La integración militar y policial representa una oportunidad para enfrentar al crimen organizado, pero su eficacia dependerá de la inteligencia, la coordinación institucional y la continuidad estratégica, no del despliegue de efectivos.
El crimen organizado ha dejado de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en una amenaza a la autoridad del Estado. En América Latina, las organizaciones criminales operan mediante redes transnacionales que combinan violencia, corrupción, lavado de activos y control territorial. El Perú enfrenta esta transformación con instituciones fragmentadas, procedimientos lentos y una ciudadanía que exige resultados inmediatos.
La creación de un comando unificado militar-policial constituye una respuesta a esa realidad. Su importancia no reside únicamente en concentrar efectivos bajo una conducción común, sino en superar la dispersión de esfuerzos que históricamente ha debilitado la seguridad nacional. Sin embargo, reunir uniformes no equivale a construir una estrategia.
La verdadera prueba será transformar la coordinación formal en capacidad operativa. La intervención debe concentrarse en identificar estructuras criminales, interrumpir sus fuentes de financiamiento, controlar corredores logísticos y recuperar espacios donde la autoridad pública ha sido desplazada. Patrullar calles puede contener temporalmente la violencia; desarticular organizaciones exige inteligencia sostenida y decisiones judiciales oportunas.
Esta tarea demanda integrar información policial, militar, financiera y penitenciaria. La Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias y los organismos reguladores deben actuar dentro de sus competencias, mediante procedimientos seguros y verificables. Sin esta articulación, las detenciones pueden convertirse en victorias pasajeras mientras las redes criminales continúan operando desde las cárceles o mediante intermediarios.
El principal riesgo, sin embargo, también está dentro del aparato estatal. La competencia burocrática, los cambios ministeriales y las disputas por protagonismo pueden paralizar decisiones esenciales. Un comando unificado sin responsabilidades definidas, presupuesto suficiente y mecanismos de evaluación terminaría reproduciendo las mismas deficiencias que pretende corregir.
Tampoco resulta razonable medir su desempeño exclusivamente por capturas, patrullajes o decomisos. Los indicadores relevantes deben incluir la reducción sostenida de extorsiones y homicidios, la interrupción de flujos financieros ilícitos, el debilitamiento de organizaciones y la recuperación efectiva del control territorial. Las cifras necesitan verificación independiente para evitar resultados aparentes.
La presión mediática introduce otra dificultad. La ciudadanía tiene derecho a exigir seguridad, pero ninguna estructura criminal compleja desaparece mediante operativos espectaculares. Los primeros meses deben servir para establecer prioridades, consolidar inteligencia y evaluar avances comprobables, sin convertir los plazos políticos en promesas operativas imposibles.
Existe además una frontera institucional indispensable: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional poseen competencias distintas. Su cooperación debe respetar la Constitución, los derechos fundamentales y los controles civiles. La excepcionalidad operativa no puede convertirse en sustituto permanente de una policía fortalecida ni de un sistema judicial eficaz.
La soberanía se ejerce cuando el Estado decide con autonomía, utiliza información confiable y sostiene políticas más allá de cada gobierno. Por ello, el comando unificado necesita conducción profesional, financiamiento verificable, supervisión democrática y objetivos medibles. Su éxito no dependerá de cuánto poder exhiba, sino de cuánto poder consiga arrebatar, legal y sostenidamente, a las organizaciones criminales.
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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
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