El retorno a la bicameralidad plantea una cuestión fundamental: ¿necesitaba el Perú dos cámaras legislativas o mejorar la calidad de su representación política? Cambiar la estructura del poder no garantiza una mejor gobernabilidad.
La discusión sobre la bicameralidad peruana exige distinguir entre cambiar la estructura del Congreso y mejorar su funcionamiento. En una región donde la fragmentación partidaria y la confrontación institucional dificultan la gobernabilidad, crear nuevas instancias legislativas no garantiza mejores decisiones. El retorno del Senado plantea, por tanto, una pregunta esencial: ¿qué problemas del Parlamento unicameral requerían necesariamente una segunda cámara?
La Ley N.º 31988 restableció un Congreso integrado por 130 diputados y 60 senadores. La Cámara de Diputados inicia la aprobación de leyes y ejerce funciones centrales de control político, mientras el Senado revisa iniciativas legislativas y participa en determinadas designaciones. Este reparto puede favorecer una deliberación más cuidadosa, aunque también incorpora etapas adicionales y mayores exigencias de coordinación.
Los defensores del modelo destacan la posibilidad de corregir errores, moderar decisiones apresuradas y fortalecer los contrapesos. Sus críticos advierten que duplicar espacios políticos no resuelve la precariedad partidaria ni asegura representantes competentes. Ambas observaciones apuntan al mismo desafío: la calidad institucional depende tanto de las reglas como de quienes las aplican.
El Congreso unicameral disponía de alternativas para mejorar su desempeño. Comisiones especializadas, asesoría técnica independiente, evaluación del impacto normativo y procedimientos transparentes podían elevar la calidad legislativa sin modificar su estructura. La cuestión no consiste en idealizar el sistema anterior, sino en comprobar qué beneficios adicionales ofrece el nuevo.
La fragmentación política obliga, además, a negociar entre bancadas y poderes. El Senado no constituye automáticamente un aliado del Ejecutivo ni neutraliza las discrepancias de los diputados. Sin agendas claras y capacidad para construir acuerdos, la revisión legislativa puede convertirse en otro espacio de bloqueo. La bicameralidad cambia el procedimiento, pero no elimina la necesidad de oficio político.
En ese escenario, gobernar mediante decretos de urgencia tampoco ofrece una salida general. La Constitución circunscribe estos instrumentos a materias económicas y financieras y establece controles sobre su utilización. Pretender reemplazar el debate parlamentario por decisiones excepcionales debilitaría la legitimidad normativa y aumentaría el riesgo de controversias institucionales.
Las consecuencias se perciben fuera del hemiciclo. Las demoras legislativas, la incertidumbre regulatoria y las disputas prolongadas pueden afectar inversiones, proyectos públicos y respuestas frente a la inseguridad. A ello se suma el costo administrativo de sostener dos cámaras, cuyo valor debe juzgarse por los resultados obtenidos y no por la cantidad de cargos creados.
Una evaluación responsable requiere indicadores verificables: calidad de las leyes, errores corregidos, duración de los procedimientos, fiscalización efectiva, transparencia y gasto parlamentario. También importa comprobar si las decisiones responden a problemas concretos de la ciudadanía y si los acuerdos preservan el control democrático.
El desafío estratégico consiste en profesionalizar el trabajo legislativo, fortalecer los partidos y construir consensos sin repartijas. Ni una cámara garantiza agilidad ni dos aseguran reflexión. La reforma será relevante en la medida en que permita decisiones mejor fundamentadas, controles efectivos y responsabilidad pública.
La verdadera prueba de la bicameralidad no será su diseño constitucional, sino su capacidad para convertir la representación política en resultados legítimos, sostenibles y útiles para el país.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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