La forma en cómo se vienen decantando judicialmente casos fiscales conocidos como emblemáticos es una clara muestra que en los últimos años el Ministerio Público ha venido persiguiendo la delincuencia priorizando casos mediáticos de manera política y no técnica, forzando confesiones de aspirantes a colaboradores eficaces y testigos protegidos, filtrando carpetas reservadas para influir en criterios judiciales, contaminando finalmente los procesos.
Este modus operandi adoptado por la Fiscalía, con la venia del Poder Judicial, basado en acusar a personajes ligados a la política bajo la figura de organización criminal sólo ha traído resultados nefastos que han contribuido a la impunidad. Personajes son presentados en cuadros de Power Point como cabezas criminales con brazos legales, operativos y mediáticos para conseguir largos años de investigación, prisiones preventivas, penas severas y descrédito de involucrados; acusaciones que en el camino se van cayendo por el pobre sustento y la deficiente configuración de los delitos. Los fuegos artificiales con periodo de caducidad sólo sirven para empoderar fiscales, liquidar enemigos políticos y generar la falsa percepción de una lucha anti corrupción cuando lo que se aprecia es que los métodos fiscales han sido útiles para generar flashes pero no para castigar el delito; los casos a la vista más dramáticos de impunidad son Odebretch, “Cuellos Blancos” y el Club de la Construcción.
A medida que pasa el impacto de cada caso, el circo va rotando hacia nuevos casos con impactantes chats y audios filtrados que son sometidos a peritajes después de varios meses y hasta años pero que en su momento fueron útiles para impactar en la opinión pública sin que produzcan sentencias condenatorias a largo plazo. El caso del mes, “Los Waykis en la sombra” y el nuevo pedido fiscal de prisión preventiva por obstrucción a la justicia del hermanísimo Nicanor Boluarte, el ex abogado presidencial Mateo Castañeda y otros coacusados. La evaluación de la medida se viene ventilando en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria desde el pasado 8 de agosto, tiempo prolongado que sirve muchas veces a la Fiscalía para armar “muñecos” destinados a influir en la decisión judicial que en el camino se van desarmando; el ejemplo más grotesco es el supuesto “secuestro” del aspirante a colaborador Iván Siucho, que hizo levantar como resorte a la fiscal Marita Barreto en un adelanto de opinión sobre una carpeta fiscal ajena en la que ha terminado chamuscada; pueden ser confiables los dichos de un ciudadano con carpetas fiscales familiares abiertas por lavado de activos, tráfico de oro y minería ilegal? Los últimos videos mostrados por el dominical Contracorriente muestran a Siucho en una negociación privada de venta de oro con sus presuntos captores. Todo vale para los fines fiscales, que sin rubor, aplican justicia “Armani”; uno se pregunta que motiva a una fiscal experimentada como Barreto a patinar adelantando opinión y si lo hizo con conocimiento de causa y alevosía; lo dramático es que no les pasa nada, tienen licencia garantizada para vulnerar procesos, abusar, gastar recursos y producir resultados adversos, Barreto debe mirarse en el espejo de la dupla Vela – Pérez.
El resultado de este modus operandi ha sido visible en la reciente sentencia absolutoria de Edwin Oviedo; acusado en 2016 por el ex fiscal castillista Juan Carrasco de haber ordenado el asesinato de dos trabajadores de la agroindustrial lambayecana signado como el líder de la presunta organización criminal “Los Wachiturros de Tumán” con una solicitud de pena de 52 años de prisión; Oviedo ha sido declarado inocente tras 8 años de proceso, la acusación en segunda instancia judicial ha quedado desvirtuada por “carecer de pruebas de cargo”, no sólo absuelto el “líder de la organización criminal” sino también sus coacusados, incluidos los presuntos autores materiales del delito. Este proceso es un síntoma de la ceguera y el sesgo con los que están persiguiendo el delito nuestros órganos de justicia; en el caso Oviedo, se denunció incluso la fabricación de colaboradores eficaces y testigos sin que ello haya motivado siquiera una amonestación por parte de la Autoridad Autónoma de Control del Ministerio Público o una sanción por parte de la Junta Nacional Justicia a Juan Carrasco, fiscal que estuvo a cargo de expediente.
Mientras se continúe distorsionando la persecución del delito para privilegiar motivaciones políticas y no técnicas no habrá lucha eficaz contra el crimen, la delincuencia seguirá desbordándonos, seguiremos siendo espectadores de la justicia transitoria del escándalo y su posterior desmoronamiento gracias a la inoperancia de los tres poderes del Estado y sus órganos autónomos de administración de justicia, porque, en este descalabro, todos tienen en mayor o menor medida su cuota de responsabilidad.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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