Un nuevo capítulo en la lucha por el poder se empezó a escribir el último viernes con la explosiva resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia ordenando la reposición de Patricia Benavides no sólo como fiscal suprema sino como Fiscal de la Nación tras anular las disposiciones administrativas emitidas por la JNJ anterior que la despojó de ambos títulos.
El escenario es el de siempre, voceros de uno y otro bando se pronuncian a favor y en contra mientras en medio se encuentra la ciudadanía que lo que espera de sus autoridades es que el Ministerio Público persiga el delito con eficiencia y sin sesgo político, algo ajeno a la institución que se ha venido repitiendo desde 2019 cuando el fiscal de la época Pedro Chávarry fue víctima de un complot digitado desde el más alto poder de la nación con apoyo de la prensa mediática y de un oegenero empoderado al que se le entregaron audios del caso “Cuellos Blancos” que administró a cuentagotas para desacreditar a quiénes no se sometieran al pensamiento único aun cuando no registraran delitos en su contenido, la sola comunicación con el magistrado César Hinostroza, hoy prófugo en Bélgica, era un misil contra aquel magistrado que haya osado hablar con el “hermanito” y que su ideología no se enmarque en el pensamiento único.
Desde entonces han pasado 6 años, 72 meses en los cuales el Ministerio Público ha dejado de ser una institución técnica para convertirse en trinchera política y de ataque sistemático a los enemigos políticos de este conglomerado; periodo durante el cual han transitado cinco Fiscales de la Nación: Pablo Sánchez al que se le sindica por haber dado en posesión miles de audios del caso “cuellos Blancos” al periodista Gustavo Gorriti; Zoraida Avalos señalada por haber blindado las investigaciones al ex presidente Martín Vizcarra durante su ejercicio en el Gobierno Regional de Moquegua y en su calidad de titular de Ministro de Transportes y Comunicaciones por el caso Chinchero y el affaire Richard Swing contratado como asesor en el Ministerio de Cultura; Patricia Benavides quién inició investigaciones al presidente en ejercicio Pedro Castillo y cayó tras la delación de su asesor Jaime Villanueva por presuntos actos de corrupción; Juan Carlos Villena electo fiscal interino en 2023, y, finalmente, Delia Espinoza elegida por la Junta de Fiscales Supremos para el periodo 2024 – 2027, quién no ha estado exenta de críticas por decisiones polémicas y anti técnicas como la de acusar a congresistas militares en retiro por recibir pensión y sueldo al mismo tiempo, archivar el caso “Pruebas rápidas” a Martín Vizcarra y de acusar constitucionalmente a Dina Boluarte por casos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
Todos estos Fiscales de la Nación han hecho uso político y sesgado del poder, activando denuncias indiscriminadas a enemigos políticos y archivando causas con sustento jurídico para favorecer a sus amigos políticos; en todos los casos, el efecto ha sido desastroso, un Ministerio Público elefantiásico que abre causas indiscriminadamente o que, pese a evidencias materiales, no abre procesos y un ente completamente ineficiente, para muestra el botón de los casos Lava Jato: 10 años de investigaciones, magras sentencias en primera instancia y limbo judicial en diversos procesos mediáticos. Ese es el resultado de esta intestina lucha por el poder que ha permitido que operadores políticos manejen las decisiones de un organismo técnico, que periódicamente acciona el péndulo de izquierda a derecha o viceversa.
Hoy nos encontramos en el nuevo capítulo de una serie sin fin, una fiscal elegida por la Junta de Fiscales Supremos, “defensora de la legalidad”, que desacata el mandato recibido y se declara en abierta rebeldía a su superior; una fiscal a la que repone la Junta Nacional de Justicia tras 18 meses de lucha judicial que es impedida de asumir el cargo, paralización de labores en el Ministerio Público en apoyo de la fiscal rebelde, pedido de apercibimiento ante JNJ, habeas corpus preventivo contra una posible detención y una institución en la incertidumbre jurídica en la que sus miembros se arranchan el poder y en la que la persecución del delito es lo que menos importa; claramente, una institución que debe reformarse de los pies a la cabeza prescindiendo de los actores principales que han sido los protagonistas de este descalabro.
Cecilia Palacios C.
Cecilia Palacios es Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, trabajó en prensa televisiva privada durante la época del terrorismo, posteriormente se dedicó a actividades privadas.
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