En primer lugar debo señalar que el discurso de la Presidenta Keiko Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo acertado en la forma y en el fondo. Recalco ambos aspectos porque los dos son fundamentales. Pronunció un discurso con la ayuda de un guion para no equivocarse, en un estilo simple y sencillo, con una expresión sonriente, en la que incluyó los aspectos más importantes que conciernen al gobierno que lidera. Entre otros aspectos incluyó la sugerencia de que las organizaciones criminales fueren consideraciones también como entes terroristas en el ámbito nacional e internacional. Este planteamiento ha originado algunas críticas de ciertos comentaristas, concretamente de Federico Salazar Larraín, para quien según entiendo de su planteamiento, solo son organizaciones terroristas las que pretenden capturar el poder, como fue el caso en el Perú de Sendero Luminoso y el MRTA. Discrepo de su reduccionismo que quizás se origine en el hecho de que no haya tenido dentro de su entorno cercano víctimas mortales de bandas criminales.
La existencia de ese tipo de organizaciones, al margen de que no pretendan usurpar el poder, origina un estado de zozobra que puede paralizar las acciones del gobierno en sus aspectos más elementales. La población espera del gobierno que tome las medidas necesarias para lograr la seguridad de todos dentro y fuera de sus domicilios, lo cual incluye desplazarse por las vías de comunicación urbanas e interurbanas, en la ciudad y el campo, donde fuere incluyendo los rincones más apartados del territorio, entre ellos los ríos amazónicos, tal como lo garantiza la Constitución en sus artículos 1 y 2.
Dicho esto, quiero entrar al tema del pedido del gobierno de Keiko Fujimori de que el Congreso le delegue facultades para abordar una serie de temas considerados indispensables para el cumplimiento de su programa gubernamental. Al momento de escribir este artículo la comisión pertinente de la Cámara de Diputados ha dictaminado o estaría por dIctaminar que se envíe al archivo ese pedido del gobierno. Encuentro que sería un error mandar al archivo el pedido del gobierno de delegación de facultades, pero en el caso de prosperar el gobierno de la señora Fujimori deberá utilizar todas las leyes vigentes y deben ser muchas, que lo faculten para actuar conforme a su programa. Eso simplemente requiere un estudio del ordenamiento jurídico vigente para lo cual el Ejecutivo dispone de una amplia asesoría que estudie las normas actuales aplicables al programa del gobierno. Está en sus manos hacerlo y debe actuar con la urgencia que merece el caso.!!! Actúe señora Fujimori con el apoyo de su Consejo de Ministros que para eso ha sido elegida.!!!
A todo lo expresado deseo formular un comentario personal pero también muy elemental. Ha salido en los medios de que el gobierno de Trump ha ordenado, con o sin el pedido de la persona interesada, que el juez de primera instancia que falló a favor del pedido de Cosco Shipping no reciba ninguna visa para entrar a los Estados Unidos. Me parece una forma de sanción y también una manera de interferir en la justicia peruana, porque ese caso aún no ha terminado y se encuentra pendiente una sentencia definitiva en una instancia más elevada. Espero que el Departamento de Estado o el que fuere competente reflexione sobre las implicancias de su medida y la deje sin efecto.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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