El problema no es el “reciclaje” de cuadros técnicos

Desde que asumió el nuevo gobierno, han surgido críticas por las designaciones que se están realizando en los puestos directivos del Estado, la falta de cuadros técnicos propios y la lentitud con la que se vienen realizando estos cambios.

Las críticas apuntan al “reciclaje” de cuadros técnicos de los gobiernos recientes – Castillo, Boluarte, Jerí y Balcazar – y a la carencia de estos entre la militancia de Fuerza Popular; se reclama entonces que un gobierno responsable debería llegar con cuadros propios y suficientes para reemplazar a todo el aparato directivo estatal.

El problema no es que el gobierno convoque a profesionales con experiencia reciente en el Estado, sino la carencia de criterios para distinguir entre experiencia útil, continuidad institucional y reparto de cargos; y, peor aún, que el país no ha construido una capa directiva lo suficientemente profesional ni los partidos políticos son capaces de producirlos para gobernar.

Para comenzar, la Ley del Servicio Civil, Ley N.° 30057, establece que, en cada entidad pública, hasta el 20% de los puestos directivos puede ser ocupado por servidores de confianza, norma que busca que el segmento directivo acceda por criterios meritocráticos, aunque su implementación ha sido desigual.

La Ley N.° 31419, aprobada en 2022, reforzó los requisitos mínimos de formación y experiencia para funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y fue promulgada, valga la pena precisarlo, como una respuesta al problema de las designaciones basadas únicamente en cercanía política durante el gobierno de Pedro Castillo.

La última fotografía sobre puestos jefaturales designados por confianza se encuentra en un estudio elaborado y difundido por SERVIR en 2016, según el cual, a nivel del promedio nacional, el 70% del segmento directivo en todos los niveles de gobierno accedía como cargo de confianza y solo un 30% por concursos públicos. La ausencia de una medición pública actualizada nos impide evaluar si hay avances en estas cifras, pero nos permite al menos hacer algunas inferencias sobre la situación.

La profesionalización de la carrera del servicio civil no ha avanzado lo suficiente a pesar de las leyes y demás esfuerzos. La diferencia entre contar con perfiles exigibles y contar con una cantera real de especialistas y técnicos capaces de ocupar los puestos directivos sigue siendo discrecionalidad del poder de turno.

Un nuevo gobierno abre la posibilidad de renovar total o parcialmente los puestos de confianza de conducción política y administrativa del Ejecutivo, realidad que nos lleva a preguntarnos sobre la cantidad de puestos que podrían quedar vacantes y la capacidad real que existe para cubrirlos, si existe acaso la cantidad suficiente de profesionales disponibles para liderar y conducir sectores, organismos y programas sin que la rotación política desorganice el funcionamiento estatal.

Bajo esta lógica, surge una nueva pregunta: ¿es razonable exigir que el nuevo gobierno encuentre suficientes profesionales que sean “de confianza”, con experiencia relevante, que además cumplan las exigencias de la ley y que no hayan trabajado en administraciones anteriores? La respuesta debería ser no. En principio, haber trabajado en gobiernos anteriores no debería descalificar a ningún profesional para continuar su carrera. La experiencia pública se construye precisamente ejerciendo funciones en el sector público. El Estado no puede darse el lujo de prescindir, en cada nuevo gobierno, de una capa directiva que ha acumulado conocimientos y experiencia.

Ahora bien, no debe entenderse que el paso de profesionales por el Estado les otorga automáticamente la presunción de idoneidad, ni que las controversias o cuestionamientos surgidos durante su gestión son irrelevantes. Cada designación debe evaluarse por el cumplimiento del perfil, resultados medibles y ausencia de impedimentos o conflictos de interés, conforme a la ley y a estándares éticos mínimos.

A esto se suman los cuestionamientos sobre la carencia de cuadros técnicos en el partido político de gobierno. En las últimas décadas, las organizaciones políticas que han llegado al poder no han podido demostrar, de manera sostenida, contar con cuadros técnicos suficientes para cubrir los cargos de confianza existentes en el aparato estatal nacional, y más aún considerando que el Estado viene ampliando su tamaño cada vez,

Esto no debería extrañarnos. Lo cierto es que, parte de la profunda crisis de los partidos políticos es que los buenos profesionales evitan la militancia. Los llamados “cuadros técnicos” no quieren hacer vida partidaria.

Los partidos políticos están tan desprestigiados que nadie o casi nadie quiere integrarlos. La explicación se reduce a que nadie quiere asumir un pasivo ajeno, porque ese desprestigio fue causado por otros. Y es que sucede que la mirada hacia los partidos no viene desde una perspectiva institucional, sino que, en nuestra costumbre democrática, se asocia a una persona o a personas, por el ya tantas veces discutido “caudillismo”.

Existe, además, la estigmatización del profesional que integra una organización política, quien durante su carrera en la administración pública será injustamente señalado y hasta vetado por su militancia, marcado por el prejuicio de haber hecho política. Esto no es una fantasía, sino un fenómeno real a la luz de la mediocridad de algunas malas autoridades.

Debemos entender que la importancia de fortalecer los partidos está en formar profesionales con vocación pública, responsabilidad política y con norte programático. La afinidad política no debe sustituir al mérito.

Esta discusión deja una agenda tan importante como urgente. El Perú necesita dos reformas que suelen discutirse por separado. La primera es la profesionalización del servicio civil y así terminar con la herencia estructural de politización de su capa directiva. La segunda es el fortalecimiento de los partidos políticos que finalmente son los que nos gobiernan.

Un Estado eficiente requiere una burocracia que perdure a los gobiernos y una democracia sólida requiere partidos con capacidad para convocar y formar cuadros técnicos que puedan responder políticamente cuando les toca ser gobierno.

Isabel Manrique
Abogada y magíster en Gestión Pública. Actualmente cursa la Maestría en Asuntos Internacionales en la Hertie School de Berlín. Ha trabajado como asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la República del Perú, con experiencia en gobernanza, procesos políticos y articulación entre el Estado y el sector privado. En sus columnas analiza la política peruana, la institucionalidad y los desafíos de la gestión pública desde una perspectiva jurídica y práctica.