Entre la promesa y el pragmatismo: gobernar con resultados

Jorge Céliz Kuong
3 de noviembre de 2026

El balance inicial de un gobierno exige medir su capacidad para transformar promesas en seguridad, inversión útil y decisiones soberanas sustentadas en evidencia.

El Perú enfrenta una paradoja: dispone de fortalezas macroeconómicas, pero encuentra dificultades para garantizar condiciones básicas de seguridad y ejecución pública. En un entorno internacional expuesto a conflictos, mayores costos energéticos y fluctuaciones comerciales, esa brecha resulta decisiva. Los precios favorables de los metales ofrecen oportunidades; aprovecharlas depende de instituciones capaces de convertir inversión en productividad, empleo y servicios. La estabilidad económica pierde alcance cuando el ciudadano debe pagar cupos para trabajar.

Cerca de los cien días de gobierno, corresponde evaluar la consistencia del rumbo antes que exigir soluciones definitivas. Ese período permite identificar prioridades, calidad de los equipos y capacidad de coordinación. Sin embargo, tampoco admite que las promesas inmediatas se conviertan en compromisos sin fecha. Un horizonte quinquenal necesita metas intermedias, responsables identificables y presupuestos suficientes. De lo contrario, la prudencia termina confundida con la postergación.

El panorama parlamentario también exige actualizar el diagnóstico. El Senado aprobó el 21 de octubre facultades legislativas por noventa días para abordar la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La discusión, por tanto, debe desplazarse desde la dificultad para obtener atribuciones hacia la calidad de su ejercicio. Cada medida requiere justificación, financiamiento y control. Multiplicar decretos puede demostrar actividad política, pero no acredita una mayor capacidad para resolver problemas.

La inseguridad concentra la principal prueba de gestión. En mayo, el Fondo Monetario Internacional identificó la criminalidad persistente y la minería ilegal entre los riesgos para el crecimiento peruano. Sus efectos alcanzan al transportista, al bodeguero y al pequeño empresario: aumentan costos, reducen horarios y desalientan inversiones. La respuesta requiere investigación policial, inteligencia financiera y coordinación judicial. El respaldo militar debe ser excepcional, temporal y sujeto a conducción civil, con responsabilidades claramente delimitadas.

La métrica decisiva debería ser la reducción sostenida de la victimización. Para interpretarla, corresponde contrastar encuestas comparables, homicidios y denuncias de extorsión por territorio. Menos denuncias también pueden revelar miedo; más detenciones no prueban, por sí solas, una menor capacidad criminal. Publicar resultados y explicar sus limitaciones permitiría corregir intervenciones. Recuperar confianza exige demostrar que denunciar sirve y que las organizaciones pierden recursos, protección y posibilidades de reincidir.

La misma exigencia alcanza al gasto público. Ejecutar presupuesto importa cuando produce infraestructura útil y servicios continuos. Frente al riesgo climático, conviene priorizar mantenimiento, drenaje y protección de instalaciones esenciales mediante evaluaciones técnicas. Destrabar inversiones supone eliminar duplicidades y establecer plazos previsibles, preservando la evaluación ambiental y la vigilancia contra la corrupción. Una obra acelerada que falla durante una emergencia representa una doble pérdida: desperdicia recursos y agrava la vulnerabilidad.

El balance inicial será favorable si deja capacidades que sobrevivan a los cambios ministeriales. Para ello, se necesitan equipos competentes, coordinación territorial y controles independientes. La acción estratégica debe vincular seguridad, inversión y prevención mediante metas públicas, costos transparentes y revisiones periódicas. El control soberano se fortalece cuando las prioridades nacionales responden a evidencia y deliberación democrática, sin quedar subordinadas al reparto partidario. Gobernar con pragmatismo significa asumir compromisos realizables y responder por sus resultados.

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Jorge Orlando Céliz Kuong
General de división en retiro, excomandante general del Ejército del Perú, especialista en seguridad y defensa con formación en Harvard y experiencia internacional en EE. UU. y la ONU.