El Perú necesita recuperar su capacidad militar ante el avance de las economías ilegales y los desastres naturales. Incrementar los efectivos tiene un costo fiscal, pero mantener una defensa insuficiente puede ocasionar pérdidas económicas y estratégicas considerablemente mayores.
La guerra en Ucrania ha devuelto la conscripción al debate internacional. Algunos países europeos refuerzan sus ejércitos ante amenazas externas concretas. En el Perú, sin embargo, la discusión sobre el servicio militar obligatorio suele ignorar una pregunta previa: ¿cuántos efectivos necesita realmente el Estado para proteger su territorio y responder a emergencias?
En marzo de 2025, el Ministerio de Defensa reconoció que las Fuerzas Armadas habían perdido más de la mitad de sus efectivos respecto de los años noventa. Entretanto, sus responsabilidades aumentaron. Persistir con una fuerza reducida frente a tareas crecientes implica aceptar brechas de vigilancia, despliegue y reacción.
Las fronteras muestran el problema. La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y las redes de lavado de activos aprovechan territorios extensos y escasa presencia estatal. El control de pasos fronterizos también exige enfrentar redes de tráfico de migrantes, sin confundir migración irregular con criminalidad. Las Fuerzas Armadas deben disponer de personal y medios suficientes para ejercer sus funciones constitucionales y apoyar, cuando corresponda, a la Policía y las autoridades competentes.
El costo de esa capacidad debe compararse con el daño que produce su ausencia. La Fiscalía estimó en 2025 que la minería ilegal ocasionaba pérdidas superiores a 22.000 millones de soles anuales. El Instituto Peruano de Economía calculó que las exportaciones de oro ilegal superaron los 11.500 millones de dólares ese año. No son cifras equivalentes ni todo ese valor sería recuperable mediante operaciones militares; revelan, eso sí, la magnitud económica del desafío.
Los desastres presentan otra factura. El Banco Mundial ha estimado que las amenazas naturales generan pérdidas anuales promedio cercanas al 2 % del producto bruto interno peruano. Un huaico que corta carreteras destruye negocios, retrasa suministros y obliga a reconstruir infraestructura. Contar con ingenieros militares, transporte, logística y tropas disponibles puede reducir daños y tiempos de respuesta, aunque la prevención civil continúa siendo indispensable.
También hay que calcular cuánto cuesta crecer. Desde junio de 2026, la asignación mensual de un soldado del servicio acuartelado asciende a 384 soles. Incorporar 10.000 soldados adicionales representaría, solo por esa asignación, unos 46 millones de soles anuales. El gasto real sería mayor: alimentación, alojamiento, salud, entrenamiento, equipos, infraestructura y mandos. Esa comparación exige presupuestos completos y beneficios medibles, no promesas.
Restablecer la obligatoriedad sin resolver esos costos produciría cuarteles más poblados, no necesariamente fuerzas más eficaces. La alternativa es fortalecer el servicio voluntario con mejores ingresos, formación certificada y condiciones dignas, junto con reservas entrenadas y tecnología de vigilancia.
La meta debe ser recuperar progresivamente una dotación acorde con las misiones actuales, tomando los niveles de los noventa como referencia histórica, no como cifra automática. Corresponde fijar objetivos plurianuales por región y especialidad, con evaluación de resultados y control civil. Gastar mejor en defensa no significa gastar menos: significa invertir antes de que las amenazas cobren una factura mucho mayor.
https://www.facebook.com/share/1N87fpDLyc/?mibextid=wwXIfr
Jorge Orlando Céliz Kuong
General de División en retiro, ex Comandante General del Ejército del Perú, especialista en Seguridad y Defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE.UU. y la ONU.
0 comments on “Fuerzas armadas: el costo de tener menos efectivos frente a mayores amenazas”