Nueva vida y responsabilidad con la seguridad social

Propuesta de reforma estructural para una EsSalud sostenible, controlada y centrada en el asegurado

La Ley N.° 27056, promulgada en 1999, creó EsSalud sobre la base del entonces IPSS y le otorgó autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. Su finalidad es garantizar a los asegurados y derechohabientes prestaciones de prevención, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y sociales.

Después de más de dos décadas, corresponde evaluar su aplicación desde una perspectiva de responsabilidad institucional, sostenibilidad financiera y respeto al derecho del asegurado. La seguridad social contributiva no debe entenderse como un gasto ordinario del Estado, sino como un sistema financiado fundamentalmente por aportes destinados a generar una contraprestación efectiva: atención oportuna, medicamentos, infraestructura, personal, prevención y prestaciones económicas. Actualmente, el aporte regular del empleador es equivalente al 9 % de la remuneración del trabajador.

Cambios estructurales propuestos

1. Regla de destino del aporte

Incorporar a la Ley 27056 una regla legal de gestión que establezca como referencia presupuestal que el 70 % de los recursos se oriente directamente a prestaciones médicas y asistenciales y el 30 % a administración, soporte, tecnología, fiscalización y gestión institucional, con mecanismos de transparencia que permitan verificar el cumplimiento. Esta distribución debería estar acompañada de indicadores de resultados y revisiones actuariales, para evitar que un porcentaje rígido perjudique la atención cuando cambien las necesidades reales.

2. Contraprestación verificable

Cada aporte debe traducirse en derechos y servicios medibles. EsSalud debería publicar periódicamente indicadores por establecimiento: tiempos de espera, citas otorgadas, cirugías pendientes, disponibilidad de medicamentos, ocupación hospitalaria, referencias, calidad de atención y ejecución presupuestal.

3. Garantía económica y seguridad jurídica

Fortalecer la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. La propia ley establece que los recursos administrados por EsSalud están destinados al cumplimiento de sus fines; además, documentos oficiales han destacado la necesidad de preservar esos recursos y reservas. Cualquier utilización excepcional debería tener sustento legal, trazabilidad y control independiente.

4. Control integral

Crear un sistema permanente de control financiero, médico y administrativo, con auditorías externas, publicación de contratos y adquisiciones, evaluación de inversiones y responsabilidad funcional ante incumplimientos. La recaudación y cobranza también requieren fortalecimiento: las deudas por aportaciones afectan directamente la capacidad de financiar las prestaciones.

5. Gobierno institucional profesional

Reforzar la selección técnica de los principales funcionarios, con objetivos anuales, indicadores de desempeño y evaluación pública de resultados. La autonomía debe significar responsabilidad, no ausencia de control.

Conclusiones

La reforma de la Ley 27056 debe recuperar una idea fundamental: la seguridad social pertenece al trabajador asegurado y a su familia, y el aporte constituye la base financiera de una protección que debe ser efectiva.

La propuesta de una distribución referencial del 70 % para atención médica y del 30 % para administración y soporte busca colocar al paciente en el centro del sistema, pero debe complementarse con controles actuariales para garantizar sostenibilidad.

“Nueva vida y responsabilidad con la seguridad social” significa renovar EsSalud sin perder su naturaleza solidaria: más atención, menos burocracia improductiva, fondos protegidos, cuentas claras y responsabilidad por los resultados. La Ley 27056 puede convertirse así en la base de una seguridad social moderna, financieramente sostenible y jurídicamente protegida, donde cada aporte tenga una contraprestación visible y cada decisión institucional pueda ser controlada por el asegurado y por el Estado.

Con responsabilidad.

Rafael Antonio Aita Campodónico.
Licenciado en Administración de Empresas, desarrollándose en el sector turismo y comercial. Dirigente deportivo y miembro activo en diferentes instituciones de fomento al deporte. Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque 1998-2000.Congresista de la República para el período 2001 – 2006 por el distrito electoral de Lambayeque.