La sombra sobre el Liceo Naval

Aún conservo en la memoria los años en que vestí el uniforme del Liceo Naval Almirante Guise. En aquel entonces, la sede se levantaba impecable en Bellavista, Callao, justo al frente del Centro Médico Naval. La disciplina era la columna vertebral de nuestra formación escolar. Bajo la dirección implacable de María Antonieta Torres Llosa, a nadie se le habría cruzado por la mente subvertir el orden ni quebrantar el respeto mutuo. Recuerdo con claridad el patrullaje de los monitores, recorriendo las instalaciones y flanqueando las canchas de fútbol para resguardar la conducta entre primaria y secundaria. Imperaba una disciplina estructurada, orientada a formar ciudadanos íntegros.

Por ello, la atrocidad ocurrida recientemente resulta insoportable. Que un alumno de cuarto de secundaria sufra un horrendo hecho de agresión y vejación sexual en grupo a manos de sus propios compañeros de quinto de secundaria, dentro de un bus escolar y bajo la supuesta mirada ciega de adultos a cargo, elimina por completo la esencia de lo que un día representó esa institución.

La barbarie de este ataque cruel no tiene justificación alguna. Quienes intenten atenuar la gravedad de esta agresión en pandilla olvidan que la impunidad solo engendra más violencia. Sobre los diez adolescentes implicados debe caer todo el peso de la ley. De acuerdo con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, los menores de entre 16 y 18 años pueden recibir medidas socioeducativas de internamiento de hasta 10 años por infracciones gravísimas a la ley penal, mientras que, para los de 14 a 16 años, la sanción puede alcanzar hasta los 8 años.

Asimismo, la justicia no debe detenerse en los infractores directos. Los adultos presentes en el vehículo —entrenadores o docentes— deberán responder penalmente bajo la figura de la omisión de impropio cumplimiento del deber o comisión por omisión, si se demuestra que, pudiendo evitar el hecho, prefirieron mirar hacia otro lado. Paralelamente, sobre la institución educativa cabe la atribución de responsabilidad civil subsidiaria para la indemnización correspondiente a la víctima y a su familia.

Sin embargo, el problema de fondo rebasa el ámbito de las comisarías y juzgados de familia: impacta directamente en la estructura de mando y en el entorno familiar. La mayoría de los involucrados pertenecen a familias de oficiales de Marina de alta graduación. ¿Dónde estuvo la guía de esos padres que debían llevar el timón moral y la conducta de sus hijos?

La Dirección de Bienestar de Marina tiene la tutela de los liceos navales. Cabe preguntarse abiertamente: ¿dónde estuvo la supervisión del comandante general de la Marina y de los vicealmirantes mientras en las aulas se incubaba este clima impune de bullying y hostigamiento, reportado previamente por docentes y padres de familia? Resulta totalmente inaceptable que la denuncia no se haya cursado directamente desde la propia Dirección del colegio, sino que se intentara silenciar la descomposición interna hasta que la gravedad de las evidencias hizo inevitable la intervención fiscal.

Es imperativo abrir una investigación, caiga quien caiga, que incluya una fiscalización pormenorizada del uso de recursos públicos en las instituciones y servicios del sector Defensa. Los recursos institucionales no están concebidos para sostener privilegios o tapar ineficiencias de círculos cerrados. Para garantizar transparencia, la Contraloría General de la República debe intervenir de inmediato, empezando por oxigenar y renovar al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Marina. Un OCI dependiente o complaciente, al que solo le falta ser “asimilado” formalmente a la institución, jamás auditará con la independencia que el país exige.

Sé que estas líneas causarán alguna incomodidad en ciertos sectores y que no faltarán las llamadas de descontento. Pero la verdad no se negocia. El Liceo Naval no puede seguir funcionando como un feudo exento de control público ni como un refugio de impunidad para adolescentes descarriados. Se requiere una reforma radical y una investigación profunda que devuelva el principio de justicia y dignidad a una comunidad educativa hoy profundamente ultrajada.

Luis Miguel Iglesias.
Abogado, Ex Vice Contralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control.
Contraloría General de la República.