades a un gobierno con reciente inicio marcará en la historia una primera vez que quebrará la actitud  colaboracionista que han tenido todas las fuerzas opositoras en los últimos 25 años y esa factura tendrá un alto costo político para las bancadas opositoras representadas en la actual Cámara Baja que en adelante no podrán despercudirse del mote obstruccionista ni de la censura popular si no entienden que su perverso cálculo político no solo perjudica a la administración Fujimori, perjudica al país entero, perjudica a millones de peruanos que esperan rapidez y eficiencia en la atención no sólo de los problemas urgentes sino en aquellos que forman parte de su vida cotidiana por lo cual no perdonarán el sistemático bloqueo que están imprimiendo desde sus curules.

Que a la oposición no se le olvide que negarle las facultades a un gobierno que recién inicia será un suicidio político y que esa factura de corte obstruccionista la pagará con creces en los próximos años y en sus aspiraciones presidenciales con miras al 2031, si no lo creen, pregúntenle a Fuerza Popular lo que le ha costado cargar esa mochila por años, golpe avisa.

Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.

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